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El fracaso de las negociaciones entre Argentina y Uruguay por Botnia

Sergio Acosta

21-07-2008

Durante casi un año Argentina y Uruguay, a través del llamado Grupo de Alto Nivel, negociaron sobre el diferendo por la fábrica de celulosa de Botnia a orillas del binacional río Uruguay. Expertos, diplomáticos, técnicos y políticos se reunieron hasta 12 veces. El resultado fue el fracaso y el inicio por Argentina contra Uruguay de proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

 Chipeado de eucaliptus en Botnia, Fray Bentos, Uruguay.
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Escuche el programa Artículo 1 sobre las negociaciones y el fracaso de las mismas


Antes de llegar a la Haya, desde mayo del 2005 y casi por un año, en el seno del llamado Grupo Técnico de Alto Nivel, se intentó buscar una solución negociada. Las reuniones tuvieron lugar 12 veces. En las mismas participaron técnicos, expertos, diplomáticos y políticos.

Radio Nederland continúa con la serie de entrevistas sobre este diferendo. El lunes 28 de julio del 2008 concluye en la Corte Internacional de Justicia, con la dúplica uruguaya, la parte escrita del proceso. La dúplica no es más que una respuesta a la réplica argentina que fue presentada en enero del 2008.

Dos de los negociadores en el llamado Grupo de Técnico de Alto Nivel, antes de que se acudiera a la Haya, fueron el diplomático argentino Raúl Estrada Oyuela, ex jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la cancillería argentina y Alicia Torrres, máxima responsable de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay.

En el programa de Radio Nederland sobre derecho internacional y justicia, Artículo 1, emitimos una versión resumida de las entrevistas. Éste programa está disponible en esta página, tanto en texto como en audio, pero también puede encontrar las versiones completas del audio de las dos entrevistas al pie de cada foto.

 Raúl Estrada Oyuela
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Escuche la entrevista al embajador argentino Raúl Estrada Oyuela

Entrevista con el embajador Raúl Estrada Oyuela

Estrategia argentina en la negociación
El proceso consistió básicamente en pedir información de nuestra parte y en no obtenerla. La parte uruguaya, o porque no tenia la información, o no le interesaba, no nos pudo informar. En algunos casos pidió a la empresa ciertos elementos , pero nunca fueron resueltas satisfactoriamente las preguntas nuestras.

Esto fue avanzando y ya al promediar el tercer mes, casi al comenzar el cuarto, estaba claro que nos encontrábamos con una pared. Una pared que no quería dar información ni explicar la razón detrás de ciertas decisiones. Por ejemplo explicar las razones por las cuales se eligió una determinada ubicación que es original y no la más favorable. Las plantas de este tipo están ubicadas sobre grandes cuerpos receptores, sobre el mar si es posible, y acá se trata de un río de un caudal moderado, que además está perdiendo caudal.

Un río de 3000 a 3500 metros cúbicos por segundo, que no tiene capacidad para absorber esto. Eso es una cuestión que el Uruguay no explicó, tampoco se nos explicó en detalle cuál iba a ser el procesamiento de las aguas que se usaban, ni se nos explicó en detalle cómo se iban a tratar los gases que fueran a expedir, ni se nos explicó cuáles iban a ser las medidas para contener emergencias, porque en estos casos en cualquier industria puede pasar que hay una emergencia, y es necesario tener medidas de precaución. Finalmente, cuando publicaron después que las negociaciones se habían terminado, en cuanto al control ambiental descubrimos que el control lo ejerce la misma empresa.

Uruguay dice que se usa la mejor tecnología y que las emanaciones están dentro de lo permitido.
Decir eso es un error. Es cierto que a partir de finales de los años 90 en Europa se codificaron unos estándares, que se llaman "las mejores tecnologías disponibles". Esos estándares tienen una característica: no son únicos. Cada uno de ellos tiene una franja, por ejemplo si hablamos del uso de blanqueadores, la franja va desde el uso de dióxido de cloro en un extremo hasta el no uso para nada con el reemplazo por el ozono. En medio de todo esto hay que elegir cuál es la tecnología que mejor sirve de acuerdo con la localización de la planta. Y eso es lo que no se hizo. En el uso de los químicos uno tiene en un extremo el uso de los químicos propios del proceso KRAFT derivados del ácido sulfúrico, y si va avanzando hay otros procesos, también en el mismo renglón de rangos donde se usan químicos más benignos derivados de los ácidos sulfurosos.

Entonces, si me dicen que está en esas franjas, sí es posible, pero puede estar en el extremo malo, no en el extremo bueno, pero sobre todo no está en el extremo que debe ser elegido teniendo en cuenta la situación de la planta. Ése es el problema. Con respecto a lo que estas plantas producen, en este momento el Golfo de Finlandia esta contaminado de modo que si ese golfo se ha contaminado con estas industrias, debe ser porque contaminan bastante. No hay en Europa plantas nuevas con estos estándares, hay una en Alemania que la hemos tratado de seguir y analizar, y hemos llegado hasta el punto donde se enfrenta uno con el secreto industrial, pero lo que está pasando en Europa es que se levantan estas plantas y se instalan en regiones periféricas como en nuestro caso, donde los controles son más livianos. Además, el Gobierno uruguayo cometió tremendos errores. La propia autoridad uruguaya ha reconocido que no tenía capacidad para controlar el proceso. El análisis que hace la autoridad uruguaya del informe ambiental de Botnia es muy duro y negativo, sin embargo otorgan el permiso. Para peor otorgó permiso para dos plantas, una pegada a otra, tan malo esto que una de las plantas resolvió mudarse. De modo que todo esto está plagado de errores.

¿Existió en algún momento la esperanza de un acuerdo en las negociaciones?
Nunca existió. Fui a la negociación con la mayor esperanza porque Uruguay tiene en su tradición la misma posición que nosotros en cuanto a recursos naturales. Y sobre todo con respecto al río y a la protección del mismo. Eso lo hemos tenido en conjunto en mil oportunidades. A pesar de ese optimismo, nos encontramos con que la primera respuesta fue "mira, esto no lo sabemos, no lo tenemos". Y las sucesivas respuestas fueron siendo "esto no nos ha llegado, no ha venido, se va a saber después". No se trata de que se va a saber después, porque las características del impacto ambiental tienen que conocerse antes de empezar la obra. No se cumplieron las normas propias de Europa. En Europa si alguien va a construir una planta en un lugar limítrofe que va a tener impacto sobre otro territorio, se consulta a la comunidad del otro país. Esto no se hizo para nada.

Tras el fracaso, empieza la mediación de España
El Gobierno argentino hizo muchos esfuerzos para resolver esto. Hubo un esfuerzo bilateral. Tras este fracaso, el presidente argentino, al inaugurar el período de sesiones del Congreso en el 2006, hizo una invitación a Uruguay para negociar. Esta invitación se concretó 10 días después en Santiago de Chile en una conversación con el presidente uruguayo. Fuimos avanzando sobre esa posibilidad hasta que de pronto Botnia dijo que no quería. Es decir, la condición era que se pararan las cosas por un tiempo para ver qué estaba pasando, y después decidir. Cuando estábamos avanzando en esto, y estaba proyectada la reunión de los jefes de Estado, Botnia no quiso contribuir a esto. Después se hicieron más ensayos, y uno muy importante fue el de pedir la intervención del Rey de España. Y el Rey se encontró con la misma pared que nos habíamos encontrado nosotros.

¿Cuáles eran los cambios que estaba dispuesta Argentina a aceptar?
En realidad tenemos un Estatuto del Río Uruguay, que obliga a las partes a consultarse antes de iniciar un proyecto de esta naturaleza. Y eso es lo que no se hizo. ¿Qué hubiera pasado si se iniciaba el proceso? Eso pertenece al campo de las hipótesis. Lo que Argentina preguntó siempre es por qué ésa era la ubicación. Y de ahí en adelante no se obtuvo respuesta y pareció difícil avanzar. No existieron garantías de que se aplicarían los extremos más benévolos, ni las mejores tecnologías disponibles, y no había información sobre el control de los riesgos. En esas condiciones era difícil hacer una lista.

Tribunales internacionales: ánimos bajos en la parte argentina
En primer lugar, creo que el tipo del Tribunal Internacional de Justicia no es el más adecuado para resolver un conflicto de esta naturaleza. Éste es un conflicto con sus urgencias que no puede satisfacer el trámite del tribunal. En segundo lugar, hay una acumulación de los efectos que se van a ir percibiendo con el tiempo y se van a notar mucho más en 15 o 20 años. Es difícil pensar que el tribunal vaya a hacer lo que dijo, o sea ordenar desmantelar la planta, porque es una inversión importante. Hay plantas terminadas que no empezaron a funcionar. Lo grave es que Uruguay ha optado por tener su lugar de exhibición sobre el mar, en las playas de Punta del Este y alrededores, y su patio trasero contra nuestro territorio, y eso nos causa daño. Cualquiera sea el fallo de la Corte, no es aceptable causar daño ambiental sensible a otro país, impunemente.

¿Actuó bien Argentina en este proceso?
Yo creo que no. Argentina cometió mucho errores, que no voy a hacer explícitos ahora. Vamos a esperar que se complete el proceso. Pero Argentina no comenzó la actividad sobre este asunto en el momento en que debía haberlo hecho dentro de la CARU. No se hizo en ese seno lo que se debió hacer. Después hubo una confusión , creo yo, del canciller Bielsa, y más adelante hubo un excesiva confianza en el cumplimiento de las promesas electorales por parte del Gobierno uruguayo.

 Alicia Torres
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Escuche la entrevista a Alicia Torres, Directora Nacional de Medio Ambiente de Uruguay

Entrevista con Alicia Torres, Directora Nacional de Medio Ambiente de Uruguay

Argentina afirma que no se entregó la información requerida
Para saber la cantidad de información que se necesita, primero hay que pensar cuál es el objetivo que tenemos. Para el caso de Uruguay el objetivo era la performance ambiental de un emprendimiento productivo, como lo hacemos habitualmente. La legislación nuestra nos obliga en ese aspecto a tener la información pertinente para poder llegar a tomar esa decisión. Una vez que se tomó la decisión toda la información que existía en tal sentido - la información en base a la cual Uruguay tomó su decisión- fue brindada a Argentina. En su totalidad. Todo lo que llamamos "el expediente del trámite administrativo" que contiene toda la información que fue aportada, junto a todos los pedidos de información complementaria que se realizaron a la empresa , más todos los análisis y las conclusiones que hizo el organismo ambiental, toda esa información entera fue escaneda y colocada a disposición de la otra parte. A su vez, siempre que entregábamos información les preguntábamos: analizada esa información, ¿qué es lo que falta?

Argentina insistió en una respuesta sobre la ubicación de la planta
Nuestra legislación en ese momento no preveía la propuesta de diferentes alternativas de localización de los emprendimientos. Normalmente, un emprendimiento elige una determinada localización, y sobre esa localización es que nosotros requerimos la información, y analizamos si es ambientalmente viable o no. Nuestras conclusiones son contundentes en cuanto a la localización. Con la disponibilidad de recursos que existía y con las medidas de mitigación que tenia el emprendimiento, era ambientalmente viable en esa localización. Por tanto la conclusión a la que llegamos técnicamente sobre el emprendimiento era la misma que luego fue respaldada por todos los estudios técnicos que se hicieron a cargo del Banco Mundial.

Caudal y absorción del río Uruguay
Nosotros teníamos muy claro esto. Realizamos modelos de dispersión de los contaminantes en el río para diferentes escenarios de caudal del mismo, incluyendo el mínimo existente hasta el momento con la información histórica del caudal del río. Ese modelo daba que la dispersión era adecuada y por lo tanto se iba a cumplir con la normativa ambiental y con los estándares que tiene Uruguay en lo que se refiere a condiciones en los recursos hídricos. También evaluamos un modelo con la dispersión de los contaminantes en el aire. Preguntamos sobre los cuestionamientos de los modelos, si bien técnicamente se había acordado que los mismos eran lógicos y se habían llevado adelante con el análisis correcto. En una reunión técnica donde se evaluaba justamente el tema del agua, en el subgrupo del agua , el acuerdo inminente fue interrumpido por delegados de la cancillería argentina, que justamente no quisieron que esa reunión cerrara con un posible acuerdo.

Plan de emergencia
Tenemos un procedimiento en que primero se aprueba el emprendimiento para la construcción, y luego se exige una serie de condiciones para poder entrar en operaciones. En este caso, lo que usted llamó un plan de contingencia ante accidentes y otros casos, para nosotros es un requisito antes de habilitar la operación. Eso se exigen cuando solicitamos el plan de gestión de operación de la planta . Si bien había algún adelanto en lo que es el estudio de evaluación de impacto ambiental, nosotros lo exigimos antes de otorgar la autorización ambiental de operaciones, y así se hizo, por lo cual el plan de contingencia hoy está disponible. Y por supuesto el Gobierno uruguayo jamás iba a autorizar un emprendimiento que no cumpliera con un plan de contingencia como corresponde.

Fracaso de las negociaciones en el Grupo de Alto Nivel. Argentina dice que sólo después de terminadas las conversaciones Uruguay publica información importante, y que el control medioambiental lo hace la misma empresa.
Esa afirmación contiene verdades a medias. Por un lado, la información que estuvo disponible, siempre lo estuvo. Es más, la cargamos toda en la web para que no existiera ninguna duda. Todavía hoy están en las páginas de los ministerios. Esa verdad a medias es fácil refutarla con lo que existe, y para ello dan cuenta las actas de lo que se trató en cada una de las reuniones del grupo técnico de alto nivel. Con respecto a la pregunta de quién es el responsable del control de los emprendimientos, en el Uruguay son responsables las autoridades ambientales del Gobierno uruguayo, lo cual no quita que le exija a los emprendimientos el aporte de determinado tipo de información que es parte del proceso productivo. Esa información, el emprendimiento está obligado a entregársela a la autoridad ambiental. Por supuesto que ningún emprendimiento se deja librado a su autocontrol. Lo que se exige es que tenga un autocontrol de sus procesos productivos, y brinde toda esa información a las autoridades que tienen que analizarlas.

Licencia Social
Lo que tenemos nosotros en Uruguay que regula la relación entre los países es el Tratado del Río Uruguay. Nosotros creemos que éste era el ámbito en el cual se tenían que realizar las consultas y se tenían que aportar las informaciones. Creemos que recorrimos ese camino como estaba establecido y como históricamente se había hecho en las relaciones entre los dos países respecto del Río Uruguay. Esto no empezó en el día que se presentó la empresa Botnia. Lleva muchos años. Desde el año 1975 se vienen realizando actividades humanas que tienen afectaciones o que impactan de alguna manera, positiva o negativamente, sobre el Río Uruguay. Eso fue lo que guió la manera de proceder uruguaya sobre la comunicación, y así se planteó este emprendimiento en el ámbito de la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. En cuanto a los impactos sociales, sabemos que todos los emprendimientos lo tienen, por eso la legislación uruguaya, contrario a la argentina, establece los mecanismos de consulta pública que tienen que tener los emprendimientos.

Por ejemplo, una decisión que se tomó de lo que se escuchó en la audiencia pública fue establecer una comisión de seguimiento, o sea un ámbito participativo local con las autoridades, con los vecinos que viven más cerca del emprendimiento, y por supuesto una comisión abierta por si quería participar algún vecino argentino que representara alguna organización civil de la Argentina. La comisión de seguimiento del emprendimiento Botnia funciona regularmente todo los meses en Fray Bentos, y se le brinda toda la información de los resultados de las inspecciones y de los análisis ambientales que hace la autoridad ambiental.

Facilitación española
Ésa fue una propuesta del Gobierno argentino, que fue recogida y aceptada por el Gobierno uruguayo. Concurrimos a esa facilitación, recorrimos todos los temas que habían estado de alguna manera en la agenda del grupo anterior. Fuimos convocados los equipos técnicos que trabajamos a nivel del ámbito de la facilitación para preparar esa reunión de cancilleres y presidentes, en la que teníamos muchas expectativas de concurrir. Pero el grupo técnico de Argentina no concurrió en fecha, no trajo ninguna propuesta, no habilitaba la reunión de cancilleres, que finalmente salió con mucho empuje de la delegación española. En esa reunión de cancilleres vimos que ya no había más temas para seguir en este ámbito, y por tanto el presidente dijo que llegamos hasta este punto. En fin, no había razones para seguir por este camino y tampoco existía algo en la legislación uruguaya que impidiera la habilitación de un emprendimiento como éste, antes que esperar un no se sabe qué. Así se habilitó y se firmó la autorización ambiental de operaciones. Ahora seguimos en los procesos que ya existían a instancias de Argentina en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en los cuales seguimos trabajando y seguiremos esperando los resultados de ese proceso judicial.

¿Cree Usted que en este proceso Uruguay cometió errores?
Creo que se intentó aportar desde el punto de vista técnico y buscando la mejor solución. Creo que había posibilidades y márgenes para encontrar soluciones. Lo que es difícil valorar, y mucho menos después que ocurrió todo, es conocer el alcance de las voluntades políticas reales que existieron para llegar a un definitivo acuerdo.

En breve les presentamos en Artículo 1 y en nuestra web www.informarn.nl las entrevistas con los agentes legales de Argentina y Uruguay en el proceso en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, los doctores Susana Ruiz Cerutti y Héctor Gros Espiell. Se lo presentamos coincidiendo con el cierre del proceso de presentaciones escritas ante la corte, el 28 de julio del 2008, con la dúplica uruguaya.

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Etiqueta: Alicia Torres, Botnia, celulosa, DINAMA, Fray Bentos, Grupo Técnico de Alto Nivel, Gualeguaychú, Néstor Kirchner, papelera, Raúl Estrada Oyuela, Tabaré Vázquez

Opinión de los lectores:


Oscar N. Ventura, 03-08-2008 -

Complementando lo que dice Gus, el instrumental para medir dioxinas y furanos existe tanto en Uruguay como en Argentina, pero, entre otras cosas para brindar mayor garantías, los análisis se envían al exterior. Los resultados están disponibles públicamente.


Gus, 03-08-2008 - Uruguay

Guru: lo que allí vemos es que Viana hace uso de su derecho a presentar una demanda y nos felicitamos de ese derecho; estemos tranquilos, es el sistema funcionando. Lo bueno de un juicio es que lo sustancial no es la parte declarativa sino la de pruebas (en eso difiere con los blogs donde la verborragia se hace a veces anárquica), lo cual permite separar ordenadamente paja de trigo, no eternizarse en suposiciones, avanzar y obtener fallos fundamentados. A eso apuntamos ambos, estoy seguro, así que vamos por buen camino.


Guru, 31-07-2008 - Argentina

LEER DETENIDA y OBJETIVAMENTE ! --- http://www.diarioelargentino.com.ar/notas.php?id=46050&PHPSESSID=d08b9d45e936b69a59d24d8eb0d31d89 _____________________ JUICIO POR BOTNIA El juez aceptó las pruebas aportadas por el fiscal Viana _________________ Ayer el juez Civil de Segundo Turno del Uruguay, aceptó las pruebas presentadas por el fiscal, Enrique Viana contra el Estado uruguayo por la instalación de Botnia. Además, el magistrado fijó audiencia para los primeros días de noviembre para realizar la presentación de los testigos que serán parte de este juicio. La demanda formulada por Viana se radicó el 13 de setiembre de 2005 y básicamente se refiere al nivel de exigencia ambiental consagrado en el Uruguay como “Uruguay Natural” como principio de política ambiental y de interpretación jurídica (In dubio pro Uruguay Natural, puede decirse) y la “Reforma del Agua”, enmienda constitucional de octubre de 2004, aprobada por un 70 por ciento de la ciudadanía. Para Viana, “con esas dos disposiciones bastaba para que Botnia no pudiera instalarse en el país”. El fiscal también aportó prueba contra el Gobierno de la República por no tener los elementos necesarios para hacer un control a estas empresas. “La confesión de incapacidad surge también del escrito de la demanda donde hay una serie de declaraciones periodísticas transcriptas en especial de los sucesivos directores de la Dinama y del propio ex ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana”, referenció el fiscal. “Como anécdota, le digo que cuando me contestaron la demanda me dijeron algo así como que 'qué me pensaba yo, que ni en toda América Latina había el instrumental para medir dioxinas y furanos, que el Uruguay no tenía, por supuesto”, expresó Viana a EL ARGENTINO. La Fiscalía Letrada de la República que ejerce Viana presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo uruguayo, más precisamente contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), de acuerdo a la ficha 2-1507/05. Se trata de una demanda de juicio contencioso ordinario, anticipatorio o preventivo de daños contra el medio ambiente -pretención de protección del medio ambiente-, en la cual el fiscal busca que se declare responsables a los funcionarios que actuaron en la autorización a Botnia por la omisión en el cumplimiento de su deber fundamental de protección del medio ambiente. Para Viana, “los consecuentes requerimientos judiciales fueron desobedecidos. La Administración requerida, y ahora, demandada, se negó a hacerlo. Nada informó a la Justicia acerca del referido emprendimiento industrial, siquiera se animó a hacerlo someramente. Ni agregó los antecedentes reclamados; ni siquiera se dignó en aportar un simple testimonio a la Justicia”. Para el fiscal “la Administración Pública estaba constitucionalmente obligada a impedir que se realicen actos que ocasionen una contaminación grave al medio ambiente”. Sin embargo, “ha consentido y promovido la instalación de sendas industrias de celulosa dentro del territorio nacional, cada una de las cuales ocasionará la reconocida verificación de una serie de impactos negativos y de gran entidad para cierto hábitat del país”. La denuncia judicial del fiscal Enrique Viana -que aceptó ayer el magistrado- también sostiene que “el asentamiento en el país del emprendimiento industrial de Botnia deviene incompatible con los exigentes mandatos de Derecho Ambiental uruguayo, más aún lo es ante la inhabilidad para su control que la propia Administración demandada ha confesado, públicamente. A ello, se une que las mencionadas conductas de la Administración, de consentimiento y de promoción de ese emprendimiento industrial, transgreden, de modo flagrante aquél, su deber fundamental, de protección del medio ambiente. Justamente, al deducirse la presente demanda, lo que se procura es el pleno acatamiento de ese deber público y por parte del Sujeto de Derecho constitucionalmente obligado”. En cuanto a los hechos presentados por Viana en el expediente -al que accedió EL ARGENTINO-, se sostiene: 1) Que Botnia se instaló en Fray Bentos “y que a nivel científico mundial es plenamente reconocido que la denominada industria de pasta para papel es la industria que en el planeta más agua utiliza por tonelada producida, asimismo, es la quinta consumidora de energía, y se ubica entre las mayores contaminantes del aire y del agua, y también del suelo, así como es responsable de los gases que causan el cambio climático”. 2) “En la fábrica cuestionada el proceso industrial es el denominado Kraft (pasta química al sulfato), tipo ECF que supone para la cocción y el blanqueo de las astillas de madera la utilización de importantes cantidades de substancias químicas de alta toxicidad y actuando sobre los citados elementos vegetales; entre otras, y a saber: dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno, peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico, metanol, urea, etcétera. La sigla ECF, -"Elemental Chlorine Free"-, libre de cloro elemental, significa que, en el proceso, si bien no se utiliza el cloro en su estado molecular o gaseoso, sin embargo, sí se emplea dióxido de cloro. 3) La empresa ha desestimado la adopción del procedimiento TCF, "Total Chlorine Free", -totalmente libre de cloro-, o de un proceso o tecnología de fábrica cerrada, TEF, "Total Efluent Free", -totalmente libre de efluentes. Así, ha descartado la aplicación de cualquiera de las dos antes mencionadas tecnologías menos contaminantes. Ni ella ni la parte demandada han explicitado argumentos a ese respecto”. 4) “La motivación esencial del por qué se verifica la instalación de una industria de celulosa como Botnia en el Uruguay se compone, en realidad, de una cadena de razones que gira en torno al poderoso atractivo de la generosa existencia del clamado recurso natural agua dulce en el territorio del Uruguay. Es el agua dulce que está presente en la humedad de los suelos ricos del país y en las provisiones hídricas superficiales y subterráneas, y que alimentan a los eucaliptos, preparados genéticamente y plantados para consumirla con ferocidad y así crecer de mejor modo y en menor tiempo. Es el agua dulce del río Uruguay. Río Uruguay, que servirá cual notable aprovisionador de tal insumo clave en todo proceso industrial de celulosa y que todavía le será concedido en forma gratuita. Y es, también, el Río Uruguay como muy propicia vía de escape para los efluentes líquidos contaminados, que, inevitablemente, se generan en el mismo. Se da la trágica peculiaridad de que el hoy más escaso en el mundo, y por ello estimado, recurso agua dulce será empleado en grandes cantidades por estas industrias de celulosa y, enseguida, devolverán al río un alto porcentaje de lo consumido, pero no en el mismo estado, sino que desmejorado. Ya no será agua dulce, sino un líquido tóxico, envenenado, en un estado ambientalmente inferior. Y no olvidar: que el río y sus aguas son, por obra de la Naturaleza, a esa altura geográfica, bienes comunes o compartidos con la República Argentina”. Para Viana “resulta falso que Botnia se instalará con las más modernas tecnologías de última generación. Hoy, en la Unión Europea no se toleraría la instalación de una fábrica de celulosa como la que Botnia pretende asentar en el Uruguay”. Viana recuerda que en Alemania el proceso Kraft ha sido prohibido totalmente; que en Suecia se comenzó a prohibir las descargas tóxicas provenientes de pasteras y papeleras, y que lo mismo ha ocurrido en los Estados en la zona de los Grandes Lagos, en la frontera entre ese país y Canadá. Para Viana la conjunción o confusión de roles en la Administración demandada se ha tornado patente. “Quien tiene el deber de evaluar y controlar ambientalmente a una industria, se ha dedicado a cogestionarla, a facilitar y a promocionar su instalación en el país. Peor aún: garantiza tal instalación, la ha adoptado nada menos que como una política de Estado. Ello determina una inevitable ausencia de confiabilidad en las primeras y fundamentales actividades”. Y ahonda: “La demandada se ha convertido en socia de hecho de quien está obligada a controlar. Ha estado cooperando, gestando y facilitando el establecimiento y la actividad industrial de Botnia en el país. Ha abandonado así aquella imparcialidad u objetividad, condición indispensable para fiscalizarla en forma. Ante dicha industria y los habitantes de la República, se ha autoemplazado en una incompatible o inconciliable doble calidad: de Juez y Parte”.


Alfredo Ruiz, 22-07-2008 - Uruguay

Estimada María, la comisión de seguimiento se reúne en Fray Bentos, nada mas tiene que pasar al otro lado del río y del puente y ya esta. Eso si debe hacerlo caminando desde Arroyo Verde. Encontrar esa comisión es lo más fácil del mundo, aunque nunca casi ninguno de sus compatriotas argentinos ha querido hacerlo, y además si lo hace lo consideraran vendido a Botnia. Recuerde que la gente de Arroyo Verde y de Gualeguaychú no quiere aceptar a Botnia a ningún precio. Lo otro es que si en Arroyo Verde Usted siente malos olores y extraños perfumes, pues es posible, pero ahí en Arroyo Verde no vive nadie, solo los piqueteros, así que no podrá Usted pedir ayuda médica, deberá ir a Gchú. Saludos. (P.D. Puede llamar a la intendencia y le informaran de la Comision.)


maria, 22-07-2008 - Argentina

La señora Alicia Torres, Directora Nacional de Medio Ambiente de Uruguay se refiere en la entrevista a una comisión de seguimiento del emprendimiento Botnia agrega que se reúne una vez por mes y está abierta a ciudadanos argentino. Me gustaría saber cuando y donde funciona porque en el corte de ruta argentino, Arroyo Verde, se han percibido olores fuertísimos y extraños desde que Botnia funciona y nadie da explicaciones sobre estos hechos


Gus, 22-07-2008 - Uruguay

Me pregunto qué cara pondrán los jueces de la CIJ si deben leer alegatos como por ejemplo “...Con respecto a lo que estas plantas producen, en este momento el Golfo de Finlandia esta contaminado de modo que si ese golfo se ha contaminado con estas industrias, debe ser porque contaminan bastante”. Queremos creer que habrá más sustancia técnica en la presentación oficial. En la entrevista Oyuela sólo cita un único número y le erra en un 100% al caudal del río. Como para no “andar de ánimos bajos la parte argentina” respecto a La Haya... que además para Oyuela no sería el ámbito donde resolver el conflicto (¿no es que esa es la vía expresamente indicada en el Estatuto del Río para casos de divergencia? ¿No es que la propia Argentina gatilló esa instancia? Exaspera ser parte de un problema que no se sabe cuál es, para el cual se rechazan todas las soluciones sin proponer ninguna a cambio. In-so-lu-ble, esa palabra es la cuña clave para la estrategia argentina)


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