El 19 de julio de 1979 los guerrilleros y los milicianos del Frente Sandinista entraron triunfantes en Managua. La población estaba eufórica. La euforia colectiva fue característica durante los primeros años de la Revolución. El FMLN gozaba de un inmenso prestigio y sus miembros y simpatizantes estuvieron convencidos que se estaba construyendo la Nueva Sociedad, forjado por el Nuevo Hombre anunciado por Che Guevara.
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"Sólo los obreros y campesinos irán |
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Una masiva campaña de alfabetización se llevó a cabo entre marzo y agosto de 1980. Decenas de miles de jóvenes urbanos participaron como brigadistas y en pocos meses lograron abatir considerablemente los niveles de analfabetismo nacional. Durante los primeros años del gobierno Sandinista, la gran mayoría de la población apoyaba al Frente. Como resultado de las elecciones de 1984 el FSLN obtuvo un voto favorable de un 67% para el candidato presidencial y vicepresidencial -Daniel Ortega y Sergio Ramírez- y de 61 de los 96 diputados. No hay datos fiables sobre la popularidad del gobierno en los próximos años, pero si se tuviera que estimar el voto en la segunda mitad de los años ochenta llegaría siempre por encima del 50% -hasta 1989 y 1990.
El manejo de la Revolución
Fue puesto en manos de la Junta de Reconstrucción Nacional -una jefatura de estado colegiada por cinco personas y coordinada por Daniel Ortega- y un nuevo gobierno compuesto por comandantes y civiles simpatizantes. Sin embargo, la relación entre la Junta, el gabinete y la dirección nacional del FSLN era delicada. Como Daniel Ortega era el coordinador de la Junta; parecía natural que también él, fuera el coordinador de la dirección nacional. Los nueve comandantes que integraron este órgano habían tenido el poder real dentro del FSLN. Sin explicita discusión al respecto se sintieron legitimados de seguir dirigiendo la Revolución Sandinista después del triunfo, sobrepasando la Junta y el gabinete. En las reuniones de la dirección nacional fueron tomadas las decisiones realmente importantes: sobre el nuevo ejército y la nueva policía, sobre la seguridad del Estado, sobre los cambios en la economía, sobre la formación de las organizaciones populares, sobre la asesoría procedente de Cuba, sobre la relación con los EEUU, con los países socialistas, etc. La aristocracia guerrillera, creada en las primeras asambleas del FSLN en mayo y septiembre de 1980 tuvo cuatro categorías: comandante de la revolución -los nueve miembros de la dirección nacional-, comandante guerrillero -unos treinta, tres de ellos mujeres-, la primera promoción de militantes -unos 130- y la segunda promoción de militantes -unos 170. Los cuarenta comandantes de la revolución se fueron situando en los puestos claves, como ministros o viceministros, en el propio partido y en las organizaciones populares. Los integrantes de la primera y la segunda promoción de militantes obtuvieron generalmente posiciones estratégicas en el sector público nacional y municipal o en las organizaciones populares.
La columna vertebral tanto del nuevo ejercito, el Ejército Popular Sandinista (EPS) como de la nueva Policía fueron los combatientes de la lucha guerrillera y los milicianos de las insurrecciones urbanas de 1978 y 1979. El EPS era a la vez fuerza armada del Estado y asociación partidaria; la nueva policía era igualmente organización del orden público e institución partidista. El EPS fue formado rápidamente y con mucha asistencia técnica cubana–gratuita. Para armamento y equipo se llegó a la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia. También en el ministerio del Interior formaron unidades especiales de combate.
Planes de la Juntade Reconstrucción Nacional
Una de las primeras medidas decretadas por la Junta de Reconstrucción Nacional era la expropiación de los bienes de Somoza y sus colaboradores más próximos. Casas y fincas expropiadas fueron repartidas entre quienes se habían distinguido en la lucha armada. La gran mayoría los bienes y de las empresas confiscadas fueron transferidas hacia los nuevos sectores de la “economía mixta”: al Área de la Propiedad del Pueblo (APP) y al sector de cooperativas en el agro. Una Reforma Agraria fue lanzada. En 1988, el “sector reformado” comprendió el 40% del área rural nacional.
El gabinete económico fue liderado entre 1979 y 1990 por Sergio Ramírez, destacado escritor y novelista que cumplió este cargo al margen de sus tareas como vicepresidente. En la práctica diaria un conjunto de ministros ejecutaba sus propias políticas. El resultado fue un innegable enredo con múltiples laberintos de decisión en un ambiente en el cual, cada ministro o responsable trató de prevalecer sus ideas, sus políticas y su modo de pensar. Durante los años ochenta hubo un acelerado endeudamiento externo e interno por varias razones: por gastos en equipo bélico; por la financiación de una serie de megaproyectos que resultaron ser proyectos fantasmas; por la práctica de condonar las deudas en cada ciclo agrícola; por el tratamiento favorable de las cooperativas; y por las pérdidas del sistema cambiaria: Nicaragua llegó a tener unos 200 tipos de cambio entre 1985 y 1990. Las perdidas cambiarias se movieron entre un 5% y un 27% del PIB anual entre 1982 y 1988. El déficit fiscal llegó a representar hasta un 30% del PIB.
Nicaragua había sido rápidamente dependiente de los países socialistas europeos y de Cuba. Los Estados Unidos no sóla financiaron la oposición armada anti-Sandinista sino también coordinaron un bloqueo económico efectivo. Sin los créditos, el petróleo, la maquinaria y los bienes de consumo alimenticio soviéticos y los países asociados a Nicaragua ya no podía sobrevivir. Los gobiernos de Europa Occidental –con la excepción de Suecia y de Holanda- se formaron por lo general la opinión de Washington. Se dificultó también, no en último lugar por instigación de los EEUU, la relación con la banca multilateral, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica.
La guerra de la Contra
A pesar de la inmensa popularidad del gobierno Sandinista, en los primeros años también hubo un proceso de alienación de instituciones y segmentos de la sociedad nicaragüense. El primer paso se dio con la salida de los dos miembros no sandinistas de la Junta de Gobierno cuando el Frente en 1980 nombró sucesivamente más miembros de la aristocracia revolucionaria en puestos vitales. También el COSEP - Consejo Superior de la Empresa Privada- se distanció del gobierno por ser adverso de las reformas de la propiedad y las expropiaciones. Algunos partidos y organizaciones menores desaparecieron de la escena política, para integrarse luego en algunos movimientos dispersos de la oposición. De ahí se formó la médula política que posteriormente se uniría, más o menos unificada, con las fuerzas militares de la Contra.
Se alienó también la conservadora jerarquía de la Iglesia Católica, hecho contundente en un país de fieles creyentes. El ritmo y el camino de la Revolución, el énfasis que recibió la “iglesia de los pobres” en la prensa oficial –las Comunidades de Base de los sacerdotes progresistas, ahora llamados “cristianos revolucionarios”-, la presencia de cuatro sacerdotes en puestos claves fueron provocando gradualmente, más irritación de parte del episcopado conservador nicaragüense. La visita del Papa a Nicaragua en 1983 significó la ampliación de la herida. La jerarquía eclesiástica organizó un mitin y el Frente ordenó otro mitin a la misma hora. Así se hizo visible una línea divisoria del país a raíz de la religión.
Si este conflicto ideológico era ya muy serio. Todavía más grave era el distanciamiento de la gente del campo, especialmente de una considerable parte de los agricultores y ganadores y hasta pequeños campesinos. Su adversidad se transformó paulatinamente en hostilidad abierta de parte de los diferentes pueblos étnicos de la Costa Atlántica. En la medida que el Frente estaba avanzando con la integración popular en todo el territorio nacional, comenzaba a chocarse con otras visiones que eran basadas de culturas ajenas al ambiente urbano, sobre todo en los departamentos norteños. El Frente subestimaba también las diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas y culturales de los pueblos en la región del Atlántico. La intransigencia con la cual el Frente aplicaba el modelo de incorporación, de integración y asimilación forzosa a las estructuras prevalecientes Sandinistas en general y de la Reforma Agraria en particular, llegó a una alienación tan profunda que una buena parte de la población rural finalmente optó por juntarse a la Contra.
La guerra de la Contra contaba con por lo menos 20.000 combatientes nicaragüenses allegados a la Contra; 300,000 efectivos participando en operaciones de contrainsurgencia. No cabe duda que fuentes externas propiciaron el inicio, dieron dirección a la organización militar y procuraron la expansión de la guerra.
Ayuda externa
El primer país que otorgó asistencia militar fue Argentina; posteriormente llegaron expertos de la CIA. En febrero de 1982 la CIA informó al Congreso que ya disponía de 2,000 hombres; en diciembre de 1982 el número de tropas había crecido a 4,000. Con el apoyo moral del COSEP y de la jerarquía católica, la CIA unificó una plataforma política de la resistencia anti- Sandinista, el FDN (1982) –en 1985 refundada como UNO. La Contra unificaba tres segmentos de combatientes: los MILPAS (milicias campesinas), operando con bases de apoyo en Honduras; ARDE, dirigida por Edén Pastora –ex-líder Sandinista- y operando con bases de apoyo desde Costa Rica en el “Frente Sur”; y MISURASATA, una fuerza agrupando los pueblos Miskito, Sumo y Rama de la Costa Atlántica. En 1984 ya solamente el FDN contaba con 16,000 efectivos, el Frente Sur con 7,500 oficiales y tropa.
En los primeros meses de 1984 la Contra había logrado obtener una hegemonía militar en algunos territorios del interior. Hubo discusiones prolongadas entre los miembros de la dirección nacional y los líderes del EPS, todavía contando con tropa voluntaria. Los militares exigieron un cambio fundamental del reclutamiento: en vez de tener un ejército de voluntarios crear un ejército en base de servicio militar obligatorio de dos años, para todos los ciudadanos jóvenes. También se produjo un cambio en la conducción de la guerra con consecuencias de largo alcance para la situación militar -el EPS ganó la guerra de la Contra- y el partido -el Frente perdería las elecciones de 1990.Entre 1983 y 1988 el ejército regular duplicó el número de combatientes: de 40,000 a 80,000. Para apreciar esta cantidad hay que darse cuenta de que el volumen total de los empleados públicos era 75,000 en 1980 y 95,500 en 1989. Los gastos de defensa subieron explosivamente: en 1980 comprendían alrededor de 20% del presupuesto nacional; en 1987 el 46% y en los siguientes años el 50%. El total de daños entre 1980 y 1988 era de US$ 17.850 millones, de los cuales eran US$ 9.807 millones por concepto de daños económicos, US$ 1.933 millones por concepto de incrementos de gastos de defensa y seguridad y US$ 1.806 millones por concepto de los muertos y heridos.
La contrainsurgencia
Las campañas de contrainsurgencia del EPS y de las tropas especiales del ministerio del Interior tenían las características de toda contrainsurgencia: violencia acompañada por regalos y regalos acompañados por la violencia. El campesinado recibió tierras, pero a costa de grandes destrucciones, sin contar los muertos y heridos a ambos lados. En 1986 alrededor de 250,000 personas fueron y desplazadas a la fuerza. Según fuentes oficiales, el número de muertos de ambos lados era casi igual: más de 32,000 del EPS y la población civil y más de 29,500 de la Contra y sus bases. El total nacional de muertos entre 1980 y 1989 llegó ser oficialmente 61,826, el 60% caídos entre 1986 y 1989. En marzo de 1988 se llegó a un alto de fuego preliminar en Sapoa, ciudad fronteriza con Costa Rica. Si bien el saldo militar de la guerra de la Contra era una victoria Sandinista, el precio del triunfo fue inmenso. En sus consecuencias la victoria era desastrosa: el desgaste económico, social y político de la guerra era tal que se desangró la Revolución.
La derrota electoral
En 1988 y 1989 Nicaragua era realmente pobre. La pobreza era un rasgo general del país, compartido por la gran mayoría de la población. El ingreso real había caído drásticamente. El mal manejo de la economía, los gigantescos costos de la guerra y el endeudamiento creciente terminó decidiendo que el camino era la vía inflacionaria. En 1986 la inflación ya era de tres dígitos: 747%; en 1987 alcanzó el 1,347%. El año 1988 era de una hiperinflación galopante de 33,548%. El proceso hiperinflacionario siguió en los próximos años: 1,689% en 1989 y 13,490 en 1990. Además, durante estos años el gobierno Sandinista lanzó un ajuste económico cuyo impacto aumentó la pobreza de manera considerable. El ajuste consistía en la “compactar” el sector público, implicando una reducción de ministerios y la desaparición de generales enteros o entidades descentralizadas hasta la mitad. El resultado neto fue un aumento considerable del desempleo, esta vez entre los miembros y los simpatizantes del propio Frente. En los últimos años del gobierno sandinista se perdió, prácticamente, la noción del dinero. El gobierno distribuía equitativamente a toda la población un paquete alimenticio absolutamente mínimo dentro de la economía de guerra, el “paquete AFA”: arroz, fríjol y azúcar racionalizado para cada miembro de una familia. El descontento popular crecía. El público comenzaba responder con resistencia pasiva y el gobierno respondió con medidas extremas: confiscaciones arbitrarias, la prohibición de transitar frijoles y productos del campo a la ciudad, arresto por ser “contrarrevolucionarios” de pequeños campesinos y comerciantes informales que trataban de vender sus pocos productos en el mercado negro. Pero a pesar del descontento, el gobierno seguía organizando marchas y mítines a una considerable parte de las masas populares.
Últimamente no fue la hiperinflación y la pobreza compartida por la gran mayoría de la populación que dejó caer el gobierno sandinista. Pero era la desesperación popular por la prórroga de la guerra, la secuela de los muertos, los heridos, los mutilados, la continuidad del Servicio Militar Patriótico –“patriótico” era en este tiempo sinónimo de “obligatorio”- sin expectativa de una razonable solución, que al fin y al cabo pavimentó la caída del régimen. La euforia de los primeros años era del pasado, de mucho tiempo atrás. Se comenzó a percibir un cansancio, un desencanto, una desilusión.
En abril de 1989 se llegó un acuerdo entre todas las fuerzas opositoras del gobierno sandinista para formar una amplia coalición política –hasta el pequeño Partido Comunista participó-, llamada la Unión Nacional Opositora (UNO). Violeta de Chamorro fue convencida para liderar la campaña de la oposición; su yerno, Antonio Lacayo, actuó como jefe de campaña y administrador del futuro gabinete. El resultado de las urnas sorprendió a la mayoría de los observadores y analistas. La población había votado con los pies y la victoria llegó a la UNO con el 55% de los votos válidos, contra un 41% para el FSLN. Con la derrota electoral terminó el último sueño al socialismo del siglo XX.
La transición
El gobierno de Violeta de Chamorro y su yerno Antonio Lacayo era en muchos aspectos un gobierno en búsqueda de una “normalización”. Se enfrentaron a una situación poco atractiva: la economía era de una hiperinflación enorme que estaba en su tercer año; el partido del gobierno UNO era un conglomerado muy heterogéneo por aglutinar fuerzas anti-Sandinistas. El Frente contaba con el 40% de los diputados; y las fuerzas del orden eran claramente de tinte Sandinista, mientras las fuerzas de la Contra todavía no habían sido desarmadas. El sector público contaba con empleados públicos mayoritariamente miembros del Frente.
Ex-presidente Carter, presente como líder de los observadores internacionales de las elecciones, actuó para organizar una reunión entre Lacayo y una delegación Sandinista. Rápidamente fue convenida la transformación del ejército y la policía Sandinista –y la reducción considerable de su personal- en cambio por la continuidad del mando militar[1] y policiaco y el desarme seguido por la integración –acompañada por una donación de tierras- a la Contra. Inmediatamente después se arregló formalmente la paz. Convenida fue también la posibilidad de arreglar mediante legislación acelerada. Durante los meses de febrero hasta abril de 1990 –entre las elecciones perdidas por el Frente y la toma de poder por la nueva presidente- la titulación de bienes adquiridos y transferidos durante la Revolución. Se trataba básicamente de títulos de propiedad agraria a cooperativas y de parcelas urbanas a pobladores pobres y a ex-combatientes y ex- milicianos. Pero algunos comandantes y muchos funcionarios se aprovecharon de la oportunidad de hacerse dueño de vehículos y medios de transporte, casas y muebles, y en general posesiones del Estado. Este reparto de transición llegó ser conocido como “la piñata de Daniel [Ortega].” En algunos ministerios –Relaciones Exteriores; Interior; Economía, Industria y Comercio- equipos de abogados se dedicaron durante semanas a legalizar estas transferencias. Además algunos ministerios fueron entregados a los nuevos ministros sin personal, archivos, muebles, lámparas, etc. El guardián nocturno les entregó el organigrama y salió de su casa. Había comandantes que entregaron títulos urbanos alrededor de sus mansiones para poblar “su” barrio con gentes, formando un “escudo vivo” de compañeros leales.
La “normalización de la economía” exigía despidos a gran escala, indemnizaciones a dueños por confiscaciones, emisión de tierras a excombatientes anti-Sandinistas y, sobre todo, la reducción acelerada del Ejército Popular Sandinista (EPS) que en 1990 contaba con 80.000 efectivos y unos 200,000 reservistas. Los reservistas se fueron a su casa para buscar empleo en un mercado deprimido. Los integrantes del EPS –reducido de 80,000 a 12,500 en un año- fueron despedidos casi sin compensación. Gran parte de las cooperativas y asociaciones colectivas en el terreno agrarios fueron individualizado y parcelado a dueños individuales. Pero por el mal estado de la economía y la falta de crédito durante muchos años del gobierno de transición se produjo un proceso de venta de tierras agrícolas, ganaderas y cafeteras. Una nueva élite pudiente y una nueva clase media rural emergieron, compuestas también por ex-migrantes políticos de los años ochenta que regresaron de Miami.
El gobierno desde abajo
Al salir de la presidencia en 1990, Daniel Ortega declaró que desde luego “gobernaría desde abajo”. Su gobierno desde abajo duró 16 años. Ante la inestabilidad de la UNO que rápidamente se fragmentó, el gobierno tenía que negociar con el bloque más unido del FSLN para poder gobernar. El FSLN controlaba en gran parte las asociaciones populares y una buena parte de los asociaciones laborales –de transportistas, médicos, paramédicos, profesores y estudiantes-. La hiperinflación fue dominada por medidas de ajuste con poca compensación y escasos créditos. La continuidad de la pobreza y el descontento por los despidos a gran escala daba el campo libre para protestas populares. En 1991 y 1992 dos asonadas Sandinistas en Managua dejaron temblar el gobierno. Por fin el ejército mandó tropas y tanques a reestablecer el orden.
Otras expresiones del descontento eran más violentas. Ex –combatientes de la Contra –identificándose como “recontras”- pero también ex–oficiales, ex–subalternos y ex-soldados del EPS –que se llamaron recompasa- se alzaron en armas. As veces los grupos de ex-adversarios se juntaron para operar unidos bajo el nombre de “re-vueltos. Asaltaron bancos y distribuyeron el dinero a la población. En cierto momento ocuparon Estelí, la tercera ciudad del país, matando a la policía del municipio. El ejército reestableció el orden, ganando prestigio como “fuerza leal” y autonomía institucional.[2] Esta situación de bandalismo social y violencia perduró hasta 1997 cuando las últimas bandas fueron desarmadas.
La transformación de la vida política
El panorama político se transformó a mediados de los años noventa cuando se re-estructuro el Partido Liberal –heredero de Somoza- bajó el liderazgo de Alemán, caudillo político de la derecha con una plataforma de voto entre un 35% y 45%. El FSLN, con un voto de un 35%–40% se consolidó al otro lado del espectro político bajo la jefatura de Daniel Ortega, otro caudillo. Había logrado un dominio personal sobre el partido del cual desertaron los comandantes más decentes en el curso de los años para juntarse en un –relativo movimiento neo-Sandinista. Con algunos confidentes ultra-leales[3] estableció un conglomerado económico-político: Se transformó en el líder máximo del Frente y el eterno candidato a la presidencia, perdiendo las elecciones de 1996 y 2001 pero siempre manteniendo el control sobre municipios grandes, organizaciones populares y parte del sector público. Su imperio económico resultó por una serie de pequeñas piñatas, expropiaciones y cambios de propiedad en bienes del Frente, asimismo donaciones regulares de parte de “empresarios Sandinistas”, cuyo capital inicial había sido transferido durante la piñata de 1990. Aparentemente el clan de Ortega controlaba supermercados, inmuebles, bloques de apartamentos, shopping malls y empresas de telecomunicación, radio y TV.
Se consolidó el poder político del círculo alrededor del “comandante Daniel” por un pacto político entre caballeros: Alemán y Ortega negociaron la división de puestos estratégicos dentro del sector público, especialmente creando “apoyos Liberales” y “apoyos Sandinistas” en las cortes principales. Así fue como Alemán sobrevivió a un proceso de corrupción a gran escala; así mismo Ortega evitó un proceso por incesto, debido a una relación larga con su hijastra Zoiamerica, legalmente adoptada como hija durante la relación. Su esposa Rosario Murillo apoyó a su marido en público y ganó gradualmente poder político en el Frente. Murillo contribuyó también a un entendimiento con la jerarquía católica, durante los años ochenta, absolutamente hostil al FSLN. Ambas partes coincidieron en el tema de “paz y reconciliación” y en un conservadurismo moralista, el Frente apoyó a la ideología eclesiástica y la jerarquía católica predicando los lemas del Frente sobre “paz y reconciliación” en los sermones dominicales antes de las elecciones. También con las iglesias evangélicas hubo un acercamiento.
El “pacto” con los políticos liberales y con los estamentos religiosos fue ampliado en los primeros años del siglo XXI con la élite económica. El liderazgo del Frente ya pertenecía gradualmente a la buena burguesía y había un sobre-entendimiento que –cuando el FSLN llegaría al gobierno- no afectaría radicalmente a la propiedad privada. Ortega y Murillo se reconciliaron también en privado y en público con muchos adversarios políticos. Hasta con los líderes de la Contra, utilizando la ruptura del Partido Liberal cuando Bolaños, ex–vice-presidente de Alemán en 2002 asumió la presidencia, negoció con el nuevo y el anterior presidente un cambio en la legislación electoral, permitiendo la elección en primera ronda cuando un candidato obtuviera más de un 35% de los votos y más de un 5% de diferencia con el candidato siguiente. Contando con su voto de un 35% y presentándose hábilmente como estadista maduro, predicando la paz y la reconciliación y pidiendo agradablemente “poder gobernar una segunda vez en paz”, Ortega lanzó una campaña de sonrisa y sin debate, ganando las elecciones de noviembre de 2006 con el 39% de los votos y asumiendo la presidencia en enero de 2007.
Referencias bibliográficas
Flakoll, D. J. y C. Alegría (2004) Nicaragua: La revolución sandinista. Una crónica política, 1855 – 1979. Managua: Anamá Ediciones ((2nd edition).
Dirk Kruijt. Guerrillas: War and Peace in Central America. London: Zed Books (2008, por publicarse).
Lacayo Oyanguren, Antonio (2005) La difícil transición nicaragüense. En el gobierno con doña Violeta. Manaugua: PAVSA.
[1] Humberto Ortega (comandante del ejército y ministro de Defensa) y Joaquín Cuadra Lacayo –familiar tanto de Violeta de Chamorro como de Antonio Lacayo- mantuvieron sus puestos. Violeta de Chamorro asumió al lado de la presidencia también el cargo de ministro de Defensa, delegando la ejecución del cargo a Lacayo que como ministro de la presidencia actuaba en hecho como presidente delegado.
[2] Cuadra Lacayo ejecutó esta operación personalmente, habiendo solamente consultado con [Humberto] Ortega, del cual en 1995 sería el sucesor como comandante del ejército. El gobierno fue informado posteriormente.
[3] Tomas Borge, ex–ministro del Interior, Bayardo Arce, organizador de las campañas políticas del Frente, y Lenin Cerna, ex–jefe de la seguridad del Estado.
*Autores: Artículo de Dirk Kruijt, profesor de la Universidad de Utrecht. Versión en audio bajo la coordinación, realización y producción de Sergio Acosta, con la colaboración de Eva Belmonte, José Zepeda y Jaime Báguena. Versión en la web de María Vaquero.
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