Diecisiete organizaciones de la sociedad civil -incluyendo la representación local de Oxfam Gran Bretaña- están siendo objeto de una investigación judicial en Nicaragua, en el marco de lo que activistas de Derechos Humanos han denunciado como "una campaña de acoso político y judicial" que pone en peligro "la libertad de expresión y de asociación" en este país centroamericano.
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| Carlos Fernando Chamorro, director del CINCO, haciendo declaraciones ante la prensa escrita. |
Las autoridades justificaron la medida por "la falta de voluntad para cooperar" por parte de estas organizaciones, caracterizadas por ser de las más críticas de la gestión del presidente Ortega.
El Viceministro Valdrack Jaentschke anunció en el programa En Vivo, del Canal 4, que no dejará que las ONG "desvirtúen" o reciban fondos del exterior (y en particular de la cooperación internacional) para "actividades políticas". Manifestó que ninguna ONG está autorizada a "triangular" (desvirtuar) los fondos para objetivos políticos. Durante su discurso señaló directamente a varias ONG, entre ellas Oxfam Gran Bretaña y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).
"Fábrica de delitos políticos"
Con anterioridad, tanto el MAM como CINCO habían solicitado al Ministerio Público que especificara los delitos por las que estaban siendo investigadas o a desistir de una pesquisa que consideran tiene motivaciones políticas.
Aunque informalmente el Ministerio Público ha hecho referencia a delitos que van desde el lavado de dinero a la apología del delito, la orden judicial que justificó las acciones del fin de semana sólo habla de "presuntas actividades ilícitas".
Esto, en opinión de los investigados, convierte todo lo actuado en ilegal, y también vendría a demostrar que el gobierno está buscando cómo fabricar "delitos políticos" para intentar silenciar las voces críticas que aún existen en el país.
El fiscal asignado al caso, Douglas Vargas, admitió que todavía no hay cargos definidos y que los delitos se formularán una vez se termine de revisar toda la información. Pero en una entrevista dada a un canal oficialista, el inspector general de la Fiscalía, Armando Juárez, quien coordina las pesquisas, puso como ejemplos de actividades delictivas el financiamiento de una campaña para exigir la restitución del derecho al aborto terapeútico, y la impresión de 500 camisetas con la expresión "Democracia Sí, Dictadura No".
Cooperación Internacional Involucrada
La atención internacional sobre el caso parece garantizada ya que la mayoría de las organizaciones investigadas están vinculadas a dos fondos de apoyo a la sociedad civil que reciben financiamiento de ocho gobiernos europeos, incluyendo al de Holanda. Para promover la participación de organizaciones que carecen de personería jurídica -como movimientos sociales o asociaciones comunitarias- estos fondos permiten que el financiamiento sea canalizado a través de terceros.
Esta práctica, sin embargo, ha sido denunciada por el actual gobierno como una "triangulación ilegal" que haría a estas organizaciones "sospechosas de lavado de dinero", si bien según la legislación nicaragüense, ese delito sólo es posible en conexión con el narcotráfico u otras actividades ilícitas.
El gobierno también parece considerar que varias de las organizaciones de la Sociedad Civil que reciben financiamiento por esta vía están involucrándose en política de forma "ilegal", especialmente al ocupar recursos provenientes de la cooperación internacional con ese propósito.
"Lo que quieren es convertir en delito político que los ciudadanos participen en actividades cívicas que tienen connotación política, ya sea en defensa de la democracia o el rechazo al autoritarismo", afirma el director del Centro de Investigación para las Comunicaciones, Carlos Fernando Chamorro. "Eso es tratar de criminalizar la actividad política y es algo propio de regímenes dictatoriales o fascistas".
Con las elecciones a la vista
La polémica está teniendo lugar a sólo unas semanas de unas elecciones municipales que muchos han presentado como un verdadero plebiscito sobre la gestión del presidente Ortega. La votación tendrá lugar el próximo nueve de noviembre y se perfilan como las más tensas desde 1990.
Hace algunos meses, dos partidos de oposición fueron despojados de su personería jurídica "por no haber cumplido con sus propios estatutos" según el Consejo Supremo Electoral. Y los episodios de violencia política se han hecho cada vez más frecuentes.
El pasado 20 de septiembre un grupo de simpatizantes del partido de gobierno impidió a la fuerza una marcha convocada por el Movimiento Renovador Sandinista en la ciudad de León. El enfrentamiento dejó como saldo cinco heridos y la destrucción del vehículo de un diputado de la oposición.
Posteriormente, el dos de octubre, un grupo de estudiantes universitarios que se manifestaba en frente de una estación de televisión afín al gobierno fue desalojada haciendo uso de violencia.
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Etiqueta: CINCO, justicia, MAM, Nicaragua, ONG, Ortega, OXFAM, sociedad civil