La organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch, denuncia en un informe publicado esta semana que, en Perú, la vida y salud de mujeres y niñas está en riesgo por las trabas que pone el gobierno para que puedan someterse a un aborto legal.
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Aunque no se cuenta con estadísticas confiables sobre la cantidad de mujeres a quienes se les ha denegado un aborto legal, Human Rights Watch explica en comunicado público que ha podido constatar, por medio de entrevistas con mujeres, proveedores de cuidados de salud, activistas de derechos y funcionarios gubernamentales, que las mujeres en general carecen de información precisa sobre su derecho a un aborto legal. Además, la organización ha podido observar que, con frecuencia, los profesionales de la salud pública no conocen bien el propósito de las leyes que garantizan a las mujeres el acceso a abortos legales.
Falta un protocolo nacional
En declaraciones a Radio Nederland, Angela Heimburger, investigadora principal del informe, afirma que "hay mucha desinformación acerca del derecho a la salud y el acceso al aborto legal en Perú". Faltan normas claras o un protocolo nacional sobre aborto terapéutico, lo que hace que las mujeres y los proveedores de servicios de salud queden en la incertidumbre sobre si pueden o no proceder con esa intervención necesaria.
El aborto es legal en Perú en los casos en que un embarazo ponga en peligro la vida de la mujer y cuando es necesario para proteger su salud. Sin embargo, según constata Human Rights Watch, en los hospitales públicos de Perú rara vez se practican abortos terapéuticos, por lo que muchas mujeres tienen que recurrir a la opción de someterse a abortos clandestinos.
"Creo que allí la vía administrativa podría ayudar mucho, es cierto que en muchos hospitales se están practicando abortos legales, pero bajo otros rubros, y hay un problema de registros claros que indiquen cuáles son los procedimientos que las mujeres están recibiendo", explica Angela Heimburger. "Como no hay registros claros, tampoco hay registros de negación de servicios ni de mujeres que tienen embarazos de alto riesgo. Todo esto complica el panorama para la gestión de servicios de salud en el ámbito nacional. Tampoco los proveedores de salud se sienten protegidos para actuar según su conciencia médica porque no saben si están en su derecho o no" dice Heimburger, al tiempo que subraya que todo esto se debe aclarar con la implantación de un protocolo nacional del aborto terapéutico.
Siguen practicándose abortos
Las dificultades u obstáculos existentes no disminuyen el número de abortos. Desde Human Rights Watch se subraya que ningún estudio ha demostrado que al penalizar el acceso al aborto se esté reduciendo la tasa de aborto en general.
"Las mujeres con más recursos financieros tienen la opción de buscar abortos clandestinos pero seguros, las mujeres que no tienen recursos están obligadas a buscar servicios clandestinos e inseguros, o simplemente seguir con un embarazo de alto riesgo y sufrir todas las consecuencias que eso implica" se lamenta Angela Heimburger.
Pedido de Human Rights Watch
Así las cosas, Human Rights Watch exhorta al gobierno peruano a actuar inmediatamente para:
- adoptar un protocolo nacional de aborto terapéutico;
- avanzar hacia la reforma de la norma jurídica que regula el aborto a modo de garantizar que todas las mujeres tengan plena libertad para decidir sobre su fecundidad;
- informar al público en general y a proveedores de servicios de salud que los abortos terapéuticos están de hecho autorizados por la ley; e
- investigar casos de proveedores de servicios de salud que se nieguen a realizar un aborto terapéutico a mujeres y niñas que tienen derecho a éste, así como adoptar las medidas disciplinarias apropiadas.
*Angela Heimburger es investigadora de las Américas para la División de los Derechos de las Mujeres en la organización Human Rights Watch.
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Etiqueta: aborto terapeútico, Angela Heimburger, Human Rights Watch, Perú, protocolo nacional
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