En toda América Latina hay dos líneas que influyen en el proceso de consolidación de la democracia. Hay que recordar que la democracia re-establecida en los años ochenta coincidió con una década de crisis económica y de programas de ajuste estructural. En el lenguaje de las instituciones de las Naciones Unidas, este período llegó a ser denominado como “La década perdida para América Latina”. Efectivamente, fueron años de re-estructuración económica y social con grandes consecuencias para las clase media, la clase obrera urbana, los pobladores de los barrios populares y la población rural.
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La urbe
La manifestación de nuevas formas de violencia no se explica por la existencia de regímenes dictatoriales o el funcionamiento de estados de terror, sino por la actuación de nuevos actores armados no–estatales. Quisiéramos enfatizar que mucho de los problemas por analizar se encuentran básicamente, aunque no exclusivamente, en el ambiente urbano. Algo lógico si se tiene en cuenta el hecho que tres de cada cuatro ciudadanos latinoamericanos vive en ciudades. Más aún, el ambiente urbano es donde se presenta, primero, la mayor concentración de la pobreza nacional y, segundo, la brecha social más grande y más resentida entre el bienestar de las élites e integrantes de las clases medias, y la precariedad de los pobladores de los barrios populares, de las comunas, de las barriadas, de las villas, de las favelas, donde se encuentra el denominador común de la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y la marginación de manera aglomerada en el sentido económico, social y espacial.
Aparentemente se nutren mutualmente en territorios urbanos cuando las autoridades del orden y de la ley se retiran o sólo están presentes en forma represiva: entrando con unidades especializadas en la lucha urbana, generalmente incorporadas dentro de las filas de las fuerzas policíacas. Es interesante observar como las fuerzas armadas, en general, son reincidentes en estar asociadas en la lucha contra estos nuevos actores violentos y privados. En toda América del Sur dejaron estas tareas represivas a la policía. Sólo tres países centroamericanos: El Salvador, Honduras y Guatemala, actúan junto con la policía, y eso tras una explícita solicitud del gabinete y del parlamento.
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Alfabeto Mara |
El PNUD lanzó en 2004 la idea de “ciudadanía de baja intensidad”, coincidiendo con la pobreza urbana y la informatización de la economía. Desde Monterrey en el norte de México hasta Puerto Montt en el sur de Chile, los informales y los autoempleados invadieron el espacio público en las calles. Invadieron, literalmente, los anillos de miseria que rodean los cascos urbanos. Al comienzo del siglo XXI, América Latina es el continente donde las partes más significantes de la población, en algunos casos constituyendo la mayoría, son a la vez pobres, informales y excluidos. La informalidad tiene también un rostro étnico: La etnicidad es un factor de disposición. Entre los mecanismos de supervivencia predominan lazos de etnicidad y de religión, relaciones de familia (reales o simbólicas) y de cercanía, en referencia al lugar de nacimiento o de pertinencia a los barrios populares. La economía y la sociedad informal están excluidas de un empleo estable, de un ingreso regular, de los sindicatos laborales, de la legislación laboral y del acceso a las instituciones sociales que suministran necesidades básicas como por ejemplo una vivienda.
Entre 1980 y 2002 el porcentaje de pobres en América Latina subió de un 41 hasta un 44%, de pobres urbanos de un 30 hasta un 38%, de pobres rurales de un 60 hasta 62%(CEPAL, 2006: 64). La pobreza hubiera sido todavía más grande sin los consecuencia de la migración externa y por tanto de las remesas familiares en los últimos quince años. El flujo de remesas a la región representó en 2004 alrededor de US$ 45 mil millones, cifra superior tanto a la inversión extranjera como a la asistencia total de los donantes. Además de fuerte un crecimiento en comparación con el año 2001 cuando el total de las remesas en América Latina era un poco menos de US$ 25 mil millones.
En el cuadro 1 se presentan datos sobre la consolidación de la economía informal y del orden social y cultural informal en la región. Estas cifras indican un proceso de descomposición de la clase y la reestructuración del orden social en toda América Latina.
Cuadro 1: Estructura del empleo urbano en América Latina, 1990-2003 (porcentajes)
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América Latina |
1990 |
América Latina |
2003 |
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sector público sector privado |
14 43 |
sector público sector privado |
14 40 |
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autoempleados empleados en microempresas servicio doméstico |
22 15
6 |
autoempleados empleados en microempresas servicio doméstico |
24 16
7 |
Fuente: elaboración de datos de OIT (2004: 97 - 101)
En palabras del antropólogo peruano Matos Mar (2004 [1984]), esta situación de pobreza y de exclusión está provocando un desborde popular. En su ensayó analiza el colapso de las instituciones que tradicionalmente funcionaron como el sostén del orden democrático: la decadencia de los partidos políticos, el desgaste del status del poder legislativo y del sistema judicial, el colapso, de los anteriormente poderosos, sindicatos de los trabajadores y el debilitamiento de las demás entidades de la sociedad civil como las cámaras de industria y comercio y los colegios profesionales de médicos, abogados, ingenieros etc.
Del desborde popular al desborde de la violencia: Exclusión, inseguridad y violencia
La ciudadanía informal tiene un rostro violento. La violencia no está solamente arraigada en la vida diaria de los pobres, sino que también era o es una característica de las prolongadas guerras civiles de los países de Centroamérica y de los países andinos. Colombia y Guatemala son, tristemente, dos ejemplos de cadenas de causalidad entre la violencia generalizada a nivel nacional con territorios de paz a nivel local. Sin embargo, la violencia nacional se ha traducido en múltiples formas de violencia a nivel local.
La Guatemala postbélica es atormentada por nuevas formas de violencia causadas por bandas juveniles, ex-fuerzas paramilitares que buscaron empleo en la criminalidad, y ex-fuerzas militares y de la policía que se refugiaron en la criminalidad y el trafico de drogas. En Colombia se ha institucionalizado el desborde de la violencia durante los últimos treinta años. El conflicto político también ha tenido consecuencias para la violencia relacionada con el tráfico de drogas y la criminalidad local. La guerra civil en este país está reproducida a escala en las micro-guerras de las áreas metropolitanas y las comunas urbanas.
La proliferación de las mini-guerras y de los actores armados (urbanos) involucrados en América Latina está relacionada con el fenómeno de los vacíos locales de gobierno. Estos vacíos se forman a raíz de una prolongada ausencia de las autoridades y representantes legales de la ley y el orden en áreas especificas. Es interesante puntualizar que en este contexto de violencia y de mini-guerras por el control sobre pequeños territorios (urbanos), las fuerzas armadas no desempeñan un papel significante.
Otro rasgo es la proliferación de la vigilancia privada: la policía privada, guardianes privados nocturnos en los barrios de la clase media e incluso en los distritos populares, serenazgos particulares, escuadrones especiales de protección, fuerzas inconfundibles de protección del sistema bancario y financiero, fuerzas de justicia privada, comandos paramilitares, escuadrones de muerte. Además, también podemos mencionar los nuevos actores armados en las favelas, villas, barriadas o comunas de miseria donde la autoridad local de facto es el traficante o el drug lord, quien da ordenes para los ajustes de cuentas, pero funciona también como proveedor financiero de las ONG en su territorio. En este contexto también hay que analizar el nuevo papel de las bandas juveniles criminales (maras) en Centroamérica.
En El Salvador, Honduras, Guatemala y en menor grado en Nicaragua las maras son oficialmente consideradas como amenaza principal de la seguridad nacional. Decenas de miles de jóvenes entre 12 y 30 años de edad pertenecen a una de las maras o pandillas juveniles, que tienen una presencia nacional macabra, por ser responsables de un 20%(en Guatemala) y un 45% ( en El Salvador y Honduras) de los homicidios del año 2003. En 2004 los presidentes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras firmaron un acuerdo para unir esfuerzos y combatir la violencia criminal juvenil, en operaciones conjuntas entre ejército y policía nacional.
Conclusiones
La exclusión social y los fenómenos asociados, como la pobreza, la discriminación y la informalidad conforman un contexto productivo para que puedan surgir la violencia y el terror en los segmentos pobres, marginados, separados de las metrópolis y las conglomeraciones urbanas grandes. El informe del PNUD (2004), citado anteriormente, sobre el estado de la democracia en América Latina, que hace uso de una gran encuesta por el mismo Latinobarómetro, nos informa que a fecha de hoy la mayoría de la población latinoamericana preferiría un gobierno de tinte autoritario que llegara encontrar una solución para la pobreza masiva. Esto contribuye a preguntarse sobre la estabilidad del orden político que implica la existencia de una ciudadanía de segunda clase.
La pobreza dentro de un contexto de violencia parece ser el mecanismo estándar de integración de los marginados urbanos. Los distintos segmentos de la población de América Latina sobreviven con una economía y sociedad informal donde se comparte la pobreza y la violencia diariamente. Muchos de los actores armados de esta nueva violencia son reclutados de las filas de los informales y los excluidos. Este fenómeno de la exclusión con violencia compartida por las masas de los pobres urbanos contribuye a la destrucción de los fundamentos morales del orden democrático. La violencia crónica, contribuye a la destrucción de la legitimidad del orden político. Es paradójico que algunos gobiernos latinoamericanos, como los líderes populares y las autoridades religiosas, han aceptado una coexistencia pacífica con los actores -no estatales- de la violencia, mientras que ellos no constituyan públicamente una amenaza para las autoridades políticas. La pregunta clave es, cuánto tiempo más la estabilidad del orden económico, social y político en América Latina puede ser garantizada en este precario equilibrio, entre niveles “aceptables” de exclusión y niveles “aceptables” de violencia.
*Autores: Artículo de Dirk Kruijt, profesor de la Universidad de Utrecht. Versión en audio bajo la coordinación, realización y producción de Sergio Acosta, con la colaboración de Eva Belmonte, José Zepeda y Jaime Báguena. Versión en la web de María Vaquero.
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