La vida política de Turquía parece acelerarse por momentos en una sucesión de noticias que apuntan a una creciente preocupación por su estabilidad y evolución futura. En un mismo día, el pasado 2 de julio, el fiscal jefe del Tribunal Constitucional presentaba su alegato final contra el partido gobernante, que puede desembocar en su inmediata ilegalización, y la policía llevaba a cabo 25 detenciones de significados prohombres de la milicia, la prensa y la economía turca, aparentemente implicados en un intento de golpe de Estado. Demasiadas malas noticias para un gobierno y una sociedad que siguen apostando por la reforma de su anquilosado sistema político y que continúan aspirando a formar parte del exclusivista club comunitario.
Por el contrario, prefieren aferrarse al mantra inspirado por la "guerra contra el terror", que percibe al Islam como una amenaza frontal, sin pararse a pensar ni en los fracasos acumulados por ellos mismos, ni en la nítida apuesta que han hecho los votantes turcos por la opción que hoy lideran Abdulla Gül y Recep Tayyip Erdogan. No se trata tanto de idealizar a quienes se definen a sí mismos como conservadores islámicos (a la manera de la democracia cristiana europea), como de constatar que cuentan con mayor apoyo social que ningún otro grupo, que hasta ahora han dado sobradas muestras de aceptar el juego democrático y que tienen una decidida voluntad por atender a las necesidades del conjunto de la población.
Es bastante probable que el proceso de ilegalización en marcha termine con la suspensión del partido y la prohibición de ejercer cargos públicos a sus principales líderes. También lo es que ese mismo partido aparezca pronto con otro nombre y que adelanten las elecciones para intentar revalidar nuevamente el mandato popular. En esas condiciones, el rumbo de confrontación directa con el AKP por el que han optado los que siguen anclados en sus privilegios (que utilizan el modelo kemalista como escudo protector que apenas esconde su falta de voluntad para aceptar cualquier reforma que cuestione su centralidad en la vida nacional) no es bueno para Turquía ni para el conjunto de la ciudadanía.
En paralelo a este proceso, la operación policial (se habla de unos 6.000 efectivos movilizados) que ha llevado a la detención de dos generales (retirados), el redactor jefe del diario Cumhuriyet y el presidente de la Cámara de Comercio de Ankara añade más leña al fuego. Algunos intentan presentar lo que se ha venido en llamar el caso "Ergenekon" como una venganza del AKP contra quienes quieren ilegalizarlo, olvidando tal vez que la iniciativa es del sistema judicial (precisamente el mismo que está promoviendo la ilegalización del partido gobernante). Para otros, por el contrario, se trata de la guinda que corona un pastel netamente golpista, demasiado tradicional en la historia turca.
No hace falta remontarse a la tradición de unas fuerzas armadas autoinvestidas del papel de garantes últimos de la laicidad kemalista (como si no fuese, igualmente, un actor económico de primer nivel y un coto de prerrogativas sin igual en la sociedad turca); basta con remontarse a estos últimos cinco años para rastrear la sombra de la duda razonable sobre su implicación en diferentes intentos de subvertir el orden legal y evitar su pérdida de protagonismo. Tras intentos de golpe como "Sarikiz" y "Ayisigi", ahora "Ergenekon" plantea un plan más ambicioso, que comienza a tomar forma a partir de las detenciones efectuadas en Estambul el 12 de junio de 2007 y las filtraciones del diario personal del general Özden Örnek. Desde entonces han sido detenidas unas 75 personas y cabe imaginar que en cuestión de horas será presentada una acusación formal de pertenencia a banda terrorista contra estos 25 últimos (para reparar, entre otras cosas, la crítica de haberlos detenido sin cargos).
Para quienes observamos desde la Unión Europea el muy interesante experimento que se viene desarrollando en Turquía interesa desprenderse de algunos estereotipos para poder interpretar correctamente lo que allí sucede. El principal de ellos es el que nos lleva a pensar que, siempre y en todo lugar, laicismo es sinónimo de modernidad y progresismo y que, por el contrario, religión lo es de retroceso y error. En Turquía, como en general en el mundo musulmán, la historia de las últimas décadas nos obliga a concluir que los laicos no son precisamente los mejores defensores de la democracia y el Estado de Derecho. Puede que Erdogan y sus correligionarios no sean la solución ideal para los problemas turcos, pero menos dudas ofrece saber que quienes se envuelven en la bandera alzada un día por Atatürk no están dispuestos a renunciar a un modelo que les garantiza prebendas y poder originalmente ilimitado.
Mientras tanto, Turquía se aleja de la Unión Europea, inmersa en problemas que algunos aprovechan inmediatamente para marcar distancias con un país que nunca han querido ver dentro del club. ¿Dónde están los mensajes de Bruselas o de alguno de los Veintisiete en apoyo a un gobierno legal y de un país que nos interesa, y mucho, incorporar a nuestro espacio comunitario?
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