Un fiscal sudanés estudiará las denuncias de atrocidades cometidas en Darfur. La designación de un fiscal ad hoc ocurre tres semanas después que el fiscal principal de la Corte Penal Internacional (CPI) acusara al presidente de Sudán, Omar al-Bashir, de ordenar la aniquilación de tres comunidades no árabes en Darfur, lo que para la CPI equivale a genocidio.
Sudán se niega enfáticamente a cooperar con la CPI, que tiene su sede en La Haya, Holanda, ya que no reconoce su jurisdicción. Si bien muchos países occidentales y organizaciones de derechos humanos aprueban la acusación contra al-Bashir, en África y el mundo árabe se observa una creciente resistencia a aceptarla. Por su parte el Gobierno sudanés ha iniciado una ofensiva diplomática para frenar un enjuiciamiento del presidente al-Bashir y a la vez mostrar la eficiencia de sus propios ‘tribunales de Darfur'.
El último movimiento de Jartum ha sido el anuncio del ministro de Justicia, Abdul Basit Sabdarat, de la designación de un fiscal ad hoc, Kamal Mahgoub Ahmed, para que investigue los crímenes en Darfur desde 2003. El titular precisó que le había otorgado "autoridad para investigar esos crímenes y acudir a un juez si encuentra casos que así lo ameriten".
La ley sudanesa no menciona delitos de alcance internacional como genocidio, limpieza ética o crímenes de guerra. El lunes pasado, el Centro de Medios de Información de Sudán, institución cercana a los servicios de inteligencia, comunicó que el Ministerio de Justicia está esbozando una nueva legislación que incluye delitos de alcance internacional. Al parecer, el Ministerio enviará equipos legales a Darfur para estudiar la situación en el terreno.
Corte Criminal Especial para los Casos en Darfur
El fiscal Mahgoub Ahmed encabezará la ‘Corte Criminal Especial para los Casos en Darfur' (CCECD), la cual se constituyó el 7 de junio de 2005, un día después que la ONU remitiera el caso de Sudán a la CPI, para mostrar la capacidad del gobierno sudanés de hacer justicia en su país. En un claro desafío a la Corte Penal Internacional, Jartum se refirió al Estatuto de Roma, que especifica que la CPI deberá rechazar un caso cuando el país en cuestión desee y esté en condiciones de realizar las investigaciones y procesamientos.
La Corte, con sedes en Nyala, Fashir y Geneina, fue fundada como alternativa a la Corte Penal Internacional, pero, según varias ONG's, su principal objetivo es entorpecer las tareas de ésta. Desde su instalación, la CCECD sólo ha visto casos como robos, tráfico de armas y asesinatos, que bien podrían haber sido puestos en manos de tribunales comunes. En otras palabras, no ha reemplazado a la CPI en juicios relacionados con las leyes internacionales o crímenes contra la humanidad.
Inicialmente, el Gobierno sudanés anunció que la CCECD vería 160 casos. Mas en junio de 2006 sólo se habían realizado 13 juicios, y desde entonces no ha habido actividad, y aún no se sabe cuándo se reanudarán los procesos.
Campaña contra cargos de genocidio
La campaña diplomática sudanesa tiene por objetivo conseguir apoyo regional e internacional para contrarrestar una posible orden de detención contra al-Bashir. En las últimas tres semanas, funcionarios sudaneses han visitado una docena de países en busca de apoyo a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para suspender los procedimientos legales, en caso que los jueces de la CPI extiendan una orden de arresto contra el presidente sudanés. China, Rusia y Sudáfrica ya han declarado que apoyarán una resolución en tal sentido.
Entretanto, al-Bashir se ha asegurado la aprobación de África y el mundo árabe. Tanto la Unión Africana como la Liga Árabe quieren que se suspenda cualquier acusación en su contra. El Consejo para la Paz y la Seguridad de la UA ha advertido que un proceso de la CPI contra al-Bashir pondría en peligro los esfuerzos conducentes a la paz, causaría aún mayores sufrimientos a la población sudanesa y aumentaría la desestabilización "con enormes consecuencias adversas para el país y la región".
El lunes pasado, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, se reunió en Jartum con el presidente al-Bashir y altos funcionarios gubernamentales. Ping hizo un llamado urgente al Consejo de Seguridad de la ONU para que suspenda la investigación de la CPI al presidente sudanés, y permita que las negociaciones de paz sigan adelante. Con anterioridad, la UA pidió la creación de una comisión independiente de investigación, y está elaborando una lista de connotados abogados para sondear la situación en Darfur y trabajar con el Gobierno en los temas de la acusación de la CPI. Según la Liga Árabe, el Gobierno de Sudán ha aceptado que se lleve a los tribunales a aquellos que se considere responsables de crímenes en Darfur, con observadores árabes y africanos en los juicios.
Acusaciones de la CPI
El año pasado, la Corte Penal Internacional acusó de crímenes de guerra al ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmed Haroun, y al líder de la milicia Janjaweed, Ali Kushayb. Por su parte, Sudán se niega a entregar a estos acusados a la Corte, alegando que nadie ha presentado pruebas en su contra. Kushayb fue detenido en 2007, por otros cargos, y quedó en libertad poco más tarde. Actualmente, tres jueces de la CPI estudian la petición del fiscal Luis Moreno Ocampo acerca de una orden de arresto internacional contra el presidente sudanés, Omar al-Bashir.
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Etiqueta: Corte Penal Internacional, CPI, Darfur, Jartum, La Haya, Moreno Ocampo, Omar al-Bashir, Sudán
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