España reacciona con alivio, moderadas esperanzas y mucha cautela al anuncio del movimiento terrorista vasco ETA de que el viernes empieza "un alto el fuego permanente". Sin duda, éste era el anuncio de ETA que el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero estaba esperando desde hacía meses, cuando empezó a decir que el final negociado de la violencia ya era posible.
Será difícil, y desde luego tardará mucho antes de que llegue una paz sólida; incluso todavía puede fracasar. Pero por primera vez, se ha abierto la puerta a que el último grupo terrorista en activo en Europa desaparezca de la escena política, después de haber causado más de 800 muertos y miles de heridos en 40 años.
El gobierno socialista pide prudencia y afirma que queda mucho trabajo por delante, en el que necesita el apoyo de todos los demás partidos. Y todos se lo han prometido claramente, menos el principal partido de la oposición conservadora, el PP, que lleva meses acusando al gobierno de que "claudica ante los terroristas". En esta ocasión, el líder del PP Mariano Rajoy ha subrayado que ETA no promete más que "una pausa en sus crímenes"; pero Rajoy dice que está "abierto al diálogo con el gobierno", y empezará a hablar de ello con el jefe del gobierno la semana próxima. Rajoy afirma que "esta dispuesto a apoyar al gobierno para que NO pague un precio político a ETA". Es decir, el grado de ayuda por parte de la oposición conservadora está por ver, pero la puerta no está cerrada.
De hecho, también está por ver si se puede llegar a un acuerdo con ETA. Últimamente, el grupo vasco había efectuado bastantes atentados con explosivos, pero cuidando que no hubiera víctimas humanas.
Su último asesinato lo cometió hace ya casi tres años. ETA estaba en una situación crítica, sufriendo contínuas pérdidas por la persecución cada vez más eficaz de la policía española con ayuda internacional. Pero sobretodo, sus acciones terroristas habían perdido casi todo el impacto, después de la terrible matanza del 11 de marzo de 2004 causada por el extremismo islámico que mató a 199 personas con explosiones de bomba en estaciones de trenes en Madrid.
Si ETA decidiera hacer atentados mayores, perdería su último apoyo popular en el país vasco, harto de tanta violencia. Pero con atentados menores, su capacidad de "presión política" ya no tendría mucho peso.
Así, es posible que los actuales dirigentes de ETA hayan llegado a la conclusión de que tienen que negociar su salida del escenario político. De hecho, varios dirigentes anteriores ya encarcelados habían pedido exactamente ésa decisión.
Ahora se plantean dos cuestiones clave: (1) quién va a negociar; y (2) quién puede garantizar el resultado de esa negociación.
Cuando el primer ministro Zapatero entrevió esta oportunidad, en mayo del año pasado propuso en el parlamento de Madrid una declaración política que apoyaron todos los partidos, menos el conservador PP. Ahí se dice que, una vez que ETA deponga las armas de modo fehaciente, el gobierno podría negociar directamente con ETA sobre posibles medidas de gracia para los centenares de activistas que están en prisión; pero de ningún modo negociaría con terroristas sobre "un precio político para la paz". Cualquier cambio en el ya alto grado de autogobierno que tiene el país vasco (puesto que ETA exige la independencia) sería algo a negociar entre representantes políticos democráticamente elegidos; es decir: primero entre los partidos del parlamento regional vasco donde ETA tiene una cierta representación política; y luego en el parlamento de Madrid. Al final, tendrá que haber algún tipo de referendo. Evidentemente, en cada una de estas fases puede producirse el fracaso de la negociación.
La primera pregunta clave es: ¿quién hablará en nombre de ETA? Hasta hoy mismo, ETA siempre se había negado a que otros, incluido sus propios representantes en el parlamento regional vasco, pudieran tratar este tema. ETA quería la victoria política para sí misma. Si ha cambiado esta postura, y si en los contactos preliminares le confirma al gobierno que mantendrá un alto el fuego mientras negocien los políticos, realmente la paz será posible.
La segunda cuestión clave es quién, en la cúpula de ETA, puede garantizar que todos obedecerán el acuerdo final al que se llegue. Hay una curiosa frase en el actual comunicado de ETA anunciando el "alto el fuego permanente": hace "un llamamiento a todos los agentes para que sean consecuentes con el paso dado por ETA". Parece que pide públicamente que todos los suyos sean disciplinados. En la larga historia de ETA ha habido muchas escisiones, así que un eventual acuerdo de paz también puede ser puesto en peligro por esa vía. El gobierno español exigirá garantías, y ¿quién puede darlas? El personaje más probable es "Josu Ternera", al alias de un jefe de ETA que estuvo en la ejecutiva clandestina en los años 80, luego se pasó a la política legal en los años 90 (estuvo en el parlamento vasco), y ahora desde hace algunos años vuelve a ser un fugitivo de la justicia. Quizás "Josu Ternera" se nos destape ahora como el "Gerry Adams vasco". Si logra mantener la disciplina en los muchos y diferentes sectores de la organización ETA, hasta podíamos decir que la paz es, por fin, probable.
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