En Argentina, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue recibido por los ambientalistas como una victoria. Según la decisión del Tribunal, el Gobierno argentino no está obligado a poner fin a los bloqueos que desde hace un año se realizan en los puentes fronterizos con Uruguay, en protesta por la construcción de una planta de celulosa. Sin embargo, aún queda por resolver la cuestión de fondo, referida a la violación del Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975 por los dos países.
En enero de 2006, los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, ubicada a 230 kilómetros al norte de Buenos Aires, decidieron cortar por primera vez la ruta que comunica a esa ciudad con la vecina Fray Bentos, del lado uruguayo, en donde avanza la construcción de una planta de celulosa de la firma finlandesa Botnia. Desde entonces, los ambientalistas recurren a esta medida para protestar por la instalación de la papelera y presionar a las autoridades uruguayas para que relocalicen la planta.
Minutos después de haberse conocido el fallo, desde el corte que realizan en el lado argentino del puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos, el ambientalista Jorge Fritzler reconoció que el fallo fue recibido con sorpresa por los asambleístas. 'Nos encontramos un poco sorprendidos, aunque una decisión desfavorable no hubiera variado el rumbo que ha tomado nuestra asamblea, con el corte de rutas más confirmado que nunca, para afectar realmente el turismo uruguayo y para que Uruguay entienda que tiene que elegir entre pasteras o turismo', explicó Fritzler, quien pertenece a la línea más dura de los asambleístas. Además, en diálogo con Radio Nederland, aclaró que el único objetivo de la Asamblea 'es impedir la instalación de la planta de Botnia en la cuenca del Río Uruguay y de cualquier otra pastera que quisiera instalarse en la cuenca del Río Uruguay'. Consultado acerca del futuro del conflicto, el ambientalista sentenció: 'La última alternativa para la solución del conflicto la relocalización de la pastera Botnia'.
En la mañana del martes, casi todos los medios de prensa nacionales pronosticaban un fallo adverso para la Argentina. Después de conocer la decisión del tribunal internacional, las autoridades de la provincia de Entre Ríos, a la que pertenece Gualeguaychú, también celebraron. El vicegobernador Pedro Guastavino, quien actualmente ejerce el poder ejecutivo provincial, dijo que están 'satisfechos, conformes y con una serena alegría'. 'Teníamos la esperanza de que la Corte Internacional de La Haya falle de la manera en que falló, porque entendíamos que los argumentos que Argentina había expuesto por el tema del bloqueo de rutas eran argumentos sólidos', explicó el funcionario a Radio Nederland. Además, instó a las autoridades uruguayas a que flexibilicen su postura e inicien el diálogo con sus pares argentinos: 'Creemos que la nuestra es una causa justa y naturalmente queremos que esta planta finlandesa termine no instalándose allí, frente a la ciudad de Gualeguaychú, porque entendemos que va a producir daños irreparables. Esperemos que este fallo abra la puerta para un diálogo, que haga reflexionar a las autoridades uruguayas, que comiencen a salir de la intransigencia con la que se han manifestado en este tema, y que realmente ayude a encontrar un camino de diálogo y de negociación que permita resolver el conflicto'. Para el vicegobernador, la relocalización de la planta de Botnia en otra ciudad uruguaya 'sería la salida que abriría las puertas para resolver el conflicto binacional'.
Luego de conocer la resolución de la Corte Internacional, el canciller argentino Jorge Taiana sostuvo que 'la gran ventaja de la decisión es quitar la cortina de humo que se utilizó como excusa para no dialogar', ya que el fallo sostiene que no se ha probado el daño que los cortes de ruta le causarían a la economía uruguaya. "Seguiremos buscando una solución que defienda los derechos de los argentinos y respete los tratados internacionales", agregó el canciller, en referencia a la demanda que aún debe resolver la Corte Internacional de Justicia.
La cuestión de fondo remite a la supuesta violación del Estatuto del Río Uruguay, firmado por los dos países en 1975. Según las autoridades argentinas, la decisión unilateral del gobierno uruguayo de autorizar la instalación de la planta papelera viola ese estatuto. El 4 de mayo del año pasado, Argentina presentó una demanda ante la Corte Internacional de La Haya y denunció que la planta contaminará el río Uruguay.
La sentencia definitiva de la Corte podría demorar un año más. Mientras tanto, del lado uruguayo y a pesar de los cortes de ruta, la construcción de la planta de celulosa sigue avanzando.
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