Todo el aparato estatal está involucrado en crímenes de lesa humanidad en Darfur, informa al Consejo de Seguridad el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Campo. El máximo responsable de la Corte pide la entrega de dos importante acusados sudaneses. Además, sus colaboradores anuncian que en breve se formulará acusación contra otros dos sospechosos.
Focos de violencia
La presión internacional también proviene del Consejo de Seguridad, que esta semana visita varios focos de violencia en África, y se manifiesta partidario de una rápida intervención de un considerable y eficaz contingente de pacificación en Darfur. Sin embargo, el Gobierno sudanés torpedea cualquier intervención masiva internacional en la provincia.
En círculos internacionales, se empieza a comprender que una política de confrontación con Sudán no ofrece los resultados esperados. Los norteamericanos ya han deliberado durante meses con las autoridades sudanesas con el fin de mejorar sus relaciones bilaterales y, en relación con ello, en los pasados días, el delegado Richard Williamson visitó Jartum, la capital sudanesa.
Acuerdo de paz del 2005
Durante las deliberaciones con Williamson, surgió un nuevo escollo que malogró los planes, y amenaza el acuerdo de paz con el que, en el 2005, se puso fin al conflicto entre el norte musulmán y el sur sudanés.
Tras la suscripción del acuerdo, hace tres años, el sur del país africano aún sigue siendo una zona militarizada, con la numerosa presencia de soldados armados del antiguo movimiento de resistencia Ejército Popular Sudanés de Liberación (SPLA, por sus siglas en inglés). Con frecuencia, en las horas de la noche los militares se embriagan, mientras que los colaboradores de organizaciones asistenciales no se atreven a salir a la calle en la oscuridad. Los diez mil efectivos de las fuerzas de paz de Naciones Unidas apenas han logrado consolidar su presencia en el país, consideran algunas zonas sudanesas como demasiado peligrosas para patrullar, y sólo abandonan el cuartel a bordo de sus vehículos.
En aquel entonces, la firma del acuerdo de paz sirvió de base para un Sudán democrático, en el que todos los grupos de población gozan de los mismos derechos. Además, dicho acuerdo podría también servir de fundamento para superar la crisis en Darfur. Pero, el previsto contacto entre el Gobierno autónomo del sur sudanés y el partido del presidente Beshir, en el norte, no funciona. "Estamos al borde de una guerra," advirtió esta semana Pagam Amum, secretario general del antiguo Ejército Popular Sudanés de Liberación.
En particular a lo largo de la frontera entre las dos regiones surgen con frecuencia conflictos entre tribus y clanes, que causan el desplazamiento de miles de ciudadanos. Con creciente frecuencia, estos incidentes provocan enfrentamientos entre las tropas gubernamentales del norte y del sur, tal como ocurrió el mes pasado en la región fronteriza alrededor de la ciudad Abyei, y el distrito homónimo.
Adversarios inflexibles
Tanto el norte como el sur se niegan a ceder en este distrito. El Gobierno del sur exige que el ejército gubernamental del norte abandone la zona rica en petróleo, pero el Gobierno del norte se niega a reconocer la autoridad sureña sobre Abyei. El delegado norteamericano no ha logrado superar este nuevo escollo y, al abandonar la capital sudanesa, se manifestó decepcionado. En otras palabras, el conflicto aún puede estallar.
No obstante, sudaneses y norteamericanos no han suspendido sus deliberaciones. Prácticamente desde el golpe de Estado perpetrado por Beshir, en 1989, Washington ha seguido una línea dura ante Jartum, y ha incluido a Sudán en la lista de países que apoyan el terrorismo. El ex presidente estadounidense Bill Clinton ordenó bombardear una planta química en Jartum, pese a que nunca se demostró que allí se fabricaran armas químicas. Esa línea dura no logró impedir las masacres, a fines de los noventa, en las montañas de Nuba y las zonas sureñas ricas en crudo, y el Gobierno sudanés no ha concedido mayor importancia a la presión internacional.
Puesto que aumenta la amenaza de una desintegración de Sudán, algunos políticos estadounidenses se manifiestan partidarios de otra línea política. Pero esta propuesta se opone diametralmente al plan de Moreno Ocampo de juzgar a los gobernantes sudaneses.
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