Las fuerzas paramilitares entran en combate sin pertenecer a los ejércitos regulares propiamente dichos. Sus funciones pueden ser dos: servir de tropas auxiliares (y actuar como fuerzas de soporte) o servir para ejecutar actividades para combatir fuerzas de guerrilla y atemorizar a la población -que simpatiza con esta guerrilla- durante campañas de contrainsurgencia. Por lo que actúan como tropas de choque disfrazadas bajo nombres como “fuerzas de autodefensa” o como “defensa civil contra el terrorismo”, o simplemente como escuadrones de muerte enmascarados, como organizaciones de contra-guerrilla.
 |
||||
|
Autodefensa Unidas de Colombia |
||||
|
||||
Las fuerzas paramilitares en Colombia
Tienen su origen en agrupamientos locales, financiados por las élites locales, para ofrecer “protección” contra el secuestro o la extorsión (por concepto de “impuestos de guerra”) de las diferentes vertientes de la guerrilla colombiana y, en general, para contrarrestar la influencia de las fuerzas insurgentes. Entre los que financiaban a los paramilitares se encontraron terratenientes, empresarios agropecuarios, ganaderos adinerados, mafias esmeralderas y narcotraficantes. Reclutaron entre los ex-licenciados pobres de las Fuerzas Armadas, que acabaron de terminar su servicio militar y que preferirían una prolongación de la profesión armada como miembros de pequeños ejércitos privados. También se insertaron otros profesionales de armas ([ex-] oficiales de la policía, [ex-] oficiales militares) y quienes habían sido introducidos a las armas y a la violencia por medio de bandas criminales o de protección de contrabandistas y narcotraficantes. A finales de los años ochenta muchos de estos grupos tenían una creciente alianza con capitales ilícitos. Se estimaba por ejemplo que en estos años el 70% de las actividades del grupo, alrededor de Carlos Castaño -principal líder de los paramilitares entre 1997 y 2004- provenía de la narco-economía.
En 1968 el gobierno colombiano promulgó una legislación específica para la creación de grupos de autodefensa bajo el auspicio de las Fuerzas Armadas. Los primeros grupos de tal “autodefensa” nacieron en la parte noroccidental de Colombia (Córdoba y Chocó). La línea entre la autodefensa, el ajusticiamiento, la extorsión y el terror ha sido siempre muy delgada. En 1981 carteles de narcotraficantes en Cali anunciaron en la prensa local la creación de grupos armados que combatirían la “delincuencia” y matarían a los familiares de quienes atacaran los secuestros de “empresarios”. Durante los años setenta estos múltiples conjuntos paramilitares se asociaron en entidades regionales, la mayoría de ellos directamente asociado y financiado por la economía clandestina. En abril de 1997 se creó una entidad nacional centralizada, llamada, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), presentándose como confederación política–militar como antítesis de las organizaciones guerrilleras. Las AUC se presentaron también con portavoces políticos y militares mediante sus líderes. Como Carlos y Fidel Castaño, Salvatore Mancuso y Ernesto Baez. Su coexistencia pacífica con las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas y los diferentes cuerpos de la policía, siempre han sido tema de controversias. En efecto, las fuerzas paramilitares, servían como instrumento por excelencia para combatir la fuerza guerrillera , aunque también como un instrumento irregular. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de la policía funcionarían de manera nítida en el ambiente formal del orden y la ley.
Evitando discrepancias
Es interesante saber que los combates directos con la guerrilla han sido relativamente escasos. En general las dos fuerzas evitaron confrontaciones entre si, limitándose a operar dentro de “sus” territorios y atacando solamente fuerzas de adversarios menores o preparando emboscadas. Buena parte de las actividades de las AUC estaba dedicada a la economía subterránea, como el tráfico de drogas, de armas o en el contrabando. En vez de enfrentarse frontalmente con la guerrilla seguían desarrollando operaciones de pequeña escala pero de carácter continuo, como los secuestros o la extorsión a pequeños comerciantes y empresarios. Gracias a su inserción dentro de la economía clandestina han adquirido propiedades de tierras agrícolas y ganaderas, en un proceso de contra-reforma agraria. Es asunto controvertido es el grado de influencia o de infiltración en las fuerzas del orden, especialmente en el DAC, el equivalente colombiano de la CIA.
Además, se estima que los líderes paramilitares también utilizan la influencia política, directa o indirectamente, habiendo mantenido un buen número de municipios bajo control en “sus” regiones y pudiendo contar con gobernadores, alcaldes y diputados.[1] Se sospecha –en base a informes periódicos de instituciones de Naciones Unidas y por ONGs de protección de los derechos humanos- que las AUC y las asociaciones paramilitares regionales y locales en las décadas anteriores, también han contribuido en asesinatos políticos de civiles considerados “adversarios”, ya sea por simpatía con la guerrilla o por no compartir una “ideología correcta”. También los refugiados de guerra fueron perseguidos como “aliados de la guerrilla”. Según fuentes oficiales de parte del gobierno, el 79% de los muertos y desaparecidos de la población civil víctimas de la guerra entre 1993 y 2000 viene por cuenta de las fuerzas paramilitares; el 16% se debería a las actividades de la guerrilla y 5% a las de las fuerzas del orden.[2]
Durante la primera presidencia de Uribe (2002 – 2006), que como gobernador de Antioquia había apoyado los paramilitares en la alianza con terratenientes, ganaderos y empresarios regionales, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de desmovilización con las AUC en 2003. Oficialmente, hasta diciembre de 2006 unos 30,000 efectivos (soldados miembros y sus comandantes) fueron desmovilizados, mientras que anteriormente se había estimado que la membresía de las AUC tenía un tope de unos 15,000 efectivos.[3] Gran parte de los integrantes consiguió un empleo por las armas en las numerosas bandas de “protección”, asaltantes y sicarios en el país. Mientras tanto los (ex-) comandantes paramilitares están consolidando su influencia política y económica.
Las fuerzas paramilitares en Guatemala
Llamadas patrullas de autodefensa civil (PAC) fueron el instrumento decisivo de la “solución guatemalteca” durante las campañas contrainsurgentes entre 1980 y 1995. Las fuerzas armadas incorporaron -generalmente de manera forzosa- a decenas de miles de campesinos, mayoritariamente indígenas Mayas en el occidente del país. Ya en los años sesenta, cuando la guerra se localizó sobre todo en la región oriental y Ladina del país, las Fuerzas Armadas habían tenido experiencia con la formación de entidades paramilitares contrainsurgentes compuestas por civiles anticomunistas. Pero cuando se trasladó el escenario de la guerra hacia el occidente y la guerrilla comenzó a gozar de la simpatía de la región Maya, el Alto Mando militar decidió la formación en masa de entidades paramilitares locales en 1981. Comandos locales fueron puestos bajo en mando de oficiales del ejército para erradicar la subversión por la muerte de cualquier posible simpatizante –adulto, joven o bebé-, la desaparición pueblos de enteros o masacres periódicas.
Esta orgía de destrucción y matanza se realizó sobre todo en las “zonas rojas” donde –según los analistas militares- ya no se podía hacer una fina distinción entre combatientes o simpatizantes. En pocos años, el número aproximado de “patrulleros civiles” se aumentó de manera explosiva de 25,000 (1982) a 700,000 (1983) a 900,000 (1984). Cuando el ministerio de Defensa en 2005 tenía que calcular el número de patrulleros que recibirían un pequeña pensión se llegó a un número astronómico de 1’200,000, mientras que la población nacional era unos 12 millones. De esta manera se transformó el país en un gran campamento militar donde el terror y el miedo reinó durante muchos años. En muchos casos la llegada de las PAC en comunidades locales iba acompañada con matanzas por “escuadrones de la muerte especializados”.
La reputación de terror generalizado por las PAC era tal que ni siquiera los militares salvadoreños –que también hicieron uso semi-abierto de fuerzas paramilitares y de escuadrones de la muerte- negaron a implementar una “solución guatemalteca”, comparándola con el resultado del uso de una bomba neutrónica. De manera diferente que en el caso de Colombia, el reparto del trabajo entre las fuerzas del orden (Fuerzas Armadas y los diferentes cuerpos de la policía y la Seguridad del Estado) y las fuerzas paramilitares, las milicias clandestinas anticomunistas y los escuadrones de la muerte tenían nexos abiertamente visibles. Hasta los representantes militares en la meza de negociaciones para la paz manifestaron una cierta vergüenza por la actuación de las PAC. Unos meses antes de firmar el acuerdo de paz en diciembre de 1996 el entonces ministro de Defensa decidió –tras un acuerdo con los líderes guerrilleros que anunciaron unilateralmente el cese de fuego- disolver las Patrullas de Autodefensa Civil.
Las fuerzas paramilitares en Perú
Fueron de otra variedad. Después de la aparición del movimiento guerrillero de Sendero Luminoso en Ayacucho (1980) gobierno de Lima esperó dos años para mandar las Fuerzas Armadas. Las primeras campañas militares fueron completamente represivas contra la población indígena. En 1983, un año después de la primera campaña antisubversiva de las Fuerzas Armadas en la región Quechua, los militares insistieron en la formación de “rondas campesinas” de autodefensa. Los primeros agrupamientos paramilitares fueron formados por la población Quechua que –con bastante razón- opinaba que los ronderos servían como carne de cañón para proteger las unidades militares. El ejército consideraba a las comunidades indígenas que no se incorporaron como pro-guerrilla, y Sendero Luminoso atacó indiscriminadamente a los ronderos -pésimamente armados- como si fuesen parte del sistema militar.
Pero hay una diferencia en el caso guatemalteco y peruano. En Guatemala la guerrilla gozaba de una clara simpatía por parte de la población indígena; en Perú, sin embargo, Sendero Luminoso estaba fácilmente inclinado a usar el arma del terror en contra de las comunidades campesinas. A finales de los años ochenta las Fuerzas Armadas empezaron deliberadamente a brindar más protección a “comunidades leales” y al entrenamiento y equipamiento de sus líderes.[4] A partir de la presidencia de Fujimori –que transformó hábilmente las rondas campesinas en “Comités de Autodefensa y Desarrollo”, legalmente reconocidos- la aportación gubernamental y el apoyo de las Fuerzas Armadas aumentaron de manera considerable el apego de las comunidades locales en la lucha contra Sendero Luminoso. En 1991 las rondas campesinas fueron incorporadas oficialmente como la “cuarta arma” de las Fuerzas Armadasal del Ejército, la Marina y la Aviación.
El número de ronderos –reclutados en gran parte por los propios líderes locales- creció en pocos años enormemente: de unos miles hasta 400,000 en 1994. Los líderes de las rondas tenían que firmar actas de disciplina y control y aceptar un poder titular de los comandantes militares –para prevenir una autonomía local de los comandantes comunales- por una inmunidad en ejercicio de sus funciones. En campañas mancomunadas con unidades especiales de las Fuerzas Armadas cercaron parte por parte las columnas dispersas de los Senderistas, para capturar –en 1999- a los últimos líderes guerrilleros. Poco tiempo después las rondas campesinas se disolvieron voluntariamente.
Perú es tal vez el país donde el uso de las fuerzas paramilitares, a lo largo de las dos décadas de guerra, ha sido relativamente oportuno. El reclutamiento, fue en su mayoría, voluntario y la guerrilla de Sendero Luminoso era –incluso más que la actuación de las fuerzas del orden- causante de la mayoría de las víctimas de la guerra
- Es un hecho confirmado por el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación en 2004. Pero en casi todos los países donde se originaron fuerzas paramilitares a gran escala, su desempeño ha sido caracterizado por abundantes violaciones de los derechos humanos, brutales actos de violencia frente a la población local y periódicas orgías de matar, quemar y aniquilar. En muchas regiones de los países que pasaron en la segunda mitad del siglo XX por períodos de conflictos interno, el fenómeno de los paramilitares comenzó a ser sinónimo de los escuadrones de la muerte.
Referencias bibliográficas
Avilés, William. ‘Paramilitarism and Colombia’s Low-Intensity Democracy’, Journal of Latin American Studies 38 (2) May 2006), pp. 379 – 408.
Fumerton, Mario. From Victims to Heroes. Peasant Counter-Rebellion and Civil War in Ayacucho, Peru, 1980 - 2000. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Hatun Willakuy. Versión abreviada del informe final de la comisión de la verdad y reconciliación, Perú. Lima: Comisión de la Verdady Reconciliación, 2004.
Leal Buitrago, Francisco. En la Encrucijada. Colombia en el siglo XXI. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006.
Rangel, Alfredo, eds. El poder paramilitar. Bogotá: Planeta Colombiana, 2005.
Remijnse, Simone. Memories of Violence. Civil Patrols and the Legacy of Conflict in Joabaj, Guatemala. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Romero, Mauricio. Paramilitares y autodefensas, 1982 – 2003. Bogotá: IEPRI – Planeta Colombiana, 2003.
[1] En un seminario en Madrid (25 y 26 de enero de 2007) el profesor Francisco Leal Buitrago mencionó que en 2002 alrededor de 35 % de los congresistas y de los alcaldes mantenían lazos con las AUN. También el director del DAS mantendría lazos directos con las AUC.
[2] Citados en Avilés (2006: 403).
[3] Una interpretación corriente es que contingentes de las AUC fueron dos o tres veces desmovilizados.
[4] Estas comunidades se encontraron en las zonas de cultivo de coca y podían permitirse la compra de armamento moderno.
*Autores: Artículo de Dirk Kruijt, profesor de la Universidad de Utrecht. Versión en audio bajo la coordinación, realización y producción de Sergio Acosta, con la colaboración de Eva Belmonte, José Zepeda y Jaime Báguena. Versión en la web de María Vaquero.
Etiqueta: America Latina, derechos humanos, economia, entrevistas, Holanda, latinoamerica, noticias, onu, paz, politica, radio nederland, unesco, unicef