Desde su despacho en Londres, Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional y responsable del último informe de AI sobre el asesinato de mujeres en Guatemala, habla sobre lo que constituye uno de los mayores dramas de la Centroamérica de postguerra: la violencia de género que feroz se apodera de países como Guatemala, donde más de 200 mujeres han sido asesinadas de forma brutal en el primer semestre de 2006.
Sebastián Elgueta: Creemos que sí. En las estadísticas que hemos logrado encontrar del Ministerio Público de Guatemala, entidad encargada en ese país de la investigación y persecución penal de los asesinatos de mujeres, encontramos un nivel de impunidad sistemático y generalizado para todos aquellos que matan mujeres. Es algo también cierto para los asesinatos de hombres, pero lo que vemos es que los asesinatos de mujeres se diferencian en dos características. En primer lugar, las mujeres son asesinadas brutalmente, evidenciando violencia sexual, tortura, mutilación, desmembramiento, características que no se encuentran en los asesinatos de hombres. Y en segundo lugar, los familiares de víctimas sufren discriminación por parte de fiscales e investigadores, algo que tampoco sucede en el caso de los hombres. El denominador común es una impunidad muy alta.
PG: ¿Ve forma de que se acabe con esta impunidad por Ud. explicada?
SE: Amnistía Internacional ha publicado ya dos informes sobre el tema. En dichos informes identificamos debilidades dentro del sistema del proceso investigativo y de la persecución penal. En Guatemala los que llevan a cabo la investigación criminalística son fiscales, en colaboración con la policía. En el proceso investigativo de ellos vemos que son muy pobres al recolectar evidencia forense, al entrevistar a víctimas, testigos, al solicitar allanamientos de posibles sospechosos, teniendo como resultado que los pocos casos que llegan a los tribunales son inmediatamente desestimados por jueces que consideran la evidencia débil.
PG: ¿ En el fondo dice que el Estado de Guatemala no ha sabido responder a la realidad y dimensión del problema?
SE: Sí, es algo que ha dicho Amnistía Internacional y las Naciones Unidas. En mayo, el Comité contra la Tortura emitió conclusiones finales sobre el informe de Guatemala, donde notaba el incremento de asesinatos de mujeres. También el Comité contra la Discriminación de la Mujer, en Nueva York, emitió conclusiones muy similares. Hemos visto informes de diferentes oficinas de NN.UU., de otras organizaciones de derechos humanos, y todos notan la falta de diligencia del Estado en prevenir, investigar y castigar a los responsables de asesinatos de mujeres en Guatemala.
PG: ¿Y esto se entiende en clave de poca voluntad política por parte del Estado de Guatemala?
SE: La poca voluntad política se ha expresado en la inversión en recursos y en la escasa obtención de resultados concretos. Cuando en junio de 2005 lanzamos nuestro informe NI PROTECCIÓN NI JUSTICIA, la reacción del Gobierno fue llevar a cabo una campaña de relaciones públicas, donde hacían notar sus esfuerzos en incrementar los recursos dedicados a la investigación de los asesinatos de mujeres. En concreto, lo que hicieron fue aumentar un poco el número de fiscales dedicados a la investigación y crear la llamada Comisión para el Abordaje del Feminicidio. En términos de resultados concretos, hemos visto que de las 600 mujeres asesinadas en 2005, AI solamente conoce de dos casos en donde fueron encontradas personas culpables. El mismo Ministerio Público tiene datos de que hay una tasa de impunidad del 98 por ciento.
PG: Sabiendo las deficiencias del sistema judicial de Guatemala, ¿por qué se hace tan poco para corregirlo ?
SE: Hemos identificado una actitud de discriminación dentro de las instituciones del Estado responsables de la investigación y persecución penal. Dentro de la policía y el Ministerio Público hemos encontrado actitudes donde consideran a muchas de las víctimas como merecedoras de su propia muerte. Hemos visto casos en donde por encontrar una víctima, una mujer asesinada con pintura de uñas rojas, la consideran inmediatamente una prostituta. Tenemos el caso de Claudina Velásquez, una muchacha de 19 años, estudiante universitaria, tenía un arete en el ombligo e inmediatamente el fiscal la trató como una cualquiera. Hay un patrón de discriminación hacia las mujeres. Nosotros creemos que eso tiene que ver con la poca obtención de resultados concretos.
PG: A lo largo de esta conversación Ud. ha preferido el término asesinato de mujeres en vez de feminicidio, ¿por qué?
SE: El término feminicidio es utilizado por organizaciones de la sociedad civil en Guatemala y por el Estado. El término tiene implicaciones legales y AI, como institución, no ha querido meterse en el debate sobre término, preferimos concentrarnos en el tema de las mujeres y la impunidad.
PG: Muchos de los asesinatos se han caracterizado por la brutalidad excepcional y numerosas víctimas han sido objeto de violencia sexual, mutilación y descuartizamiento. ¿ Por qué tanta saña?
SE: Hay una dualidad de factores. En primer lugar, el sistema de administración de justicia falla, principalmente en ofrecer un elemento disuasivo, es decir, no hay ninguna pena por matar a una mujer, entonces la impunidad es estructural y permanente. Si Ud. combina eso en un país como Guatemala, que tiene una historia de 36 años de guerra civil, una de las más brutales en América Latina, que vio 200 mil muertos civiles y que presenció genocidio, en donde se documentó una política de violencia sexual durante el conflicto armado, una política de violación en comunidades indígenas mayas, la violación sexual como tortura a prisioneras políticas, decía que si combina todo esto, termina con generaciones de hombres que no tienen ninguna disuasión para cometer asesinatos de mujeres.
PG: ¿ Entonces es bajo la descomposición social heredada del conflicto armado en Guatemala es que se deben encontrar las raíces de este continuo de asesinatos de mujeres?
PG: Vemos el problema ligado a la falta de justicia para actos anteriores. El hecho que se pudo cometer un genocidio, violaciones masivas a los derechos humanos, en donde nadie fue juzgado ni castigado, tiene un efecto acumulativo, Tiene Ud. personas como Efraín Ríos Montt, acusados de genocidio, políticos importantes que se mueven en la impunidad. Este cúmulo de ejemplos de la cultura de impunidad, tiene un efecto directo en un país pobre, violento, donde las personas más vulnerables son las grandes víctimas.
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