Esta semana 64 organizaciones no gubernamentales del Perú fueron expulsadas del Consejo Nacional de Derechos Humanos. A algunos de ellos, el Gobierno de Alan García los acusa de "traidores a la patria". Por su parte, los defensores de derechos humanos denuncian el recrudecimiento de la persecución y la criminalización de la protesta ciudadana, en el país suramericano.
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Al respecto, *Francisco Soberón, presidente de APRODEH le dijo a Radio Nederland:" Nosotros en la carta, resaltamos la que ha sido nuestra posición histórica frente a los actos terroristas. Hemos condenado siempre los crímenes de Sendero Luminoso y del MRTA, pero a continuación pasamos a denunciar lo que está sucediendo actualmente, cuando se está acusando por delito de terrorismo a dirigentes populares, sociales o gremiales. Punto seguido, expresábamos nuestra preocupación de que se quiera utilizar la inclusión en estas listas de la Unión Europea del MRTA, para seguir con la campaña de persecución a los líderes sociales".
Par el defensor de derechos humanos es preocupante que la mano dura que está aplicando Alán García, en este su segundo mandato, se quiera ejercer contra las demandas de sectores sociales, ambientalistas, comunales, campesinas, algo que sólo busca la criminalización de la protesta ciudadana.
Boicot a Enlazando Alternativas
En medio de este ambiente hostil, las organizaciones sociales de todo el mundo realizan, este año en Lima, la tercera edición de su "anti-cumbre" Enlazando Alternativas. El evento se desarrolla cada dos años, paralelo a la Cumbre entre la Unión Europa y América Latina y el Caribe, con el fin de crear escenarios en los que la sociedad civil pueda debatir también, los temas más importantes que competen a las dos regiones.
No obstante, este año, el comité organizador ha encontrado una serie de obstáculos y trabas impuestos por el Gobierno peruano que están entorpeciendo la organización del mismo. Para *Carlos Aguilar, miembro del Comité Internacional de Enlazando Alternativas, esta situación se enmarca en una situación interna del país que aunque no esté directamente relacionada con la Cumbre misma, se está viendo afectada de manera grave:" Nosotros lo que nos hemos encontrado, primero en el contexto nacional, es una fuerte persecución a los líderes del movimiento social y segundo y más específicamente en relación con nosotros, una negativa del Gobierno para permitir que alquilemos los espacios necesarios para el desarrollo de todas las actividades entre el 13 y 16 de mayo".
Ante las preocupaciones que se puedan generar alrededor del tema de seguridad, en el sentido de que el evento pueda ser utilizado por grupos extremistas o radicales, Aguilar aclara: "Nosotros nos reunimos esos tres días con actividades que están muy demarcadas. La preocupación que tienen algunos está puesta sobre los eventos de carácter masivo, sobre todo el de clausura, en donde participan varios jefes de Estado. Sin embargo, las condiciones de seguridad que nosotros tenemos que garantizar junto con los aparatos de seguridad de los presidentes, son tan amplias que cualquier gobierno sabe que es muy difícil que estos actos se puedan aprovechar para hacer actividades extremistas."
Los organizadores de Enlazando Alternativas III, sorprendidos, declaran que es la primera vez que se encuentran con un gobierno tan hostil que está intentando boicotear las diversas reuniones y actividades de las distintas organizaciones sociales que se dan cita en este evento.
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