Con el respaldo de 38 países al Tratado de Prohibición a las Municiones de Racimo concluye hoy la Conferencia de Lima. El encuentro reunió 68 países, además de instituciones de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Las también llamadas bombas de dispersión han causado la muerte de miles de personas, principalmente por los peligros que genera este tipo de municiones al no estallar. Las cargas que no explotan pueden permanecer en el suelo, colgadas de árboles o sobre techos de viviendas. A menudo, son explosivos cuyo efecto es, en la práctica, idéntico al de las minas antipersonales. Con frecuencia, las recogen civiles y niños que desconocen su riesgo.
El coordinador de la Coalición contra las Municiones de Racimo, Thomas Nash, señaló que 68 países participaron, y 30 nuevas naciones que no estaban en Oslo decidieron apoyar la eliminación de las armas. Sin embargo, países sudamericanos como Brasil, Argentina y Chile las almacenan, con el claro riesgo de su proliferación hacia otras zonas.
Otra de las conclusiones al final de la Conferencia limeña fue el anuncio del Gobierno peruano sobre la redacción, conjuntamente con otros países de la región, de una declaración para que se prohíba la producción, la transferencia y el almacenamiento de las bombas de racimo en Sudamérica.
La organización Handicap Internacional recordó que la mayoría de las muertes o heridas causadas por las municiones de racimo han sido sufridas por personas comunes, muchas de las cuales son niños.
Al menos 75 países tienen arsenales de municiones, y 34 de ellos han producido más de 210 tipos de bombas que se han utilizado aproximadamente en 25 países, puntualiza Thomas Nash.
Según el informe difundido en la Conferencia, el tema de las municiones de racimo llegó a la opinión pública recientemente por el conflicto libanés, el año pasado. En aquella ocasión, Israel lanzó unos cuatro millones de sub-municiones, una cuarta parte de las cuales no detonó. También se usaron municiones de racimo en otros conflictos recientes, como Afganistán, Kosovo e Iraq, países en los que estos artefactos continúan destrozando las vidas y los cuerpos de las víctimas.
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