Los inmigrantes que se encuentren en Italia en situación irregular han recibido esta semana una buena noticia, su estancia en el país no se considerará delito. El anuncio llega en un momento especialmente delicado para los inmigrantes indocumentados en Europa.
De forma sorprendente, Berlusconi afirmó este martes que no cree que se pueda perseguir a nadie por permanecer irregularmente en Italia condenándolo a una pena, pero aclaró que el hecho de estar en situación irregular sí puede ser una agravante en caso de que la persona cometa un delito.
Presión internacional
La reforma de la política migratoria se debe discutir en el Parlamento italiano, después de que el Consejo de Ministros formulara un proyecto de ley que contiene la tipificación de la inmigración irregular como delito. El ministro italiano de Interior, Roberto Maroni, recibió la rectificación de Berlusconi con estupefacción, pues las medidas se habían aprobado por unanimidad dentro del gabinete.
Es posible que Silvio Berlusconi haya decidido dar marcha atrás por las críticas que ha recibido desde distintos sectores, tanto desde el gobierno español, como desde organismos internacionales (ACNUR) o desde la propia Iglesia Católica.
El primer ministro italiano se ha entrevistado esta semana con el presidente francés, Nicolás Sarzkoy, y con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la cumbre de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que tiene lugar estos días en la capital italiana, Roma.
Directiva de la Unión Europea
La discusión sobre las políticas migratorias de la Unión Europea promete acaparar la atención mediática durante este mes de junio. Los 27 países miembros de la UE aprobaron el texto de la nueva Directiva sobre inmigración prácticamente al mismo tiempo que Silvio Berlusconi anunciaba su polémica reforma.
Dicha Directiva prevé, entre otras cosas, la prolongación del plazo máximo de internamiento de extranjeros antes de su expulsión del país de acogida hasta los 18 meses, y no impone a los gobiernos de la Unión la obligatoriedad de asumir los gastos de la asistencia jurídica a los inmigrantes.
Movilizaciones en Europa
Después del visto bueno por parte de los gobiernos de los 27 países de la UE, la Directiva se está discutiendo actualmente en el Parlamento Europeo, y su aprobación está prevista para el próximo 18 de junio.
Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han anunciado actos de protesta para las semanas que quedan desde ahora hasta esa fecha. En España, por ejemplo, el objetivo principal de las movilizaciones es recoger firmas que se entregarán en la sede madrileña del Parlamento Europeo el mismo día 18.
Por su parte, la Eurocámara ha mostrado ya sus primeros reparos hacia el texto actual de la Directiva. El Parlamento Europeo quiere exigir a los gobiernos de la UE que ofrezcan asistencia jurídica gratuita. Pero algunos países como Malta, Grecia, Chipre y Letonia no son partidarios de asumir estos gastos. La discusión promete ser intensa.
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