Las elecciones que han dado la victoria en Haití al ex presidente René Preval se han celebrado en un clima de tensión pero los observadores internacionales indican que esta vez fue un proceso sin grandes irregularidades y con menos violencia que la registrada en los últimos dos años. Pese a las críticas que recibe por no haber frenado la violencia y por ser la vanguardia de intervenciones en la soberanía de otros Estados en América Latina, que se haya podido llevar a cabo el proceso electoral es también una victoria de la misión de Naciones Unidas en ese país.
Su inestabilidad estructural se debe a la herencia colonial, la dominación de una élite mulata corrupta y represiva que gobernó desde la independencia en 1804 y a las intervenciones de EE.UU. Así mismo, a la bancarrota económica cuando dejó de ser un paraíso de mano de obra barata para empresas extranjeras y a partir que sus productos agrícolas fueron desplazados por los de otros países o chocaron con las barreras arancelarias de países del Norte.
La suspensión de la ayuda económica de EE.UU. en el año 2000 agudizó la crisis. El economista Jeffrey Sachs, asesor de Kofi Annan, denunció en 2004 que la crisis de Haití era fomentada por Washington al apostar por una oposición criminal en vez de apoyar al presidente electo Jean-Bertrand Aristide.
Francia, antigua potencia colonial, ha abandonado Haití en las últimas décadas. Para EE.UU. tiene relevancia porque los balseros haitianos llegan a Florida y causan problemas por la competencia de recursos con la comunidad cubano norteamericana. También, por la presión que ejercen los miembros negros del Congreso estadounidense para defender a la población mayoritariamente negra de Haití. Estas dos razones llevaron al presidente Bill Clinton a intervenir militarmente en 1994.
Desde que el polémico presidente Jean-Bertrand Aristide fue obligado a dimitir por EEUU y Francia en febrero de 2004 el país ha sido gobernando de forma interina. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU organizó la misión de estabilización que no ha logrado frenar el aumento de la inestabilidad interna, la violencia, el creciente papel de bandas armadas, y la crisis económica.
MINUSTAH consta de 9.000 efectivos: 7.265 de personal militar bajo mando de Brasil y 1.741 fuerzas policiales lideradas por Canadá. Es la primera vez que un país de América Latina (Brasil) lidera una operación de mantenimiento de la paz en el continente y en la que participan otros países de la región (Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, entre otros) y miembros de la OTAN con ejército o policías (España, Canadá, Francia, Estados Unidos). La parte política está a cargo del jurista chileno Juan Gabriel Valdés. El Consejo de Seguridad de la ONU ha extendido el mandato hasta julio de 2006.
En diversos círculos de América Latina se considera que la misión de la ONU fue realizada para satisfacer las necesidades de EE.UU. o por el interés de Brasil, Chile y Argentina de ganar prestigio o compensar el rechazo de esos países a la guerra de Iraq. Así también, se indica que su presencia en Haití ha agudizado los problemas. Pero para sectores gubernamentales latinoamericanos la operación también ha sido una forma de "hacerse cargo" de una crisis en el continente. La cuestión clave es que Haití ha sido la frontera que América Latina ha cruzado en cuestiones de intervenciones humanitarias.
Al contrario de lo que ha ocurrido en otras operaciones de la ONU en los últimos 15 años, MINUSTAH hace una interpretación más amplia de su mandato lo que implica usar la fuerza en determinadas ocasiones. En medios de Naciones Unidas se la considera una misión tentativa en la que hay que imponer el mandato de protección de los derechos humanos y garantizar la seguridad frente a grupos armados no estatales.
La falta de medios dificulta esta misión y el principal problema es que la ONU no ha logrado desarmar a la sociedad haitiana: se calcula que alrededor de 300.000 armas cortas están en manos de ciudadanos y bandas violentas (las chimères) que practican una media de 10 secuestros diarios. Grupos de derechos humanos indican que la ONU debería ocuparse del desarme y además llevar a juicio a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos.
El problema es que las armas son un medio de protección y vida para ricos y pobres. O sea que el desarme debe ir unido a proyectos que ofrezcan alternativas de empleo y recursos. Por otro lado, el sistema estatal se encuentra en colapso y no hay provisión de servicios ni imperio de la Ley. El subsecretario general de la ONU para mantemiento de la paz, Jean-Marie Guéhenno, considera que las fuerzas tiene que pasar de una misión de mantener la paz a una de construcción de la misma, en terrenos como el sistema jurídico. La idea, por otro lado, del secretario general Kofi Annan es que haya un compromiso de, por lo menos, una década.
En julio de 2004 la conferencia internacional de donantes prometió 1.250 millones de dólares. Alrededor del 50% se ha hecho efectivo. En medios de la ONU se recuerda, sin embargo, que los grandes proyectos llevan su tiempo. Al mismo tiempo, se precisan otros más inmediatos que sirvan para satisfacer necesidades inmediatas de las personas.
Como ha ocurrido con otras misiones de la ONU desde el final de la Guerra Fría, MINUSTAH no ha logrado sus objetivos pero su fracaso total tendría serias consecuencias para Haití. Juan Gabriel Valdéz indicó hace pocos días que si fallaba el proceso electoral la ONU Haití caería en el caos y la alternativa quizá fuese un Protectorado internacional. Esta es una opción que, posiblemente, generaría más rechazo interno y externo. Las elecciones han sido realizadas, ahora quedan décadas de trabajo y compromiso de la comunidad internacional.
*Mariano Aguirre es co director de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, Madrid. www.fride.org