La promulgación de una ley que permite a las Fuerzas Armadas el uso de armas en caso de protestas sociales ha generado polémica en Perú. Mientras voceros gubernamentales atribuyen las críticas al desconocimiento de la ley, defensores de los derechos humanos temen que la reglamentación podría servir para justificar muchas arbitrariedades.
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Normalmente, el enfrentamiento de las protestas sociales en Perú está a cargo de la Policía Nacional. Sólo si estas fuerzas no se dan abasto existen instrumentos constitucionales que permiten, bajo normas muy estrictas, la participación de las Fuerzas Armada en situaciones de emergencia.
El Gobierno de Alan García no ha querido hacer uso de ello, sino que ha impulsado esta ley que permite la intervención de militares en apoyo de la policía para preservar el orden público, y establece, entre otras cosas, el uso de la fuerza "letal" y "no letal" para reprimir acciones hostiles.
La promulgación de la ley se da casualmente tras una serie de protestas en diversos lugares de Perú. En un caso extremo, en el sur del país, manifestantes llegaron a tomar como rehenes a todo un grupo de policías. A pesar de la violencia, no hubo mayor derramamiento de sangre.
El analista lamenta que el Gobierno no tenga una percepción más distinta o política respecto al uso de la fuerza armada en escenarios en los que la Constitución no se lo permite.
"El Gobierno ha podido solucionar muchos problemas sociales y económicos mediante el diálogo y la mejor distribución, pero resulta paradójico que hayamos crecido tanto y que las demandas sociales vayan también en incremento," opina Robles Montoya.
Algunos legisladores ya han planteado ante el Tribunal Constitucional peruano el carácter inconstitucional de la ley que posibilita el reglamento.
*José Robles Montoya es analista en temas castrenses, del Instituto de Defensa Legal.
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Etiqueta: Alan García, derechos humanos, Lima, Perú, protestas sociales