Italia ha comenzado a implementar una dura política contra los delincuentes extranjeros, en particular los gitanos de origen rumano. Ayer jueves la policía allanó uno de los campamentos gitanos más grandes de Roma y detuvo a 40 personas provenientes de la ex Yugoslavia. Poco antes, en Nápoles, un grupo de ciudadanos furiosos incendió cuatro campamentos gitanos y expulsó a golpes a varias familias.
En distintas operaciones policiales en nueve regiones italianas, el jueves fueron arrestadas cerca de 400 personas, entre ellas rumanos, albaneses, griegos, marroquíes y chinos, sospechosos de diversos delitos como robo, tráfico de drogas, inmigración ilegal y prostitución. La municipalidad de Milán anunció también que actuará sin contemplaciones contra los 23 mil gitanos que residen en la zona.
Estas acciones represivas son la respuesta del gobierno de Silvio Berlusconi al creciente rechazo de la población italiana a la llegada de delincuentes comunes de Europa del Este. En su campaña electoral, las fuerzas de derecha encabezadas por Berlusconi prometieron expulsar del país a ilegales y delincuentes, y ahora están cumpliendo su promesa. Desde el ingreso de Rumania a la Unión Europea, a comienzos del año pasado, cerca de medio millón de rumanos se trasladó a Italia. En su mayoría se trataba de gitanos Roma, entre los cuales hay muchos que se dedican a la mendicidad y los robos a pequeña escala.
Estos inmigrantes se acomodaron en campamentos alrededor de las grandes ciudades, y en los últimos meses la prensa italiana informó que estos lugares eran escenario de frecuentes robos y violaciones. Una encuesta publicada por el diario La Reppublica muestra que el 68 por ciento de los italianos está de acuerdo en que todos los gitanos Roma deberían ser expulsados del país.
La situación se tornó explosiva el domingo pasado, en un suburbio de Nápoles, donde una mujer sorprendió a una joven gitana en el interior de su casa. Según la mujer, la gitana estaba a punto de robar a su bebé de seis meses. La policía no ha podido corroborar la denuncia, pero la población del barrio reaccionó de inmediato. Centenares de personas, armadas con cócteles molotov y palos, arrasaron con un campamento gitano de las cercanías. Los habitantes del lugar huyeron a tiempo y para evitar su regreso los pobladores quemaron hasta el último vestigio de vivienda, sin que interviniera ni la policía ni los bomberos.
El ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, anunció su propósito de frenar la llegada de rumanos cerrándoles la frontera. Esta propuesta fue respondida por el gobierno rumano con la amenaza de tomar medidas contra las empresas italianas en Rumania. Para calmar los ánimos, el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, habló con el primer ministro rumano, Calin Popescu Tariceanu, y prometió que no habría cierre de fronteras. Lo que sí se hará es formar un equipo policial italiano rumano que combatirá a los criminales de nacionalidad rumana en Italia.
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