Mayo, 1986. Sendero Luminoso y su prédica asesina desangraban al Perú. Un 5 de mayo de ese año un destacamento especial de Sendero asesina cobardemente al Contralmirante de la Marina de Guerra, Carlos Ponce Canessa, hombre con importante ascendente al interior de la Marina de Guerra.
Sendero Luminoso interpretó esa frase como una amenaza directa contra la vida de los terroristas que purgaban condenas en las prisiones. Las cárceles, en muchos casos, controladas por Sendero se convirtieron en centros de adoctrinamiento y propaganda: eran para ellos las "Luminosas trincheras de Combate".
El lumpen senderista conocía los recovecos del siempre enmarañado y desordenado Poder Judicial peruano. El miedo ya se había instalado en la magistratura frente a los casos donde subversivos resultaban involucrados. Tras esa declaración, entonces, Sendero interpuso una acción de amparo. Era como una aviso frente a lo que pensaban les podía ocurrir.
Junio, 1986. En la madrugada del 18 de junio de 1986, los internos de Sendero Luminoso iniciaron un motín en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón, ubicado frente a la costa del Callao.
Los hechos sucedieron cuando se desarrollaba en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista. Asistían dirigentes políticos de todo el mundo, entre ellos veintidós presidentes y representantes de setenta partidos políticos. Había prensa extranjera por doquier. Un entonces joven presidente Alan García, socialdemócrata también, no podía permitir que sus socios extranjeros observaran la compleja situación que se vivía en el país.
El gobierno promulgó un inconstitucional Decreto Supremo: el 006-86-JUS. Se declaró a los establecimientos penales como "zonas militares restringidas", con lo cual se impidió el ingreso de autoridades civiles, es decir, jueces y fiscales, a dichos establecimientos. En pocas palabras, carta blanca a la Marina de Guerra.
Miembros de la Marina bajo el mando del Capitán de Navío AP Luis Giampietri Rojas, actual Vice Presidente de la República, tuvieron a su cargo el operativo para la debelación del motín en el penal El Frontón.
La Marina utilizó en el operativo no sólo el armamento tradicional sino, además se utilizaron bazucas, morteros, dinamita y explosivos de alto poder como el C-3, con los que lograron demoler el llamado Pabellón Azul.
Más de 118 internos, entre acusados y sentenciados por terrorismo, murieron. Se usó para reducir el motín el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos quienes, una vez rendidos y controlados, fueran ejecutados extrajudicialmente. El Estado peruano se acoplaba sin el menor rubor a la barbarie que los senderistas le ofrecían.
Para la subversión, la acción estatal habría sido en venganza por el asesinato del Contralmirante AP Carlos Ponce Canessa, ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra, un mes antes.
Agosto, 2002. El Departamento de Estado norteamericano, desclasificó documentos de 1986, que probarían que el entonces presidente Alan García Pérez ordenó personalmente sofocar los motines en las cárceles. Según esos documentos, el ex presidente felicitó a los militares que participaron en la masacre. Uno de esos documentos revela que a García le parecía que la eliminación de los terroristas tenía su "lado positivo", ya que se había acabado con los principales "centros de adoctrinamiento".
Junio, 2003. Según testimonios dados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación por dos efectivos de la Marina que participaron en la debelación del motín, los terroristas que se rindieron fueron ejecutados a balazos y con armas blancas. Incluso sostuvieron que Agustín Mantilla, ministro del Interior aprista y mano derecha del presidente, se encontraba en el lugar. Pero hubo más, la Marina le asignó un radio operador mediante el cual se comunicaba todo el tiempo con un superior que los declarantes no pudieron identificar. Sobre Mantilla sólo estaba Alan García.
Varios de lo internos asesinados fueron declarados inocentes en procesos judiciales posteriores.
Septiembre, 2008. El Instituto de Defensa Legal, organización peruana dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, se ha convertido en una piedra en el zapato de quiénes tuvieron serias responsabilidades, en los años de la violencia política, de delitos de lesa humanidad y frente a los cuales aún no se han rendido cuentas a la justicia. Entre ellos la matanza en El Frontón.
Esa actitud le ha significado toda una acción, cada vez menos velada, de presión estatal y gubernamental contra su trabajo. Parte de éste es seguir los procesos contra los responsables de la matanza de El Frontón, en donde el presidente García y su vicepresidente Giampietri tienen mucho que decir.
El 3 de septiembre del 2008 el Jefe de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), anunció en una sesión de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República la realización de una nueva fiscalización "integral" al Instituto de Defensa Legal. Ya en el 2007 la APCI llevó a cabo dos acciones de fiscalización al IDL, cuyos resultados fueron absolutamente satisfactorios y en medio de los cuales no se encontró nada irregular.
A todas luces APCI pretende ser usada como herramienta de persecución y hostigamiento en contra de instituciones como el IDL u otras, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente o en la lucha contra la corrupción.
La nueva e inconstitucional fiscalización de la APCI al IDL, a petición del primer Vicepresidente de la República y también congresista, Almirante (r) Luis Giampietri, es inaceptable. Todo esto es parte de una campaña que busca el hostigamiento contra las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en Perú.
Conclusiones del Parte
1. El Instituto de Defensa Legal, que patrocina a dos de las víctimas de la matanza, interpuso un recurso de queja ante el Tribunal Constitucional lo que abre las puertas a que el caso deje de ser impune en instancias legales imparciales. Y aunque el caso no viene comprendiendo actualmente a García o a Giampietri, sin duda, las sombras vertidas sobre ambos en el caso "El frontón" vuelven a no dejarlos dormir con tranquilidad.
2. Del caso del Frontón se venía procesando a 22 efectivos de la marina de guerra del Perú. Para la defensa de los efectivo militares, por el tiempo transcurrido, el delito ya habría prescrito, sin observar que los delitos que allí se habían cometido son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. A este respecto, el Instituto de Defensa Legal presentó una queja ante el Tribunal por semejante argumento.
3. ¿Por qué la Agencia de Cooperación Internacional tiene que informar de lo que va a fiscalizar ante una Comisión del Congresos, además dedicada a Defensa y Orden Interno? El poder y la presión del Vicepresidente Giampietri es la principal hipótesis.
4. No podemos olvidar en este contexto que el ex Presidente Fujimori, quien viene siendo juzgado por delitos de lesa humanidad a puesto al servicio del carga montón contra los organismo de DD.HH. a toda su bancada parlamentaria y a su voceros mediáticos quienes intentan ver a todos los defensores de los derechos fundamentales como aliados del terror. La historia de siempre.
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Etiqueta: Alan García, El Frontón, Perú, Sendero Luminoso