La corrupción en Colombia acuñó un nuevo término: parapolítica. Así se denomina la alianza de políticos con grupos paramilitares de derecha y mafias del narcotráfico, que tiene devastado al Congreso. En el proceso de purga iniciado hace dos años por la Corte Suprema de Justicia, ya fueron involucrados 131 legisladores, se abrió investigación a 55 y 30 fueron a parar a la penitenciaría La Picota, en Bogotá, donde se adaptó un pabellón especial para recluirlos. Los cargos van desde asociación electoral hasta secuestro y masacres.
Cada día que pasa, un nuevo parlamentario se ve vinculado en el escándalo. Ayer, durante la a sesión en la comisión de la Cámara que debatía el proyecto de Reforma Política presentado por el Ejecutivo para poner talanqueras a la infiltración, cuatro representantes de los departamentos de Nariño, Magdalena, Bolívar y Putumayo, se declararon impedidos para votar, pues, se les adelanta investigación preliminar o sustituyen a un detenido o acusado.
De los 266 escaños del Congreso, 100 corresponden a Senado y 166 a la Cámara de Representantes. La mayoría de involucrados en el escándalo pertenece a partidos de la coalición que apoya al Gobierno del presidente Álvaro Uribe, incluido un primo suyo, el senador Mario Uribe, y del Partido Liberal (PL), que ejerce apoyo ‘crítico'. Las únicas colectividades que no tienen miembros en entredicho son el opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), el movimiento cristiano MIRA y el minoritario Por el País que Soñamos (PPS).
La escena de un legislador entrando a rendir indagatoria la sede de La Corte Suprema de Justicia, o de la Fiscalía -en el caso de los 26 que renuncian al fuero especial para que los juzgue la justicia ordinaria-, ya parece una sección fija de los telenoticieros. Algunos son capturados y otros se entregan voluntariamente; unos denotan cierto pudor, pero otros son arrogantes, como el senador Humberto Builes, del departamento de Antioquia, quien al ser detenido, la semana anterior, por presuntos nexos con el jefe paramilitar desmovilizado ‘El Alemán', se declaró "contento" porque, comentó, necesitaba un descanso y ya era hora de legar a sus hijos el manejo de empresas y negocios.
La reforma
El aspecto más visible de la discusión del proyecto de Reforma al Congreso es la sanción a los partidos que avalen políticos vinculados a grupos ilegales. Se contemplan castigos que van desde la llamada de la ‘silla vacía', consistente la pérdida de la curul del legislador que resulte sentenciado, hasta la pérdida de la personería jurídica para aquellos con una implicación de más del 50 por ciento de sus congresistas. También se considera que éstos retornen al erario público el dinero que recibieron por cada voto.
El presidente Uribe, se pronunció a favor de la sanción, al considerar que "los partidos que sean afectados con la pérdida de curules, no las podrán reemplazar, sino que las perderán", dijo recientemente.
La coalición gobiernista está integrada por el Partido de la Unidad Social (de la U), Cambio Radical (CR), Partido Conservador (PC), Alas Equipo Colombia, y Colombia Democrática, más el PL, colectividades que la víspera hicieron un pacto para apoyar la reforma. Sin embargo no están de acuerdo sobre el momento en que un partido pierde la curul. Algunos, como el ponente del proyecto en el Senado, Roy Barreras, de CR, ocho de cuyos legisladores están detenidos, opina que la sanción debe ser inmediata "para que la sociedad entienda que el Congreso sí está dispuesto a blindar la democracia y a asumir la responsabilidad política de lo que ya ocurrió". El PC, en cambio, opina que la pérdida de la curul ha de operar únicamente cuando la condena quede en firme.
La discusión del proyecto de Reforma ha celebrado ya cinco de los ocho debates reglamentarios que debe cumplir en ambas Cámaras legislativas antes del 20 de junio, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso.
La oposición
El opositor PDA, contrario a la reforma, considera que "el Congreso actual no tiene siquiera credibilidad para afrontar temas de esta envergadura". Por tanto, propuso convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que estudie y promulgue una reforma política que "siente las bases de una verdadera reforma electoral en Colombia".
El PPS se opone a la ‘silla vacía' y, en cambio, pide que los escaños que queden libres los ocupen aquellos candidatos a los que corresponda, según el orden de votos obtenidos, sin importar la colectividad a la que pertenezcan.
Poder regional
El mapa de las regiones más afectadas corresponde a aquéllas en las que los paramilitares se enseñorearon durante las últimas décadas. Hasta ahora, la costa Caribe es la que más miembros de su clase política tiene tras las rejas. De los 25 senadores elegidos por los siete departamentos de este litoral en los comicios de 2006, once renunciaron o fueron suspendidos por presuntos vínculos con jefes paramilitares. Los departamentos de Cesar y Magdalena se quedaron sin senadores, ya que los cuatro que les correspondían a cada uno están presos. De los tres de la circunscripción de Sucre, sólo uno está libre, y Córdoba perdió a tres de los seis que eligió. En otras regiones como en la centro-oriental del Meta, el único senador elegido acabó preso. De aquellas regiones en las que las investigaciones apenas empiezan, como Antioquia, provienen tres legisladores detenidos en el último mes.
Contra la ilegitimidad
En diálogo con Radio Nederland, la politóloga Claudia López afirma que lo primero que debe hacer el Congreso es "tomar las medidas que restituyan su legitimidad, estableciendo y aplicando las sanciones inmediatamente, pero, desafortunadamente parece que hay poca voluntad política".
RN.- ¿En cuánto tiempo se habría estado incubando la actual crisis del Congreso?
CL.- La parapolítica es la otra cara de la moneda del paramilitarismo. Yo diría que lleva 20 años creciendo sostenidamente en Colombia, con poca acción efectiva del Estado y poco rechazo social. Tiene las dimensiones actuales, a diferencia de la guerrilla, porque cuenta con apoyo de agentes estatales, información privilegiada, etc. La parapolítica, en particular, es un fenómeno que tuvo su punto culminante entre 1998 y 2002, cuando creció, se planearon estrategias y fraudes, y se crearon y tomaron partidos políticos.
RN.- Al ser la mayoría de los detenidos integrante de partidos de la base parlamentaria gobiernista, ¿qué tanto se cuestiona la base electoral del Ejecutivo?
CL.- No hay ninguna razón sensata para creer que los votos son mal habidos si eligen legisladores, pero son bien habidos si apoyan la candidatura del Presidente, como de hecho ocurrió. Por algunos efectos coyunturales de la opinión pública colombiana, la legitimidad se le cobra al Congreso pero no al Ejecutivo. No queda duda, porque hay pruebas evidentes, de que el paramilitarismo tuvo un candidato preferido en las elecciones presidenciales, que fue Álvaro Uribe. Es obvio que el proyecto de extrema derecha ilegal, veía en Álvaro Uribe, que era el candidato de la derecha legal, un proyecto político cercano a sus intereses, pues con él tenían mejores posibilidades de lograr un acuerdo de paz, como en efecto lo hicieron, y de conseguir estatus político, como casi lo logran, de no ser por decisiones de la justicia. Había, primero, gran confluencia ideológica, segundo, intereses comunes en proyectos económicos, políticos, en la lucha antisubversiva.
RN.- ¿Podría hablarse de presión?
CL.- Cuando se suma la votación de los legisladores que hoy están en la cárcel, de alcaldes, gobernadores, etc., que pudieron apoyar la causa del presidente Uribe, se trata de por lo menos un millón y medio de votos, que no es cosa mínima. Si bien es un caudal importante, lo que encuentro políticamente más censurable del Presidente de la República es que, en el 2002 y el 2006, tenía suficientes votos para ser elegido sin el apoyo paramilitar. Sin embargo, prefirió hacer campaña con esos votos, hacerse elegir con esos votos, gobernar con esos votos y, en su alianza de gobierno, darles representación en diferentes cargos. Entonces, los vínculos del paramilitarismo con Álvaro Uribe no son por presión sino por escogencia.
RN.- ¿Cómo explicar ese comportamiento del Presidente, pese a que tenía los mayores índices de popularidad?
CL.- Eso es lo inaudito. El Presidente cuenta con suficiente respaldo legal y legítimo para liderar el país, aunque sí requería de los votos paramilitares para las mayorías parlamentarias. Sin la parapolítica, el Congreso de Colombia no sería de mayoría uribista.
RN.- ¿Cual es la verdadera dimensión de la crisis?
CL.- Las cifras son dramáticas, ya que el 22 % del Senado de Colombia está en la cárcel. ¿Se imagina lo que pasaría en un Parlamento europeo el día que el 22% de sus miembros estuvieran detenidos por vínculos con una organización criminal?
RN.- ¿Qué se puede esperar del curso de esta Reforma y de los procesos judiciales?
CL.- Lo sensato para la sanidad de la democracia es recuperar la legitimidad del Congreso. Colombia necesita un Congreso fuerte, capaz de hacer control político, pues el Ejecutivo es especialmente fuerte. A Colombia no le sirve un Congreso moribundo por tres años más. Por tanto, se debe sacar la representación política viciada anulando los votos, y no reemplazando la curul con miembros de los mismos partidos. Dejando inmediatamente la silla vacía.
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