"Los medios dicen que vamos a perder en la Corte pero que ganaremos el Mundial de Fútbol", se quejaba un funcionario argentino minutos antes que los jueces ingresaran con pasos solemnes a la sala de audiencias del Palacio de la Paz, en La Haya. Estas palabras no expresaban desesperanza. Más bien, desafiaban.
El primero en exponer, en su calidad de demandante fue Argentina. A lo largo de tres horas, el equipo encabezado por la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, confirmó la estrategia: apelar a la sensibilidad de los jueces.
Además, subrayó la funcionaria, el país vecino violó el Estatuto del Río Uruguay de 1975 que exige someter a consultas bilaterales cualquier emprendimiento en este límite fronterizo. Por el contrario, "Uruguay actuó en forma unilateral y sin consultar a Argentina".
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Gros Espiell puso en duda la validez de la petición de medidas cautelares porque, según el Estatuto del Río Uruguay, la competencia que se le atribuye a la Corte Internacional de Justicia "se refiere al Río Uruguay y a sus aguas". Esta lectura excluiría, opina, la construcción de las polémicas papeleras.
Con un perfil menos mediático, la delegación uruguaya buscó bajarle el tono a la ofensiva argentina. Se pidió "desatanizar" la discusión porque, en primer lugar, las fábricas no existen todavía y, en segundo lugar, porque "Argentina no está en posición de demostrar que estas plantas de pasta de celulosa provocarán un daño irreparable".
Otra opinión tiene Romina Picolotti, titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente de Argentina. Según la representante de los asambleístas de la ciudad de Gualeguaychú, "la construcción ya está produciendo un daño con respecto a todas las actividades económicas de la zona que viven del turismo y la apicultura"
En la sala de audiencias de La Haya, Argentina y Uruguay presentan sus alegatos y el próximo mes de julio la Corte emitirá el dictamen final.
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