Organismos de derechos humanos de Perú han denunciado la desaparición de 11 personas tras un operativo militar en el sudeste del país. Lo que parece una noticia del pasado, más propia de la década de los 70 y 80 del siglo pasado, ha ocurrido a mediados de septiembre de este año.
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Yúber Alarcón, abogado representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho explica a Radio Nederland que hace unos días, la Sra. Lucy Pichardo junto con la Defensoría del Pueblo de Ayacucho se apersonaron en la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y terrorismo para denunciar una incursión militar en el caserío de Pichis, donde ella reside. Según la denuncia, la incursión ocasionó la muerte del esposo de Lucy Pichardo y otros familiares. En total hay 11 personas desaparecidas, se ignora si alguna de ellas sigue viva.
"Como organismos de derechos humanos", dice Alarcón, "estamos acompañando este proceso para poder verificar si actos similiares han ocurrido con otras personas".
Poco eco
Llama la atención que los hechos se produjeran el 14 de septiembre y no hayan salido a la luz hasta ahora. Yúber Alarcón señala que, esos días, los medios de comunicación de la ciudad de Huamanga Ayacucho informaron de ataques senderistas a patrullas del ejército que se desplazaban por la región. La información, ofrecida por fuentes del ejército, hablaba de 4 muertos en el bando de los subversivos y de soldados heridos.
"Esa es la información que se tenía. Recién el viernes 26 de septiembre, la señora Lucy Pichardo llegó a Ayacucho en compañía del teniente gobernador de Pampa Aurora, de la zona, después de varios días de viaje y recién contactaron con sus familiares, con la Defensoría del Pueblo, para formular la denuncia penal por Acta", explica el abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho.
Desmentido del gobierno
Desde el gobierno se niega la información. El ministro peruano de Defensa, Antero Flores Aráoz, dijo que ninguno de los familiares de la campesina Pichardo ni los madereros, cuyas desapariciones se denuncia, han sido detenidos por el ejército. Las autoridades aseguran que las organizaciones criminales implicadas en el narcotráfico recurren a este tipo de denuncias y acusaciones para desprestigiar a los militares.
La lucha contra el terrorismo se utiliza a menudo como excusa para tapar excesos militares. En este sentido, Yúber Alarcón aclara que "se están ahondando las investigaciones para determinar si efectivamente las personas desaparecidas fueron asesinadas prodcuto de un enfrentamiento o, en todo caso, se trata pues de personas civiles que no tienen nada que ver con el conflicto y que fueron de alguna manera agraviadas en sus derechos".
Lazos con los militares
Cabe preguntarse si el hecho de que algún miembro del gobierno de Alan García, como es el caso del vicepresidente Luis Giampietri tenga un pasado militar, facilita de alguna manera que haya un clima de impunidad.
Alarcón asegura que, desde los organismos de derechos humanos, se ve que existen limitaciones al acceso de información pública, sobre todo cuando se solicitan datos al ministerio de Defensa o al ministerio del Interior sobre hechos ocurridos en el pasado.
*Yúber Alarcón es abogado y representa a la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho, Perú.
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Etiqueta: Alan García, Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho, Desaparecidos, Lucy Pichardo, Perú, Yúber Alarcón
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