Dicen los buenos profesores que se puede aprender más cuando se suspende un examen que cuando se aprueba. A condición de que se sepa por qué se ha suspendido y se sea capaz de extraer algunas enseñanzas para la próxima ocasión. Y para ello, hay que analizar el fracaso con un mínimo de espíritu crítico y autocrítico, y no culpar a factores externos, o a otras personas, de lo que es responsabilidad nuestra. Y visto el pobre papel de la comunidad internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, en la crisis que se ha agravado en la antigua Birmania en las dos últimas semanas, bien podríamos tratar de aplicar este consejo docente y tratar, al menos, de aprender algo para la futura o futuras crisis que, sin duda, vendrán.
Por otra parte, ha quedado también patente la ineficacia de los sistemas de seguimiento, "monitoreo", o previsión de crisis por parte de la ONU y de otros organismos. De poco sirven los costosos sistemas de alerta temprana o de la llamada "inteligencia" militar de los que disponen algunos países y organismos internacionales, si no pueden detectar las tendencias sociopolíticas y los procesos que se dan en países en riesgo como era y es Myanmar. Evidentemente, antes de que las masivas movilizaciones encabezadas por los monjes budistas llenaran las calles de Yangon y otras ciudades en la llamada "revolución azafrán", decenas de opositores al régimen habían sido detenidos por su rechazo a las medidas económicas del gobierno y el aumento de los precio de los combustibles. Y ningún organismo supo detectar esas señales de alerta ni trató de prevenir males mayores.
Esta falta de previsión y de capacidad de reacción rápida es especialmente grave en el caso de la ONU. El Secretario General Ban Ki Moon es un buen conocedor del continente asiático pero parece estar demasiado centrado en la situación ente las dos Coreas y se vio sorprendido por el agravamiento de la crisis birmana y su reacción fue demasiado tardía y limitada. El enviado especial de la ONU, Ibrahim Gambari, poco ha podido hacer pese a sus intentos por entrevistarse con los opositores al régimen militar y por marcar ciertas distancias respecto de éste. Naciones Unidas parece haber interpretado que este estallido de las últimas semanas no es sino el inicio de una crisis de más larga duración y trata, al menos, de tomar posiciones que no le comprometan de cara al futuro.
Y es con esa convicción con la que todos los actores internacionales miran en una única dirección: China. El Gobierno de Pekín es el principal aliado del régimen birmano y, tanto en materia económica como política, el único con capacidad real para incidir en una transformación del mismo. China ha hecho llamamientos a la calma pero tratando de mantener una equidistancia que no se corresponde con la gravedad de la situación y con la dureza del régimen birmano. Declaraciones como el que "las partes afectadas en Myanmar muestren mesura e impulsen el retorno a la estabilidad por medios pacíficos los antes posible", como dijo el primer ministro chino, Wen Jiabao, están bien para un manual de diplomacia florentina, pero poco tiene que ver con una realidad en que los agresores son sólo unos y las víctimas las ponen los otros.
En cualquier caso, el reconocimiento del papel de China no equivale a jugar todo a esa carta y no tomar otro tipo de medidas. En efecto, la posición de la Unión Europea y de su Alto Representante para la Política Exterior Javier Solana son el reconocimiento de un papel internacional irrelevante. Pedir únicamente que China ejerza sus buenos oficios es demasiado poco, incluso para un actor internacional limitado como es la UE. Las exportaciones de Birmania a la Unión Europea ascendieron a 83 millones de euros en el 2005, mientras que las importaciones fueron de 287 millones de euros, según estadísticas de la UE. Por ello, la UE puede hacer algo más, y ante las tímidas amenazas de sanciones por parte de la UE, Mark Farmaner de la organización no gubernamental británica Burma Campaign criticó las sanciones de la UE y las calificó de "patéticas". Y más grave aún, algunas compañías europeas como la francesa Total continúan haciendo cuantiosas inversiones en Myanmar y no tienen pudor en afirmar que "su retirada empeoraría la situación pues sería aprovechada por otras compañías". Y puestos a hablar de pudor o de cuestiones patéticas, el gesticulante Ministro francés de Asuntos Exteriores Bernard Kouchner debería explicar en qué se basó para realizar un informe en el año 2003 pagado por la empresa Total, en el que no sólo defendía la presencia de la empresa en el país, sino que negaba los trabajos forzados de niños, denunciados por organizaciones de derechos humanos.
*Francisco Rey Marcos - Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. (IECAH)
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