La ausencia de una justicia penal internacional es una de las carencias más evidentes del llamado "orden internacional" y una muestra de las dificultades para construir un sistema internacional basado en el derecho y no en la primacía de los Estados poderosos. Por ello, el paso dado en Roma en 1998 para la creación de una Corte Penal Internacional (CPI) fue, sin duda, un hito histórico ya que se aprobaba la creación de un tribunal permanente que pueda juzgar una amplia tipología de delitos establecidos en el Estatuto aprobado en Roma.
La CPI está en proceso de creación, ya que es
necesaria la aprobación y ratificación de su Estatuto
por parte de un buen número de Estados, y es bien sabida la
oposición del gobierno de Estados Unidos a este tribunal.
Sea como fuere, el proceso está iniciado, numerosos
países – entre ellos todos los de la Unión
Europea – lo apoyan y pese a las dificultades para su puesta
en marcha, la CPI supera la visión de los anteriores
Tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda que siguen
teniendo un sesgo, se quiera o no, de tribunales de
vencedores sobre vencidos y no el carácter universal que
pretende la CPI.
Pero junto a este positivo proceso de puesta en marcha de la CPI, otros acontecimientos están poniendo sobre la mesa las posibilidades reales de una justicia penal internacional que, sin esperar a que se consolide la CPI, abren nuevas vías de actuación.
En primer lugar fue el caso Pinochet, que pese al fiasco que puede parecer su regreso a Chile, puso de manifiesto las posibilidades de usar instrumentos jurídicos internos (españoles o de otros países) para juzgar, al menos, algunos de los crímenes cometidos por el ex dictador. La internacionalización del caso ha contribuido a abrir nuevos cauces por los que se han iniciado o reabierto contra Pinochet causas abiertas en Chile por las que podrá ser juzgado, pese a las patéticas argumentaciones de demencia que pretende su defensa. En esta misma línea, los casos iniciados en diversos países, entre ellos España, contra diversos responsables en las dictaduras argentinas por casos de desaparecidos u otros, están abriendo caminos a la justicia internacional.
Durante este verano otros dos acontecimientos han venido a acelerar este debate sobre la justicia internacional y sus posibilidades. El primero, ha sido la detención y entrega de Milosevic, por parte de las autoridades yugoslavas, al Tribunal de La Haya para la antigua Yugoslavia, y el segundo la sentencia condenatoria a 46 años de cárcel al general serbobosnio Radislac Krstic, por parte del mismo Tribunal, por su participación en la matanza de Srebrenica.
El caso Milosevic
La entrega de Milosevic debe ser vista no sólo en
términos jurídicos, sino políticos. Nadie duda
de que Milosevic debe ser juzgado, y tener por tanto la posibilidad
de defenderse, por sus actos en las diversas fases del conflicto
balcánico, pero su entrega tras las presiones
norteamericanas y en momentos en que el actual gobierno de Belgrado
negociaba la ayuda económica de los organismos financieros
internacionales, arrojan ciertas sombras sobre esta
decisión. Además, recordemos que pese a los informes
de Amnistía Internacional o Human Rights Watch, el Tribunal
de La Haya decidió no abrir investigaciones sobre los
bombardeos de la OTAN ni procesar a ninguno de los responsables de
los "cascos azules" envueltos en ciertos casos durante la guerra en
Bosnia. Dichos informes narraban posibles violaciones del Derecho
Internacional Humanitario y otras normas de guerra por parte de las
fuerzas de la OTAN. Si a esto añadimos la paradoja que
supone el interés de Estados Unidos en juzgar a
Milosevic y el desprecio a una CPI que pudiera juzgar ciudadanos
norteamericanos, vemos que la entrega de Milosevic se realiza
más en clave política que jurídica.
Cascos azules
La condena al general serbobosnio Radislac Krstic, sin
embargo, es fruto del trabajo minucioso del Tribunal por aclarar
las responsabilidades en uno de los sucesos más
dramáticos y vergonzosos de la guerra de Bosnia. La
culpabilidad del que fue la mano derecha del general Ratko Mladic
en el genocidio de Srebrenica, en el que fueron asesinados
más de siete mil varones de origen musulmán, ha
quedado demostrada y la pena es, hasta el momento, la mayor que ha
impuesto el Tribunal. Durante el juicio, que ha durado año y
medio, han ido quedando claras también otras
responsabilidades, por omisión, que permitieron las
atrocidades de Srebrenica. La pasividad de los "cascos azules"
encargados, teóricamente, de defender un enclave protegido
por las Naciones Unidas, la falta de claridad de su mandato y la
falta de compromiso por parte de los Estados miembros de las
Naciones Unidas en hacerlo posible, posibilitaron las masacres y la
deportación de mujeres y niños. La propia ONU
publicó recientemente un informe en el que realiza una dura
autocrítica a su labor en este enclave, pide disculpas por
ello y propone medidas para que este tipo de actuaciones no vuelvan
a darse.
Con dificultades, con luces y sombras, con más lentitud de la que muchos quisiéramos, la lucha contra la impunidad y por la construcción de una justicia penal internacional parece ir abriéndose paso. Los genocidas y los dictadores o ex dictadores y sus cómplices ya no pueden dormir tranquilos.
Francisco Rey - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
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