La Fiscal General del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, Carla Del Ponte, ha reabierto el proceso a ex generales y otros oficiales serbo bosnios. Los siete son acusados de implicación en la muerte de casi 8 mil musulmanes bosnios en los enclaves de Srebrenica y Zepa, en 1995.
Al tiempo que aprovechó la oportunidad para criticar duramente la actitud de las autoridades de Serbia, la fiscal Carla del Ponte lamentó que no comparecerán el General Ratko Mladic, comandante de las Fuerzas Armadas serbo bosnias, y el líder Radovan Karadzic. La fiscal calificó de escandalosa la negativa de Serbia a cooperar en la detención de estos dos prófugos.
Después de Mladic y Karadzic, los siete sospechosos que son juzgados en el, hasta ahora, mayor proceso de este Tribunal, son considerados los máximos responsables del genocidio cometido en 1995 en Srebrenica, por estar a cargo de la organización y la ejecución de la masacre. Cinco de los enjuiciados, entre ellos Ljubisa Beara, director de la seguridad del Ejército serbo bosnio e integrante del Estado Mayor, son acusados de genocidio.
El genocidio es el crimen más grave y, al mismo tiempo, más difícil de demostrar. Del Ponte advirtió que el juicio será largo y difícil. Hasta ahora sólo seis personas han sido condenadas por el genocidio cometido en Srebrenica. En el año 2001, el general Radislav Krstic fue declarado culpable de participación en dicho crimen. Tras apelar, su condena se redujo de 46 a 35 años. El fiscal en este juicio, Peter McKloskey, puso de relieve que, de hecho, se trataba de genocidio, es decir, de la ejecución de todos los integrantes de un determinado grupo, conforme un plan premeditado y bien elaborado. McKloskey citó las palabras de un testigo en el juicio contra Krstic.
El testigo era, en su día, un niño que se había ocultado bajo los cadáveres de las víctimas de una de las ejecuciones masivas, y posteriormente, en el bosque. Según el testigo, las ejecuciones se realizaban de manera muy sistemática y eficaz. El fiscal McKloskey deberá además demostrar que, a pesar de su papel específico, los sospechosos estaban perfectamente al tanto del objetivo final, es decir, sabían que se tratada de genocidio. Sin embargo, no queda duda que los sospechosos lo negarán.
Para lograr su objetivo, el fiscal utilizará las ordenes escritas, la comunicación radial interceptada entre militares serbo bosnios, y las declaraciones de testigos, entre ellos muchos militares serbo bosnios, así como soldados holandeses de la unidad de cascos azules de la ONU, que estaban encargados de la protección del enclave.
En las órdenes escritas expedidas por el líder político Radovan Karadzic figuran instrucciones explícitas de expulsar a la población musulmana de los enclaves y hacerles la vida imposible. Sin embargo, en los documentos citados por McKloskey no se habla explícitamente de ejecuciones. A pesar de ello, el fiscal no cree que los intentos de exculpación de los testigos constituyan un problema, pues, a su juicio, también en la mentira se halla verdad. En anteriores ocasiones, algunos testigos negaron toda implicación en el genocidio, pero se delataron con sus testimonios contradictorios.
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