Durante gran parte del siglo XX, las fuerzas armadas y los políticos militares han jugado un papel preponderante en muchos países de América Latina. En el marco de la guerra fría y apoyados por ideologías de seguridad nacional surgieron regímenes militares o cívico-militares en la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay y el Perú.
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Ni siquiera la democracia uruguaya, que por muchos decenios se caracterizó por la civilidad de sus instituciones y que gozaba de un envidiable sistema de seguridad social, pudo escapar al periodo de los gobiernos militares. En Cuba y Nicaragua se instalaron regímenes político-militares de ideología socialista que, en la práctica, optaron por excluir la voz de los movimientos políticos y de los actores sociales que operaban fuera del ámbito del partido único en el poder.
Llama la atención que durante todo el siglo XX las Fuerzas Armadas en América Latina raramente hayan tenido que enfrentarse con ejércitos externos en guerras regulares. Casi sin excepción, los enfrentamientos militares en el continente se han reducido a conflictos limitados, choques fronterizos o campañas de poca magnitud.
Guerras propiamente dichas se dieron entre Bolivia y Paraguay en los años treinta, entre El Salvador y Honduras a finales de los sesenta y entre Gran Bretaña y Argentina cuando, tras ocupar las islas, los ingleses mandaron una expedición militar a las Malvinas en los ochenta.
A mediados de la primera década del nuevo siglo se hace prácticamente inimaginable el inicio de guerras de larga escala entre Brasil y Paraguay, entre Argentina y Chile, o entre México y Guatemala, por nombrar sólo algunos ejemplos. Por el contrario, las batallas de los ejércitos en América Latina se han desarrollado casi exclusivamente en el terreno de "guerras internas" o en "conflictos irregulares" en contra de adversarios "subversivos" o "terroristas", como ha sido el caso de grupos guerrilleros o de campesinos insurgentes.
Los militares políticos
Efectivamente, el verdadero significado de las Fuerzas Armadas latinoamericanas yace en su naturaleza política. Durante los últimos doscientos años una carrera militar ha sido a menudo el camino más seguro para llegar a la jefatura del gobierno en países tan diversos como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Paraguay y Perú. Incluso en jóvenes naciones como Surinam, país independiente desde 1975, los militares han estado marcadamente presentes en la escena política hasta el año 1993. El significado real de las Fuerzas Armadas en América Latina es su peso político, que se expresa en las auto-asignaciones de roles como "fuerza estabilizadora", "árbitro desinteresado", "institución protectora de la Constitución", "vigilante del desarrollo nacional" etcétera. Como consecuencia, los estamentos militares sabían intervenir en asuntos políticos con inmunidad e impunidad. Con esta capacidad interventora, los militares ejecutaron "misiones estabilizadoras" en la área política. De tal modo, fueron diseñadores y ejecutores de "proyectos militares" o de "revoluciones desde arriba", dentro de sus respectivos países. Esto ha hecho que a menudo los generales hayan sido más bien políticos con uniforme que líderes de soldados.
En las décadas de los años ochenta y noventa y los primeros años de nuestro siglo, el sentimiento de descontento entre los militares respecto al funcionamiento de los gobiernos civiles generó cuartelazos e intentos de golpe de Estado en Argentina y Venezuela. En Brasil y Chile los militares manifestaron públicamente su desacuerdo sobre las reformas constitucionales, la política laboral y la de los derechos humanos.
Las Fuerzas Armadas peruanas apoyaron el autogolpe de Estado del presidente Fujimori en 1992, mientras que en Guatemala la Institución Armada estaba comprometida en el frustrado intento de autogolpe de Estado del presidente Serrano en 1993.
En otros países, viejos dictadores o líderes de conatos de golpe de Estado llegaron al poder a través de las urnas: el ex dictador Banzer fue elegido presidente en Bolivia, al igual que el ex coronel Chávez, anteriormente comprometido en dos intentos de golpe de Estado, llegó a la presidencia de Venezuela. Durante las elecciones peruanas de 2006, el ex teniente coronel Ollanto Umala, actor de un frustrado golpe, obtuvo el porcentaje más alto de votos durante la primera vuelta electoral. Ex general Ríos Montt, dictador durante los sangrientos años 1982 y 1983, fue elegido presidente del Congreso guatemalteco en 2000.
También el clásico pronunciamiento militar, que se diferencia de un golpe de estado en que se busca modificar el Gobierno pero no se tiene por qué terminar con el régimen existente, ha reaparecido en la escena latinoamericana. En Paraguay el entonces coronel Lino Oviedo participó abiertamente en el derrocamiento de la dictadura del ex-general Stoessner. Promovido a general después del golpe y ocupando posteriormente el cargo de ministro de Defensa se desempeñaba como portavoz de las ambiciones militares en la política nacional, hasta el momento en que se le acusó de estar involucrado en el asesinato del vicepresidente del país en marzo de 1999.
El jefe del Estado Mayor en Ecuador, el general Mendoza, manifestó públicamente su preocupación sobre la actuación del presidente Mahuad en noviembre de 1999. En enero de 2000, el comando conjunto ecuatoriano hizo un pronunciamiento militar. Es interesante destacar que los oficiales que participaron en este pronunciamiento apoyaron las exigencias de los líderes indígenas, evocando recuerdos a los gobiernos militares revolucionarios de tinte nacionalista-izquierdista del general Velasco Alvarado en Perú o del general Torrijos en Panamá en los años setenta.
La herencia de los ejércitos políticos
Los ejércitos políticos son instituciones militares que desempeñan un papel activo y, con frecuencia decisivo, en la política nacional, justificando esta actuación como una extensión legítima de su cargo profesional.
Los ejércitos políticos poseen unos rasgos característicos: una profunda identificación por parte de las Fuerzas Armadas con la razón de ser de la nación y con sus valores centrales, se atribuyen la protección de la integridad y el desarrollo nacionales, y la incorporación -siempre dentro de un carácter militar- que mezcla el destino de la nación y los intereses nacionales como una misión histórica de las instituciones militares.
Dicha idea sirve para enfatizar en papel de los militares latinoamericanos como "actores políticos empotrados" en contraste con explicaciones anteriores que pusieron más énfasis en factores estructurales como el proceso de modernización, las relaciones de clase y la dependencia externa e interna. Éstos son, sin lugar a duda, factores importantes para explicar las condiciones de la ingerencia política militar, pero no logran profundizar en la dimensión esencial e institucional del fenómeno, pues dichas explicaciones no prestan la suficiente atención al proceso de preparación, a la manera de actuar y a las estrategias de salida negociada de las dictaduras institucionales en las últimas décadas del siglo pasado.
La búsqueda por parte de las Fuerzas Armadas de un activo papel institucional en la política de los países latinoamericanos basada en una sistema de justificación, se encuentra íntimamente relacionada con el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, desde las últimas décadas del siglo XIX y que maduró durante todo el siglo XX. Desde el primer momento, los militares mostraron su afinidad hacia nuevas ideas que surgían respecto a la "formación interna" de la nación y con el desarrollo nacional. Como tendencia a largo plazo, las Fuerzas Armadas se manifestaron afines al logro de "objetivos nacionales permanentes" a través de ambiciosos proyectos políticos, tratando de no involucrarse con la política de facciones o intereses particularistas.
El noble papel de los protectores de la nación y del Estado en nombre del pueblo coincidía perfectamente con la visión de los militares de ser guardianes del bien común nacional.
Después de Segunda Guerra Mundial, las ambiciones militares tomaron forma en las ideas de seguridad y desarrollo.
En nuestra opinión, la constitución de los ejércitos políticos latinoamericanos ha sido el resultado de dos procesos que se han encontrado relacionados entre sí. Por un lado, se produjo la consolidación de un sistema de intervención y el fomento de las capacidades profesionales de los organismos militares. Por otro lado, se generó una "vocación militar" capaz de legitimar el "sacrificio castrense" en la construcción de la nación, que a la vez fue acompañada de los instrumentos necesarios de control y de apoyo político.
El segundo proceso contribuiría luego en la gestación del "seudo-partido" militar, cuando las instituciones armadas se convirtieron en un espacio organizado para la construcción de estrategias generales y de tácticas específicas para la ingerencia política o el control del Estado.
Gobiernos militares
Estos procesos llevaron en un gran número de países a largos períodos de gobiernos militares, terrorismo del Estado, violencia insurgente y guerras internas de baja intensidad. En este sentido, se pueden distinguir experimentalmente dos tipos de gobierno autoritario. Por un lado están los regímenes reformistas o "dictablandas", que no se caracterizaron por un uso sistemático de la represión política y del terror del Estado. Como por ejemplos los de Calles y Cárdenas en México, el Estado Novo de Vargas en el Brasil, el primer gobierno peronista en Argentina, el Velasquismo en el Perú y el Torrijismo en Panamá. Por otro lado, se encuentran regímenes de marcado perfil conservador que ejercieron una represión brutal y con una gran dureza sanguinaria. Dentro de este grupo podemos encontrar las dictaduras cívico-militares en el Brasil entre 1964 y 1985 con "moderada represión", por lo menos cuando se toma en cuenta el número relativamente reducido de muertos y de víctimas de tortura y desaparición.
Los gobiernos militares en el Cono Sur en la década de los años sesenta hasta ochenta y las tiranías militares durante las guerras civiles centroamericanas constituyen ejemplos de gobiernos extremamente represivos y de violencia abierta, basada en las diferentes versiones nacionales de la llamada "doctrina de la seguridad nacional".
En este último caso, tanto las fuerzas policiales como el sistema jurídico fueron subordinadas al control militar, para combatir los llamados "enemigos internos". El abuso y la violencia militar-policial se orientó principalmente contra los clases pobres y los excluidos de la sociedad. Todo eso llevó a que los militares no sólo se convirtieran en un actor político de control sino que, además, las instituciones armadas se vieron seducidas por el dulce sabor de apropiarse del poder por un período indeterminado. Las dictaduras institucionales crearon, cada cual en sus respectivo país, un aparato sistemático de control y de dominación que les permitió iniciar la ejecución de sus proyectos militares de transformación de la economía y la sociedad.
Como resultado de este proceso, actualmente podemos observar que el retiro de los militares de los gobiernos nacionales y de otros entes de poder tras el inicio de la transición democrática ha sido parcial y fue acompañado de una serie de garantías y condicionamientos. La estrategia seguida por casi la totalidad de los gobiernos militares ha sido la de negociar resueltamente con las demás élites políticas nacionales, tanto de manera abierta como encubierta. Estas estrategias de salida establecieron, generalmente en pactos entre caballeros con los principales actores del gobierno sucesor, un sistema de inmunidades, privilegios y autonomías institucionales.
Legados militares
Durante la fase final de los gobiernos cívico-militares y su posterior sustitución por gobiernos democráticos, comenzaron a gestarse nuevos espacios de acción para los militares políticos -esta vez no a la luz pública sino tras bambalinas-, que se expresaron en funciones de "asesores" y "enlaces" entre las instituciones armadas, los servicios de inteligencia y de seguridad, el sector público y el propio gobierno.
En la semioscuridad y detrás de las cortinas del escenario político, los militares han podido mantener una influencia clave en la actuación diaria del aparato del poder civil. Gran parte de la ambigua presencia de los "asesores obligatorios" y la vigilancia activa de los estamentos militares puede explicarse como el resultado de las estrategias de retiro institucional negociado que se dieron en la región. Generalmente hubo extensas negociaciones con los altos círculos civiles y las élites político-económicas.
En algunos casos también se contó con la presencia de representantes del sistema judicial en dichas negociaciones. En Uruguay, por ejemplo, las negociaciones entre los militares y los partidos políticos condujeron a la gestación de un pacto formal. En el caso brasileño el proceso de negociación se llevó a cabo de forma secreta e informal, pero el pacto se mantuvo vigente durante mucho tiempo. En Chile, Guatemala, Perú e incluso en Surinam, los militares concluyeron sus proyectos político-militares con la organización de una asamblea constituyente, seguida por elecciones formales. En estos casos se establecieron formulas institucionales e incluso constitucionales para formalizar los pactos que garantizaron la presencia prolongada de los militares en el escenario del poder. Esto se ha desencadenado en un periodo de diez a quince años en que se contempla la reducción gradual del co-gobierno cívico-militar y la acentuada presencia militar.
Sectores de control
Durante el período autoritario, el ejercicio del poder se basaba en cuatro sectores de control: sobre el sistema nacional de inteligencia, sobre las fuerzas policiales, sobre el desarrollo regional y la administración local en áreas remotas, y sobre el aparato legal y el sistema jurídico, que brindaba a la cúpula militar la solicitada inmunidad e impunidad. De estos cuatro aspectos, el control militar sobre los cuerpos de inteligencia y seguridad y el control sobre la policía eran los más importantes. Las guerras internas y anti-subversivas no podían ser realizadas por los gobiernos militares sin uso extenso de estos cuerpos y otros servicios paralelos, tales como la inteligencia militar, la seguridad del Estado, los diferentes cuerpos de la policía y los contingentes paramilitares. Los sistemas de inteligencia militar y de seguridad del Estado funcionaron como cerebro y espina dorsal de las operaciones anti-subversivas y se expandieron de tal modo que en la mayoría de los casos se hizo bastante difícil poder distinguir entre los vínculos oficiales y los extra-oficiales existentes con las unidades paramilitares. La creación de sistemas extra-oficiales de Estados de terror fue facilitada por la existencia de dichos vínculos.
Tras la transición democrática, la inteligencia militar ha sido generalmente incorporada al ámbito de los ministerios de defensa y se ha encontrado dirigida, como en décadas anteriores, contra los enemigos y adversarios internos del Estado. Tanto en situaciones en que se da un diálogo formal con los adversarios - caso de Colombia- como en los acuerdos de paz en Centroamérica. Sin embargo, se ha prestado menor atención a los instrumentos más ocultos del poder militar, a saber, los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado.
El dominio militar sobre las fuerzas de la policía se manifestó en el nombramiento de ex-militares como directores de las diferentes ramas de la policía nacional, o de generales o coroneles retirados como ministros del Gobierno o del Interior. En algunos casos -como ha ocurrido hasta hace poco en Guatemala y en Honduras- la policía dependía casi exclusivamente de la buena voluntad de la inteligencia militar y no tenía la capacidad propia de investigación en materia criminal o forense. Otro factor de permanencia en el poder es el hecho de que en muchos países de América Latina las Fuerzas Armadas -generalmente el ejército pero a veces también la marina- actúan como el único representante del sector público en áreas remotas y subdesarrolladas, es decir que aportan los servicios de médicos, enfermeras, dentistas, veterinarios, ingenieros, abogados y administradores, todos ellos pertenecientes a las ramas armadas. De esta manera se mantiene la tradición, y por tanto legitimidad, de incorporar las cualidades administrativas y la preparación para el gobierno, como parte de la carrera del oficial.
El nuevo papel de los militares
Un asunto íntimamente relacionado con el problema de las ventajas militares es la reformulación de "misiones militares", y la reorientación del papel de los militares. La misión militar y el papel deseado del oficial mantienen en la mayoría de los casos elementos del modelo del "guardián nacional", incluyendo intervenciones legitimas constitucionalmente, el rol de moderador y de vigilante del orden y de la estabilidad nacional, la acción cívica y la doble función de militar, con tareas castrenses pero también responsable del desarrollo nacional.
En donde sí se observan cambios es en el terreno de la percepción del enemigo. El contrincante típico de la época de la guerra fría era el "enemigo subversivo marxista". Posteriormente, el enemigo de la post-guerra fría comenzó a ser definido en términos más difusos pero siempre como una amenaza al orden y los valores nacionales: el narcoterrorista -por ejemplo, en Colombia-, el guerrillero maoísta - en Perú-, los movimientos de los pobres y los excluidos - o el movimiento de los Sin Tierra en Brasil- etcétera.
Otro problema crucial de las relaciones cívico-militares en la época que se da después de la dictadura es la manera en que las violaciones humanas, cometidas por las fuerzas regulares (e irregulares) de seguridad durante los años de la dictadura, son tratadas con el gobierno democrático. Durante las negociaciones de transición, los actos ilegítimos cometidos durante las "guerras sucias" por los altos mandos militares y por los oficiales de rango intermedio constituyeron un tema complicado de tratar. Antes de abandonar el poder, los militares intentaron institucionalizar un sistema de impunidad por medio de una Ley de amnistía anticipada. Este procedimiento tuvo como resultado que durante muchos años la legislación sobre las violaciones a los derechos humanos fuera extremadamente insatisfactoria. La existencia de esta legislación especial y la fácil transmisión de juicios de alta repercusión pública a la justicia militar produjo en la práctica una inmunidad de facto en Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras y Perú, entre otros países.
La costumbre de hacer uso de "jueces sin rostro" y la legislación especial que los propios militares se habían creado en países como Colombia y Perú contribuyeron a la tranquilidad institucional del sistema castrense ante las violaciones de los derechos humanos durante la lucha contra-insurgente y antiterrorista. La facilidad con la cual se delegaban juicios puramente civiles hacia las cortes militares indica también la situación privilegiada de que gozaban los militares, en términos de la posibilidad de justificación legal. Por último, el fin del sistema de una Ley que diferenciaba entre integrantes de las instituciones armadas y ciudadanos comunes y corrientes es una condición necesaria para que la democracia llegue a las relaciones cívico-militares. Un factor crucial para dicha democratización es la desaparición de la impunidad militar.
Referencias bibliográficas
Kees Koonings y Dirk Kruijt. 'La política militar y la misión de la construcción de la nación', in Kees Koonings & & Dirk Kruijt, eds. Ejércitos políticos. Las fuerzas armadas y la construcción de la nación en la era de la democracia. Lima : Instituto de Estudios Peruanos (Serie América Problema # 17), 2003, pp. 35 - 69.
Dirk Kruijt y Kees. Koonings. 'Fuerzas armadas y política en América Latina: perspectivas futuras', Iberoamericana. América - España - Portugal. Ensayos sobre letras, historia y sociedad. Notas. Reseñas iberoamericanas II (Nueva época), diciembre de 2002, # 8,
pp. 7 - 22.
*Autores: Artículo de Dirk Kruijt, profesor de la Universidad de Utrecht. Versión en audio bajo la coordinación, realización y producción de Sergio Acosta, con la colaboración de Eva Belmonte, José Zepeda y Jaime Báguena. Versión en la web de María Vaquero.
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