Un informe del ministerio peruano de Salud ha revelado que cientos de campesinos pobres fueron esterilizados bajo presión, al ser sometidos al programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria que abarcó a más de 200.000 personas. Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno del destituido presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
El ministro de Salud, Fernando Carbone, precisó en una rueda de prensa en Lima, que se han hallado responsabilidades por acciones "incorrectas" y "violatorias de los derechos humanos", las cuales alcanzan al destituido Fujimori y a varios ministros y viceministros de su administración, así como a directores de programas nacionales y a operadores.
Carbone dijo también que se llevarán a cabo acciones administrativas en dicho ministerio, y las correspondientes a la Procuraduría y al Ministerio Público, contra quienes han sido considerados responsables de las presuntas "esterilizaciones" forzadas y realizadas en el marco de la campaña de control de la natalidad en la administración de Fujimori.
"Esto no va a quedar impune, porque hay que asumir responsabilidades", subrayó el ministro, al tiempo que indicaba que también se hará llegar el informe al Congreso.
Una comisión especial del Congreso peruano evaluará si procede denunciar constitucionalmente a Fujimori y a dos ex ministros de Salud, por el presunto delito de genocidio y por graves violaciones a los derechos humanos.
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En opinión de Carbone, se violó el derecho a la "libertad de decidir" de muchas personas, a las que se les dio la información errónea y algunas ligaduras de trompas o vasectomías fueron efectuadas en condiciones inadecuadas.
El gobierno de Fujimori alentó la planificación. Para ello suministró alimentos a las parejas que vivían en áreas rurales. La Iglesia Católica expresó duras críticas contra el programa de planificación familiar. Este plan fue aplicado hasta el año 2000. Poco antes Fujimori se refugió en Japón como consecuencia de un escándalo de corrupción que derrumbó su gobierno.
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