La Corte Penal Internacional de La Haya, CPI, investigará los crímenes de guerra en Darfur, la región occidental de Sudán. Es la primera vez que la CPI opera en un país que se niega a cooperar. En reiteradas ocasiones, el Gobierno de Sudán ha advertido que la investigación alterará seriamente el proceso de paz en el país.
En Darfur se está llevando a cabo una guerra civil entre milicias armadas árabes, al parecer apoyadas por el Gobierno, y rebeldes que luchan por autonomía. Según las organizaciones de derechos humanos, 300.000 personas han perdido la vida, mientras que Naciones Unidas calcula en 180.000 el número de víctimas mortales.
La investigación de la CPI se funda en el informe de la comisión Antonio Casese, en la que se acusa a 51 personas de crímenes de guerra. A finales del año pasado, esta comisión investigó, a petición de la ONU, los crímenes de guerra en Darfur, y llegó a la conclusión que se cometen graves crímenes de lesa humanidad. Según los investigadores, no se puede hablar de genocidio, por falta de pruebas para demostrar la intención de masacrar, total o parcialmente, a un grupo de la población, ya sea por motivos nacionalistas, étnicos o religiosos.
Como consecuencia de la resolución aprobada por la ONU, al igual que todos los países que han reconocido la Corte, Sudán está obligado a cooperar con la investigación de la CPI. Puesto que Estados Unidos nunca ha reconocido la CPI, es lamentable que no tenga esa obligación con respecto a la CPI. Desde septiembre del 2004, justamente los norteamericanos sostienen que se está cometiendo genocidio en Darfur. No obstante, la resolución del Consejo de Seguridad no les obliga entregar eventuales pruebas a la CPI. Cuando se creó el Tribunal Penal para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, TPIY, la situación era distinta, pues todos los Estados están obligados a cooperar con los investigadores del Tribunal.
En la declaración oficial de la CPI, el fiscal general, Luis Moreno Ocampo, exhortó a todas las autoridades nacionales e internacionales a cooperar para poner fin a la violencia en Darfur. Los sistemas nacionales de derecho de África podrían desempeñar un papel importante en el enjuiciamiento de los criminales de guerra. Sin embargo, cabe preguntarse si se logrará una cooperación. Durante un discurso televisado, el presidente sudanés, Al Bashir, advirtió que no entregará sospechosos a tribunales extranjeros. La cooperación también dependerá de los nombres que figuran en la lista de 51 sospechosos elaborada por la ONU. Tratándose de integrantes del actual Gobierno, es poco probable que Al Bashir coopere.
Si bien el Gobierno sudanés siempre ha dicho que quiere enjuiciar a los culpables de crímenes de guerra, hasta ahora no ha hecho nada al respecto. Recientemente, dos colaboradores de Médicos Sin Fronteras fueron arrestados por haber elaborado un informe sobre masivas violaciones en Darfur. Es obvio que el Gobierno de Sudán se opone a demasiada intromisión de Occidente en Darfur.
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