El pasado 3 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión, y en Maputo, la capital de Mozambique, se le entregó el premio mundial a la valiente e inteligente periodista mexicana Lydia Cacho. Un homenaje a ella desde aquí.
La tendencia integracionista resulta muy útil a quienes son defensores del pensamiento único, a los creadores de falsos consensos, a quienes se arrogan el derecho de decidir qué es lo público sin procesos de deliberación, en suma, a procesos de consenso sin consentimiento. De eso están llenas nuestras sociedades. No conviene que los ciudadanos piensen y menos que discutan. Robert Dahl, politólogo estadounidense, promovió desde finales de los años 60 el término poliarquía para referirse a una particular configuración del espacio público en torno a dos prácticas fundamentales para la democracia: el debate público y la representación. Lo que habría que preguntarse es si la "función de integración social" del periodismo favorece o entorpece la idea del debate público. A mi juicio la obstaculiza de manera directa.
Yo, por el contrario, sostengo la idea exactamente opuesta: en sociedades verdaderamente pluralistas, el papel de la comunicación y el periodismo es investigar y hacer visibles los disensos. La preocupación por la búsqueda de consensos o acuerdos es propia del terreno de la política. ¿Por qué comprar ese pleito en la comunicación? Una de las razones es que justamente a los gobernantes de turno es a quienes más favorece que se crea la tesis de la integración social, puesto que desactiva el debate y facilita su gestión, liberándolos de la crítica y poniéndolos al amparo del control social de la actividad pública.
Entre otras cosas, por eso es que ya no es necesaria la censura, aquella acción brutal de emborronar las páginas de periódicos para ocultar la información. Es una práctica en desuso porque hoy lo que se impone es la cooptación. Aparte de la censura estructural que imponen los sistemas de propiedad de los medios de comunicación cada vez más tendientes al monopolio vertical y horizontal, las estrategias comunicativas de algunos gobiernos latinoamericanos -por citar los casos más cercanos- apuntan a eliminar la mediación de los partidos políticos y a establecer, vía medios de comunicación, un contacto directo con los ciudadanos. Máxima visibilidad, pero máxima opacidad. A partir de tácticas de exhibición del poder, de negación de la condición de políticos, de la comunicación directa con el ciudadano, de la cercanía a los medios que permite la confianza ya no de ser llamados sino de llamar a que le hagan entrevistas -Álvaro Uribe en Colombia- muestra una tendencia que hace totalmente inocua la censura. Mejor dicho, un tiranosaurio rex.
¿Cómo sostener la idea de que es justamente en los medios de comunicación en donde se debe formular el problema de los consensos? Eso significa una domesticación del periodismo, porque lo propio de este oficio, como bellamente lo dijo Kapucinski, es entregarse al oficio y no a la institucionalidad que la sustenta. Del lado de la sociedad civil y no del Estado y por lo tanto lejos de ser "cuarto poder", porque no pertenece a la estructura del Estado.
Lo definitivo en el periodismo, sin que pueda acusársele de agente de la disolución social, o peor, del caos, es mostrar la diversidad no solamente de puntos de vista (pluralismo de opinión) sino la diversidad de lugares desde los que hablan los diferentes actores sociales (reconocimiento y aprovechamiento democrático del otro y de lo otro). El ejercicio central es el reconocimiento de esos actores diferentes a las clásicas fuentes legitimadoras del periodismo. La sociedad civil es el espacio de las contradicciones, las divergencias, las polémicas y si el periodismo no es capaz de reconstruir la realidad a partir de esta complejidad, no solamente está siendo excluyente sino que literalmente está dejando de hacer su oficio. Así de simple.
La ‘demonización' del desacuerdo ha hecho mella en la mirada cotidiana de la gente. Es feo oponerse, estar en desacuerdo. En la familia, en los ámbitos educativos, no se discute: se impone o se vive bajo el consenso tácito. Formular desacuerdos es una tendencia disolutoria, la oposición es antipatriotismo. A esos extremos se ha llegado. ¿Hay pues un periodismo "patriota" que defiende el consenso por encima del debate? Me temo que sí.
Si los medios de referencia y los periodistas depositarios de las rutinas diarias perseveran en no mostrar la complejidad de la realidad social, no nos va a quedar más remedio que volvernos seguidores de los blogs, con la esperanza de que cada vez más abandonen los temas de interés privado y hasta íntimo y entren francamente en el terreno de lo público ante el vacío dejado por los medios tradicionales.
No sobra recordar, pues, que un rasgo distintivo de la democracia es que cuando se piensa como régimen, es el sistema que permite que se construyan y se expresen las diferencias. ¿A santo de qué el periodismo se arroga el derecho de negar esta esencial condición política y ese derecho ciudadano?
* Ana María Miralles C. es Profesora-Investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana
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