Veintisiete años después de su muerte, el caso Monseñor Romero continúa siendo fuente de discusión. Tanto la Conferencia Episcopal, como diversas organizaciones civiles acusan al estado de El Salvador de no estar cumpliendo con las recomendaciones que en 2000 emitió al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le piden que asuma su responsabilidad en la negligencia durante la investigación del asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero.
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En 2000 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió tres recomendaciones que el Estado salvadoreño debía cumplir para asumir su responsabilidad en el caso. La primera de estas recomendaciones consiste en que se realice una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los actores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas que hay en el caso Monseñor Romero.
La segunda, que se repararen todas las consecuencias de las violaciones enunciadas y se incluya el pago de una justa indemnización. Por último, la tercera recomendación insta al Estado de El Salvador a adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la ley de amnistía general que no permite enjuiciar a los que participaron en hechos como el de Monseñor Romero.
Etiqueta: Arzobispado de San Salvador, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Conferencia Episcopal de El Salvador, El Salvador, Monseñor Óscar Romero
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