El Comité de Igualdad, del Consejo de Europa, se mostró partidario de despenalizar el aborto en los países que aún no lo han hecho, según un informe aprobado por mayoría en el Comité, y que se discutirá en la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa el próximo abril.
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Andorra, Malta, Mónaco, Irlanda y Polonia son los únicos países miembros del Consejo de Europa en los que el aborto sigue penalizado. En su informe, el Comité de Igualdad defiende, asimismo, que el aborto sea accesible a todas las mujeres del continente europeo.
"La escasez de médicos que aceptan practicar los abortos o los plazos obligatorios de reflexión o de espera son algunas de las condiciones que pueden dificultar el aborto", asegura la diputada austriaca Gisela Wurm, autora del informe.
En declaraciones a Radio Nederland, Santiago Barambio, vocal por Cataluña de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, afirma que este pronunciamiento por parte de una institución europea es importante. Barambio subraya que en el informe del Comité de Igualdad se habla no sólo del derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, sino también sobre la necesidad de conseguir una accesibilidad adecuada y suficiente de las mujeres a este derecho.
En opinión de Santiago Barambio, existe actualmente todo un movimiento en contra de la interrupción del embarazo, cuya presencia es muy activa en países como España Italia e Inglaterra. El informe de este comité perteneciente al Consejo de Europa supone un clarísimo respaldo al derecho a la interrupción del embarazo consagrado en muchas de las legislaciones europeas.
Situación en España
En los últimos meses, la cuestión del aborto ha cobrado gran relevancia en España, donde se ha visto toda una polémica por la persecución de la que dicen ser víctima las clínicas privadas donde se practica el aborto.
Barambio explica que la situación sigue igual; en Barcelona hay clínicas intervenidas policialmente, en Madrid se persigue a las clínicas de forma administrativa desde diversos estamentos de la Comunidad Autónoma de Madrid, y a esto hay que sumar las declaraciones de grupos ultra-católicos que manifiestan prácticamente a diario que hay que cerrar todos los centros por la vía judicial y encerrar a todos los profesionales que allí trabajan.
Necesidad de revisar la ley
La ley del aborto lleva 22 años vigente en España. Dicha ley establece que se puede abortar siempre que se dé una de las siguientes circunstancias:
1º: Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada.
2º: Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación, siempre que el aborto se practique dentro de las 12 primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado.
3º: Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación.
Hasta ahora, explica Santiago Barambio, parecía que esta ley era suficiente porque se ha estado interpretando de una manera amplia, sin causar mayores problemas. "Ahora lo que se ve es que esta ley tiene una ambigüedad tal que, si alguien la quiere interpretar en línea prohibitiva y considerar que los que utilizan esta ley de manera amplia son delincuentes y además encuentran espacio judicial para actuar, puede criminalizar tanto a los profesionales como a las mujeres. En estos momentos hay una serie de mujeres imputadas por aborto ilegal, no se sabe qué pasará. Estas mujeres vuelven a revivir su doloroso proceso y además están viendo cómo lo que ellas creían que era una derecho, las convierte en potenciales delincuentes", argumenta Barambio.
Desde muchos sectores se considera que la ley tiene que entrar en una necesaria revisión, o bien para ampliar el número de casos que ampara o bien para cambiar de forma radical.
Margen de maniobra del Gobierno
España despierta todavía de la resaca tras las elecciones generales del pasado 9 de marzo. El partido socialista, vencedor de las elecciones, está en trámites para negociar la formación del futuro Gobierno, y aún se desconoce con qué otros partidos políticos elegirá pactar. Desde ACAI se entiende esta situación y se da tiempo al Ejecutivo para que se formalice. Pasado ese margen, en ACAI se preguntará al Gobierno qué postura va a adoptar respecto a la ley del aborto. Santiago Barambio señala que si la respuesta es evasiva, todas las fuerzas partidarias de la libertad individual en éste y en otros temas presionarán al partido socialista para que demuestre la sensibilidad que dice tener respecto a las cuestiones sociales.
Cabe preguntarse si el partido socialista tendrá el apoyo parlamentario suficiente para cambiar la ley, porque para ello necesita dos tercios en el Parlamento y no parece que ahora mismo cuente con los apoyos suficientes por lo menos para cambiar la ley del aborto. En ese caso, dicen desde ACAI, existen otras vías para garantizar la accesibilidad y la seguridad jurídica de mujeres y profesionales.
Mortalidad femenina
En el caso de América Latina, Santiago Barambio defiende la necesidad de que haya leyes que regulen la interrupción del embarazo, y cita los ejemplos de Argentina, Uruguay o Brasil, que, contando con un sistema sanitario de prestigio y buena reputación, tienen elevadas tasas de mortalidad femenina.
"Nos hemos olvidado", se lamenta Barambio, "de que cuando hay una ley que prohíbe el aborto, resulta que las mujeres abortan igual. Las que tienen dinero, se van a los países que tengan legislación. Y las que no, pobres, tienen que ponerse en manos de sistemas de baja calidad sanitaria y, por tanto, arriesgar su vida.
Educación sexual
Finalmente, el informe del Comité de Igualdad, del Consejo de Europa, advierte que no se puede recurrir al aborto como un método anticonceptivo. En este sentido, se acentúa la necesidad de asegurar el fácil acceso de la ciudadanía a los métodos anticonceptivos, y se exige a los países que incorporen en su currículo cursos de educación sexual obligatorios para los jóvenes en las escuelas.
Se da la circunstancia de que los países con una legislación más permisiva, Alemania, Bélgica y Holanda, cuentan con los índices más bajos de abortos. Además, los planes de estudio de estos países sí incluyen la asignatura de educación sexual.
* El entrevistado, Santiago Barambio, es vocal por Cataluña de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo en España, y director de la clínica Tutor Médica en Barcelona.
Etiqueta: aborto, Beatriz Díez, Consejo de Europa, embarazo, mujer, PSOE, salud