La ley de hechos punibles contra los pueblos, que tipifica las penas por actividades terroristas en Paraguay, suscitó controversias desde el inicio de su presentación hace mas de dos años. El 3 de mayo en su sesión ordinaria la Cámara de Diputados dio su media sanción al proyecto de ley, que incorpora por vez primera en el Código Penal paraguayo el delito de terrorismo.
La normativa aprobada en la Cámara Baja, tiene artículos ambiguos que se prestan a interpretaciones subjetivas, advirtió el diputado Simón Benítez, del Partido Liberal Radical Auténtico, primera fuerza opositora del país. Aseguró que con frecuencia los jueces actúan con mala fe por lo que podrían calificar de actos terroristas a infracciones comunes como homicidio doloso o una lesión grave.
El proyecto de ley ha sido presentado en un tiempo en que las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos estaban en su punto mas alto y se creía que con ello se combatiría de manera mas efectiva el envío de dinero desde la triple frontera hacia el Líbano y otros países, donde la actividad terrorista preocupaba de manera especial a los intereses norteamericanos. Sin embargo el proyecto que debe pasar aun la aprobación del Senado y luego por la firma final del ejecutivo tiene aun un largo y tortuoso camino por recorrer.
El país está en un periodo en que el propio presidente Nicanor Duarte Frutos ha tomado una posición mas crítica hacia los Estados Unidos, en especial después de su discurso doctrinario de finales de abril donde definió a su partido, el colorado, como "socialista humanista".
El proyecto de ley -que aborda el delito del terrorismo- se debate desde hace dos años, recalcó por el diputado Sebastián Acha, presidente de la Comisión de Legislación y Codificación y miembro del Partido Patria Querida, la tercera fuerza política del país. El legislador añadió que se trata de un delito que urge combatirlo con la seriedad que se necesita.
El proyecto de Ley establece penas de hasta 30 años de prisión para los que incurren en asociación terrorista. En tanto, la financiación de actos tipificados en ese cuerpo legal está penalizada con condenas que van de 5 a 15 años. La sanción máxima vigente hasta ahora en Paraguay es de 25 años.
En opinión de los analistas este proyecto debe mirarse en la perspectiva de la fuerte presión del lobby norteamericano para endurecer las leyes que penan la financiación a los grupos terroristas, y a la actividades que bajo esa condición se realizan en el mundo. Además tienen que ser vistas como formas de reacción a los sucesos del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos.
En Paraguay vive una importante población de origen árabe que según fuentes norteamericanas financian a grupos cercanos al terrorismo en la zona del conflictivo Medio Oriente. Recientemente la intendenta de Asunción decidió remover unos muros ubicados en forma contigua a la embajada de los Estados Unidos, lo que motivó una seria queja del embajador norteamericano en Paraguay James Cason. Este hecho sirvió, aunque sea con un gesto mínimo, para demostrar que el gobierno ya no está alineado a la posición norteamericana.
El proyecto de ley ha tenido el voto parcial de los colorados y en gran mayoría de los opositores en medio de un clima preelectoral que hace pensar en la movida de ganar votos en uno u otra dirección en un futuro próximo.
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