Organismos internacionales de derechos humanos ha advertido sobre las consecuencias que tendría en Perú la aprobación de un proyecto ley de amnistía para militares. Su autor, el senador Edgar Núñez, señala que su proyecto no es sinónimo de "impunidad".
 |
||||
|
||||
La también oficialista Mercedes Cabanillas presentó otro proyecto, que es una variante del anterior y que consiste en crear una comisión de indulto a favor de militares y policías enjuiciados.
Ambas iniciativas hicieron sonar las alarmas de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros organismos encargados de velar por los derechos humanos.
Al unísono señalan que Perú se asoma al abismo de la impunidad y que una ley de amnistía para militares es una aberración en un continente que ha visto cómo otras leyes de este tipo no han arrojado experiencias positivas.
El temor de los defensores de los derechos humanos es que se logre la amnistía o indulto a militares, y esto podría beneficiar a autores de matanzas cometidas en Perú en la guerra interna contra grupos armados en las dos últimas décadas.
Amnistía Internacional advirtió que si se aprueban esas iniciativas "supondría un gran revés para el Estado de derecho en Perú, ya que de hecho concedería la impunidad a personas que podrían haber sido responsables de violaciones de los derechos humanos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) dijo que esas iniciativas son "inviables" y son excusas para dar impunidad a miembros de un escuadrón de la muerte de militares que actuó bajo el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), juzgado por violación de derechos humanos.
Pregunta: ¿Senador Edgar Núñez, ¿ por qué consideró Ud. necesario presentar ante el Congreso de su país el proyecto de amnistía en favor de cientos de militares ?
Respuesta: Asumí en agosto de 2007 la presidencia del Congreso Nacional de Perú. Lo primero que pude observar es que no pasa un día en que no se produzcan visitas de esposas, hijos, hermanos, parientes de militares de alta graduación, de policías y de soldados que reclaman ser escuchados, que reclaman justicia, porque sus hijos, parientes o esposos están presos, siendo procesados, e incluso algunos están en la clandestinidad, sencillamente porque participaron en nombre del Estado y en nombre de la ley peruana en la lucha subversiva que Perú vivió durante años, una etapa muy dolorosa de nuestra historia. Después de escucharlos acudí como Presidente del Congreso Nacional a algunos penales donde se encuentran los detenidos.
Pude entonces verificar distintos casos donde la justicia no ha actuado como debió hacerlo, es decir, lo hizo de manera injusta. Yo quisiera que revisemos el caso de los casi tres mil militares y policías que están siendo procesados desde el año 1980 al año 2000. Considero que de más de 2900 casos, habrá no menos de 600 casos que tienen alguna sentencia excesiva, que daña, que no incorpora, que no motiva a la hermandad, que no motiva el abrazo ni a la fraternidad o la confraternidad entre los peruanos. Mi iniciativa de ninguna manera va para liberar a quienes deliberadamente desaparecieron, asesinaron, violaron mujeres y mataron niños.
Para ellos no va mi iniciativa. Lo que propongo es la revisión de estos excesos que cometieron algunos jueces sin rostro en Perú. Hubo un momento en que los fiscales y jueces peruanos temblaban de miedo para procesar a terroristas detenidos, y tenían temor por las represalias. Entonces se pusieron capucha en el rostro y procesaban de manera violenta y rápida, a veces cometiendo excesos. En esa línea es que va mi propuesta. Hoy ha salido en este país una encuesta nacional, donde la pregunta dice: ¿ Está Ud. de acuerdo con que se pueda revisar y dejar en libertad el caso de los militares que han sido acusados y cuya participación no está comprobada en la violación de los derechos humanos? El 66.7 por ciento de la población ha opinado que está de acuerdo.
P: ¿ A la luz de este resultado, senador, es Ud. de la opinión que una democracia como la peruana y un gobierno como el que dirige el presidente Alan García, necesitan una ley de amnistía para militares ?
R: Creo que sí. En el año 2003 en las cárceles de Perú existían 1.046 hombres sentenciados por terrorismo, muchos de ellos fueron liberados tras una serie de iniciativas. Y en este momento solamente quedan 260 detenidos con sentencia por delito de terrorismo. Más de 800 han salido libres por amnistía, indulto, conmutación de penas y algunos por actos de humanidad, en el caso de aquellos que tienen enfermedades terminales. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. El Gobierno del presidente de Perú, Alan García, también está de acuerdo, porque debemos buscar la reconciliación entre los peruanos. Esa iniciativa y ese trato flexible que ha habido con estas personas, no se ha aplicado al otro sector, al de los militares. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han recibido siempre de la Coordinadora de Ong's defensoras de derechos humanos, trato injusto, desleal y duro, acusaciones muy fuertes que nos tildan de criminales, violadores de derechos humanos, asesinos. Pero no todos lo han sido. Por eso es que yo quisiera que los peruanos y las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos nos entiendan. No promuevo en Perú la impunidad para criminales, no es el objetivo de esta iniciativa.
P: Ud. de forma tajante dice este proyecto de amnistía militar no es sinónimo de impunidad.
R: Para nada. Y todo aquel que ha cometido excesos, violación de derechos humanos, asesinatos, desaparición forzada, debe ser condenado, procesado, sentenciado y que cumpla la pena por sus excesos. De ninguna forma impunidad.
P: Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas las más emblemáticas como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, recuerdan que en América Latina todos los precedentes y aplicaciones de leyes de amnistía en favor de militares han dado solamente resultados negativos. ¿ Por qué su propuesta tiene que ser la excepción ?
R: Es que hay algunos mensajes un poco exagerados. Por ejemplo: cuando se nos ordena desde organismos supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debemos indemnizar a familiares de terroristas comprobados que han actuado para asesinar autoridades, para dañar la propiedad y la infraestructura pública y privada. Y encima de indemnizarle tenemos que llevarlo a nuevo proceso. Ha habido algunas reacciones y actitudes que nos hacen reflexionar. Primero quiero decir que el operativo Chavin de Huantar es un operativo emblemático para Perú. Catorce miembros del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) tomaron la embajada de Japón y se hicieron con más de 700 personas rehenes, de los cuales quedaron 72 personas secuestradas. Todos ellos fueron liberados en una acción militar casi impecable, donde solamente hubo tres bajas. Posteriormente surge la inquietud de que durante el operativo hubo ejecuciones extrajudiciales, de dos o tres emerretistas que se habían rendido. Ahora estamos informados, ha pasado el tiempo, los comandos que participaron en el operativo fueron procesados, algunos con orden de detención. Han pasado doce años de ese hecho y todavía continúan siendo procesados.
Más allá de eso, tenemos la información que algunos familiares asesorados por la Coordinadora de los Derechos Humanos, acudieron ante la Comisión Interamericana en el año de 2003, para demandar a Perú como un estado que viola sistemáticamente los derechos humanos. Esa demanda ha sido admitida y luego la Comisión Interamericana, en el caso de Chavín de Huantar notifica a Perú pidiendo una solución amistosa, pasando por dos cosas: nueva indemnización a los familiares de los terroristas criminales emerretistas que pusieron en jaque a Perú, y segundo un nuevo proceso en el fuero ordinario. Y esto que la Comisión Interamericana viene conociendo desde el 2003 y que terminará en estos días y luego subirá a la Corte, será otra decisión de obligatorio cumplimiento en Perú.
Esta situación me parece muy injusta. Me parece que nos va a exacerbar la opinión pública nacional y la tranquilidad interna que se vive aquí, porque de manera escandalosa llevaremos nuevamente a fuero común para ser procesados a los 142 comandos Chavín de Huantar, y trataremos de ver cómo será en la opinión pública si le tenemos que pagar a cada uno de los criminales que extorsionaron al Estado peruano cuando incursionaron en la Embajada de Japón. Es un grave dilema. No quisiéramos que eso venga a modificar nuestra paz social que queremos lograr en Perú. Esta es nuestra preocupación.
Yo quisiera que los organismos internacionales tomen en cuenta esta situación y que comprendan a los peruanos: queremos la paz y la reconciliación. El Estado peruano está cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Verdad, se están pagando algunas recompensas sociales, familiares, de los daños que ha causado esa etapa de violencia en Perú, pero no queremos que un tema como el de Chavín de Huantar nuevamente vaya a poner en tela de juicio todo lo que se ha podido avanzar hasta la fecha.
P: ¿ Estima Ud. que se está llegando a un límite en la relación entre el Estado peruano y los organismos internacionales de derechos humanos?
R: A raíz de la presentación de mi proyecto de ley, he podido escuchar con alegría que un representante de la Coordinadora Nacional de derechos humanos había visitado en el hospital a 49 heridos militares víctimas del narcoterrorismo, una guerrilla que todavía actúa en la selva de mi país. Fue algo que yo reclamé a través de los medios peruanos. Dije que los derechos humanos son de todos, no solamente de los criminales que algún momento quisieron poner en jaque a Perú, sino también de la población civil que ha sido afectada, dañada, atacada, y también de los policías. Por fin he escuchado que la coordinadora está mirando también a los víctimas militares. Ese mensaje hace que en algún momento volvamos a re-encontrarnos. No va a ver sedición; no va ver ruptura, tiene que haber integración y avance en la tarea de la reconciliación.
P: ¿ Esperaba Ud. la enorme cantidad de críticas de organizaciones de derechos humanos que cuestionan la naturaleza de su propuesta ?
R: En todo momento fui notificado de esto. Algunos excesos y algunos adjetivos, pero en fin, he sabido responder en el nivel parlamentario y también en el nivel de la prensa. Y lo que he demostrado es que necesitamos ser más objetivos, tanto los organismos internacionales, tanto quienes demandan que sólo al estado peruano debemos de condenar por violación sistemática de los derechos humanos, y otros que decimos que eso nos parece exagerado, porque quines sistemáticamente planificaron y violaron los derechos humanos en Perú, fueron los grupos terrositas, Sendero Luminoso y el MRTA. De hecho esto lo concluye la comisión de la Verdad que hizo un trabajo que de alguna forma nos mostró cifras y realidades que han sido dramáticas para nuestra patria.
| Compartir en |
Etiqueta: amnistía, derechos humanos, militares, Perú, proyecto ley, Senador Edgar Núñez