Las posibilidades de lograr acuerdos y concertaciones políticas en Bolivia parecen haberse agotado. El último intento de diálogo está a punto de fracasar ante la arremetida de los sectores radicalizados que han optado por vías propias para avanzar en sus objetivos estratégicos.
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| Evo Morales, presidente de Bolivia |
Por una parte están las movilizaciones de los sectores sociales en defensa del texto de la nueva Constitución y en pro de los referendos para su aprobación, y por otro lado las movilizaciones y la decisión del oriente boliviano, sobre todo del departamento de Santa Cruz, de convocar a una consulta popular y así consolidar las autonomías en el país.
Los estatutos autonómicos redactados por los dirigentes de los departamentos opositores al gobierno fueron, según el gobierno mismo, elaborados sin consultas y sin el marco legal correspondiente. De allí que el gobierno del presidente Evo Morales no está dispuesto a aceptar la consulta autonómica de los departamentos de la llamada Media Luna.
Tregua social
La decisión de Santa Cruz de fijar el 4 de mayo próximo para la consulta de las autonomías y la reciente decisión de realizar la consulta el 1 de junio en el departamento del Beni han inducido al vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, a plantear en el país una nueva tregua social de sesenta días. Ése sería el plazo mínimo necesario para lograr puntos de acuerdo y evitar que los referendos autonómicos propuestos por la oposición se lleven a cabo. Simultáneamente a la propuesta del vicepresidente García Linera , el gobierno se comprometió a ceder en su campaña para lograr, también a través de un referendo, la aprobación del texto de la nueva Constitución Política del Estado, aprobado por los representantes oficialistas en la última reunión de la ya disuelta Asamblea Constituyente que se realizó en la ciudad de Oruro en noviembre pasado.
Según la politóloga María Teresa Zegada "la propuesta del vicepresidente es desde todo ángulo saludable en un país que se encuentra ya al borde de un enfrentamiento, y esta tregua podría de alguna manera crear un espacio de negociación". Sin embargo los sectores de la oposición han visto la propuesta como una jugada política más del gobierno para impedir que se lleve adelante la consulta popular pro autonómica. En ese sentido uno de los representantes de la oposición declaró en las últimas horas que no aceptarán la tregua . Y los sectores radicales afines al gobierno tampoco.
Posiciones intransigentes
Desde el lunes, grupos de campesinos oficialistas del departamento de La Paz han puesto un cerco al congreso para presionarlo a aprobar el nuevo texto constitucional, que contempla entre otros aspectos importantes cambios en el tema de la tierra. Paradójicamente, dirigentes de varias organizaciones de agricultores del altiplano, que hasta hoy siempre apoyaron al gobierno, han señalado que no acatarán la tregua propuesta y que están decididos a obligar al parlamento a aprobar el texto constitucional.
Esperanza
Una pequeña luz de esperanza brinda en ese sentido la comisión política que se ha nombrado en el seno del congreso para intentar concertar el texto constitucional aprobado por el oficialismo con los textos autonómicos redactados por la cúpula opositora. Textos, estos últimos, que fueron puestos en entredicho por organizaciones de colonizadores y pueblos indígenas del oriente del país, porque según ellos no han sido ni siquiera consultados para su elaboración.
"La concertación de los dos textos, constitucional y autonómico, puede significar realmente la salvación de Bolivia, pues sólo así se podrá establecer una sola consulta ciudadana" , afirma la politóloga boliviana Maria Teresa Zegada, quien además considera que ‘en ese sentido puede resultar interesante realizar un referéndum redimidor incorporando en la consulta ciudadana todos los temas críticos que dividen al país en este momento, el tema de las autonomías por delante." Todo dependerá de la voluntad política de los actores principales en este drama nacional.
¿Solución tardía?
Temores de que la solución llegue tarde hay muchos. El propio vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, dijo que si no se encontraba una solución antes del jueves 28 de febrero, el peligro existe de que ya no se impongan las razones sino las acciones. El factor tiempo es en este caso el peor enemigo. Según la politóloga Zegada "el haber sido fijada por la oposición una fecha para el referendo por las autonomías ha precipitado esta situación". En respuesta, el gobierno señaló que el mismo 4 de mayo se establecerían también las consultas para el referendo constitucional.
La suspensión del periplo europeo que este fin de semana debería llevar al mandatario boliviano a algunos países de la Unión Europea se debe precisamente a la acumulación de todos estos problemas que se complican aún mucho más por los desastres naturales en el noreste y sur del país, ocasionados por las pertinentes lluvias y que han causando inundaciones con cuantiosos daños para los campesinos, y la muerte hasta el momento de más de cincuenta personas.
Por otra parte, en todo el territorio se ha presentado un proceso de alza de precios de los productos que componen la canasta familiar, y el gobierno no está pudiendo abordar el problema en la forma adecuada, lo que ha alterado los ánimos de la población. Y por si fuera poco, a todo esto se suma un detalle que debe estar incomodando mucho al mandatario boliviano, y es la presentación en Sucre de una demanda contra él y su ministro del Interior por un juicio de responsabilidades de las familias que han sido afectadas -según los denunciantes- por los acontecimientos violentos que se llevaron a cabo en esa ciudad el año pasado. Todo esto hace desde luego muy poco pertinente la ausencia del país por largo tiempo del presidente de la república.
Etiqueta: Bolivia, constitución, crisis, gira europea, La Paz, Morales, oposición, referendo, tregua social
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