La luz verde que el año pasado la Comisión Europea dio a Rumania y Bulgaria, se ha transformado ahora en amarilla. Bruselas se ha manifestado crítica ante la estrategia de los flamantes Estados miembros para introducir reformas en la justicia y el combate a la corrupción. Aún así, la Unión Europea considera que es demasiado pronto para aplicar sanciones concretas.
Prioridad
Tanto Rumania como Bulgaria están logrando muy pocos avances en el combate a la corrupción y la reforma del poder judicial. El informe sostiene que dichas reformas sí están estipuladas por escrito, pero la puesta en práctica falla. Bulgaria recibe las críticas más duras por su incapacidad de poner freno al crimen organizado. Las liquidaciones están al orden del día, pero raramente se encuentra a los culpables.
El primer ministro búlgaro, Sergei Stanishev, anunció a comienzos de este mes que el combate a la corrupción adquiriría “prioridad nacional”. “Bulgaria presentará a la brevedad resultados concretos en el combate a la corrupción a alto nivel”, declaró la fiscal Margareta Popova, quien afirma apreciar la actitud crítica de Bruselas. Popova manifestó el deseo de la fiscalía de poder operar de manera independiente. “La presión de la Comisión Europea permite que esto sea posible”, señaló Popova.
Caos político
Desde su ingreso a la Unión Europea el 1 de enero, Rumania y Bulgaria están viviendo un periodo turbulento. La afiliación a la UE parece haber abierto la caja de Pandora. Una crisis gubernamental en Rumania condujo a la dimisión de la ministra de Justicia Monica Macovei, único ministro que gozaba de la plena confianza de Bruselas en el combate a la corrupción. A comienzos de este mes, su colega búlgaro optó por abandonar el cargo aludiendo “razones personales”. Hace ya meses que el Gobierno búlgaro se encuentro implicado en un vasto escándalo de corrupción.
Debido al caos político en los nuevos Estados miembros, varios países, entre ellos Holanda, han manifestado sus dudas sobre la viabilidad de las prometidas reformas. El ministro holandés de Relaciones Exteriores, Maxime Verhagen, declaró esperar que la Comisión actúe más severamente contra los nuevos miembros de la Unión. Las críticas también se dirigieron al eurocomisario de Justicia, Franco Frattini, quien habría perdido credibilidad al irse a esquiar con el ministro búlgaro del Interior, Rumen Petkov.
Prórroga
Para evitar que luego de su ingreso a la UE, los nuevos Estados miembros se duerman en los laureles, la Comisión Europea dispone de la posibilidad de aplicar sanciones, como la suspensión de subvenciones, o las llamadas “cláusulas de suspensión”, las que posibilitan excluir un país miembro de la participación en determinado terreno. La medida puede aplicarse hasta tres años después del ingreso a la Unión. Bulgaria ya está sujeta a una de esas cláusulas de suspensión en el terreno de la aviación. Debido a que la inspección aeronáutica búlgara no cumple con las disposiciones de la Comisión, las compañías aéreas búlgaras no tienen acceso ilimitado al espacio aéreo europeo.
Bruselas quiere esperar antes de imponer medidas similares en los terrenos policial y judicial. Ambos países reciben una prórroga de seis meses para lograr resultados concretos. Se percibe así cierta resistencia a actuar con mano dura contra países que son miembros de pleno derecho de la UE. Las sanciones podrían significar una pérdida de prestigio para la Comisión, la que aprobó el ingreso de ambos países aún cuando existían muchas dudas sobre si podrían poner en orden los asuntos a tiempo.
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