En Venezuela, le llegó el turno a la industria privada del cemento para quedar en manos del Estado. El presidente, Hugo Chávez, ordenó la nacionalización de las cementeras porque se trata, según dijo, de un sector estratégico para el país.
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Rafael Ramírez, ministro de Energía |
Después de que Chávez ordenó nacionalizar toda la industria cementera y se aseguró de que se pagará lo que a sus casas matrices en México, Francia y Suiza correspondiera, encomendó la negociación al gigante estatal de la energía, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), presidido por el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.
Socios minoritarios
Ramírez reveló a periodistas que, como el interés público estriba en tomar el control de la industria, las principales cementeras pueden ser socios minoritarios en empresas mixtas, siempre que el Estado tenga al menos 60 por ciento de acciones, como se hizo con operadoras petroleras, y ya entró en conversaciones con las firmas privadas para explorar acuerdos.
"El Estado va a tener el control, es lo que significa que tengamos el 60 por ciento (de acciones), pero queremos una negociación sin traumas y los hemos invitado a que inviertan y permanezcan con nosotros", dijo Ramírez. La razón fundamental de estatizar el sector es que las cementeras "tienen sus propias estrategias, que no son las de la Nación venezolana, pero nuestra medida no tiene nada qué ver con ninguna represalia ninguna contra ningún país", aseguró el ministro.
Entre las justificaciones para tomar las riendas de la industria cementera, el ministro Ramírez aludió al déficit de insumos para la construcción que existe en Venezuela; y al precio del cemento que tiene que pagar el consumidor, que aunque está oficialmente regulado en 3,75 dólares por saco de 45 kilos se vende comúnmente en el equivalente a 10 dólares.
Las empresas que se verán afectadas o en condición de socias del Estado, según la opción que tomen, son la mexicana Cemex, la francesa Lafarge y la suiza Holcim, cuya producción anual suma nueve millones y medio de toneladas.
En el fondo vibra el problema de la vivienda, donde hay un déficit de casi dos millones de unidades en este país de 27 millones de habitantes y seis millones y medio de hogares. Durante los nueve años de gobierno, Chávez ha ofrecido construir más de 100.000 viviendas, pero nunca ha ido más allá de 40.000, y la demanda de insumos crece con obras de infraestructura vial emprendidas en años recientes.
"Estratégico"
Pero también muestra la voluntad del Gobierno de hacerse con cada vez más palancas de la economía una vez que estampa el sello de "estratégico" sobre un sector determinado. Desde hace décadas han sido estatales las industrias de hidrocarburos, las básicas de hidroelectricidad y aluminio, y el año pasado estuvo a punto de ser nacionalizada la Siderúrgica del Orinoco, una acería con una colada anual de tres millones de toneladas, tras que Chávez se percatara que vendían más caro a procesadores en el país que a clientes en el extranjero.
La estatización va camino de convertirse en un recurso más que económico. Después de que Chávez se disgustara con el rey de España el año pasado, amenazó con nacionalizar la banca española. Cuando se enfrentó a Colombia en marzo último, mientras subía la tensión entre ese vecino y Ecuador, pidió a sus ministros una lista de la empresas colombianas que operan en Venezuela para estudiar cuáles nacionalizar.
Se han estatizado pequeñas distribuidoras de gas doméstico y en la mira hay cadenas de supermercados y la principal agroindustria productora de alimentos. Los obreros de la Siderúrgica, para no quedarse atrás, han pedido la nacionalización de esa acería en manos del consorcio argentino Ternium. Las nacionalizaciones gozan de buena salud en Venezuela.
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