Cuando el coronel Muammar el Gaddafi decidió, el 5 de abril de 1999, entregar a los dos sospechosos del atentado mortal de Lockerbie (1988), trataba de culminar un proceso de reintegración en el escenario internacional, tras el período de ostracismo iniciado con las sanciones impuestas a su régimen desde 1991.
A pesar de su mala reputación internacional, Libia cuenta con importantes activos para facilitar su "perdón". Por una parte, su situación como pivote entre el Magreb y el Mashrek, con unos 2.000 kilómetros de costa, lo convierte en una pieza decisiva en cualquier iniciativa regional. La construcción de la Asociación Euro-Mediterránea (AEM), impulsada desde 1995 por Bruselas (Conferencia de Barcelona), no puede avanzar sin integrar a este inmenso país. De ahí que Bruselas respondiera de forma inmediata a la decisión del líder libio, con la invitación a incorporarse a la AEM, asistiendo como observador a la conferencia de Stuttgart (15/16-4-99). Otro tanto hizo la ONU con la suspensión temporal del régimen de sanciones.
Pero, al margen de la importancia derivada de su situación geográfica, el principal elemento que explica el éxito de la estrategia de reintegración de Gaddafi está en los extensos yacimientos libios de petróleo y gases. Libia posee hidrocarburos de muy alta calidad, y los hallazgos más recientes (p.ej., el campo petrolífero de Elephant, descubierto en 1997) no hacen más que disparar las expectativas comerciales para las grandes compañías europeas. De hecho, en este sector confluyen de la manera más evidente los intereses de las dos partes. Para Gaddafi, porque puede atraer inversiones extranjeras que permitan la adecuación de unas infraestructuras deterioradas tras los largos años de sanciones. Conviene recordar que más del 90% de los ingresos de divisas libios procede de la venta de estos productos. A partir de ahí, pretende mejorar la situación económica, para financiar, simultáneamente, sus renovados planes para actuar como potencia regional (con una insistencia creciente en explotar la vertiente africanista de su política exterior) y satisfacer a una población que no sólo está descontenta con las limitaciones políticas que impone el régimen, sin también tentada a seguir un discurso islamista en auge. Para la Unión Europea porque puede llevar a la práctica su diálogo crítico con quienes se muestran más reticentes a seguir los dictados de Bruselas, pero, sin romper, como ha hecho EEUU, los canales de contacto. La estabilidad del Mediterráneo y la creciente importancia que Libia tiene como suministrador energético exigen abrir la puerta al régimen libio, a pesar de las hipotéticas veleidades inconfesables de sus dirigentes (proliferación armamentista y apoyo a movimientos independentistas de todo tipo). Por su parte, para las empresas de los Quince, Libia representa una apuesta altamente rentable gracias a sus propias deficiencias y al obligado vacío que han dejado los posibles competidores norteamericanos.
En función de esos intereses no puede extrañar la urgencia con la que, por ejemplo, la fiscalía francesa frenó, en octubre de 1999, un intento de inculpar a Gaddafi por su supuesta implicación en actos terroristas. Tampoco extrañan la visita del entonces primer ministro italiano, Maximo D'Alema, a Trípoli en diciembre de ese mismo año; ni la rapidez de la invitación formulada por el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, para que el máximo dirigente libio visitara las instituciones comunitarias, aunque posteriormente se viera obligado a retirarla. Ni siquiera la denuncia del Gobierno británico, en enero del 2000, sobre el intento libio de adquirir piezas para equipar misiles Scud, detectadas en el aeropuerto de Gatwick, provocó un replanteamiento de la estrategia emprendida por los Gobiernos comunitarios. Por su parte, Gaddafi ofrecía su mejor perfil facilitando la liberación, en septiembre de 2000, de cinco rehenes occidentales en manos del grupo rebelde filipino de Abu Sayyaf.
En ese contexto, la sentencia salomónica del caso Lockerbie (un sospechoso absuelto y otro condenado) refuerza las posibilidades de que el coronel Gaddafi culmine exitosamente sus planes. Para un país que obtiene más de 10.000 millones de dólares anuales por la exportación de hidrocarburos, cualquier compensación económica a los afectados será soportable cuando está en juego la consolidación interna del régimen y la posibilidad de sacudirse la imagen de paria internacional con la que ha sido identificado hasta ahora. A cambio, la Unión Europea parece dispuesta a admitir esa transacción como un último peaje a pagar para certificar el perdón, sin detenerse en mayores consideraciones sobre los evidentes déficits libios en materia social, política y económica. Sin cuestionar, en ningún caso, la necesidad de integrar a Libia en el marco mediterráneo, cabe concluir que una vez más el peso de los beneficios económicos relega a un segundo plano la consecución de objetivos, al parecer, tan marginales como la emergencia de sociedades abiertas y la defensa de los derechos humanos.
Jesús A. Nuñez Villaverde – Director del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria (ICAH).
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