La prohibición general del aborto que rige en Nicaragua - inclusive en casos de violación, incesto o embarazos que amenazan la vida - viola los estándares internacionales en materia de derechos humanos y representa un grave riesgo para las mujeres, según declaró la organización Human Rights Watch en una carta abierta enviada a la Corte Suprema de Justicia del país.
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Human Rights Watch ha dirigido su carta a la Corte Suprema en un momento en que dicha instancia judicial discute sobre la constitucionalidad de la prohibición. El dictamen se espera para los próximos días.
Misión de investigación a Nicaragua
La organización defensora de los derechos humanos envió a Nicaragua un equipo de investigación cuya labor consistió en documentar los efectos que la prohibición general de todo tipo de aborto en el país está teniendo sobre la vida y salud de las mujeres.
Marianne Mollmann, directora de Advocacy Internacional en la dirección de derechos de las mujeres en HRW, fue una de las personas que visitó el país centroamericano y, en entrevista con Radio Nederland, explica que el efecto más grave que observaron es el miedo pronunciado que tienen los médicos de atender a las mujeres que llegan a las consultas u hospitales con sangrados, que pueden o no estar relacionados con un aborto. Sin olvidar el miedo que sienten las propias mujeres a pedir ayuda médica, después de estar escuchando que el aborto es ilegal, que es un pecado, y que pueden ir a la cárcel.
"Hay casos", señala Mollmann, "en los que las mujeres no han recibido la atención que deberían haber recibido y, por lo tanto, han muerto o han tenido efectos muy graves sobre su salud".
Contraviene el derecho internacional
Human Rights Watch denuncia que "la penalización del aborto en Nicaragua es incompatible con las obligaciones del Estado nicaragüense bajo el derecho internacional porque amenaza los derechos de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la igualdad, la privacidad, la integridad física y la libertad de culto y de conciencia". La carta abierta de la organización a la Corte Suprema de Justicia incluye un análisis exhaustivo de estos principios.
En cuanto a la respuesta que cabe esperar de parte de la Corte Suprema, Mollmann opina que "deberíamos recibir una respuesta que es simplemente declarar esta ley inconstitucional", y aclara que la ley anterior también era inconstitucional porque también prohibía el aborto en casos de violación o incesto, o no decía directamente que en estos casos era legal el aborto. Aún así, subraya que la ley actual llega a ofender la conciencia de la humanidad, pues se trata de una ley que prohíbe incluso la interrupción del embarazo que ni siquiera es viable, donde la mujer embarazada va a morir si no le interrumpen el embarazo. "Yo no entiendo en qué mente eso puede ser normal, eso puede ser ético, eso puede ser algo que beneficie a la sociedad", comenta Mollmann.
Aprobada en campaña electoral
La Asamblea Nacional de Nicaragua promulgó la prohibición general del aborto durante la campaña presidencial de 2006 en el país. Al hacerlo eliminó la posibilidad de que las mujeres y las niñas obtengan un aborto con fines terapéuticos - es decir, para proteger su salud o su vida - a pesar de que estas disposiciones habían existido en el Código Penal de Nicaragua por más de cien años.
En su momento, se consideró que la adopción de esta ley estaba íntimamente relacionada con el deseo de los partidos políticos de obtener el apoyo de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Casi un año después de la elección presidencial cabría esperar una rectificación por parte de los partidos políticos, pero en opinión de Marianne Mollmann, esto no es fácil que ocurra. Tristemente, afirma Mollmann, hay una situación en la que por cosechar votos, por no romper lo que se ve como un equilibrio político, se están utilizando los cuerpos de las mujeres.
Reconocimiento del problema por parte de las autoridades
Durante la estancia en Nicaragua, el equipo de Human Rights Watch tuvo ocasión de entrevistarse con autoridades gubernamentales e incluso miembros del ministerio de Salud que reconocieron que los efectos de la prohibición general del aborto están siendo devastadores.
"No hablamos con nadie que no reconociera que esa ley ha sido adoptada por una oportunidad política", dice Mollmann. Desde el ministerio de Salud se están intentando mitigar los efectos de la ley implementando unos protocolos muy buenos de atención de emergencia obstétricas, pero el problema es, una vez más, el miedo. Mollmann asegura que estos protocolos no se implementan plenamente, incluso cuando son totalmente legales, porque existe ese miedo.
¿Corte libre de presiones?
En este contexto, resulta difícil saber si la Corte Suprema de Justicia estará libre de presiones o influencias religiosas para emitir su dictamen. En este sentido, Mollmann no cree que nadie esté libre de influencias religiosas, pero añade "tampoco creo que sea malo tener una conciencia religiosa, ética, moral, desde luego que eso influye también en el derecho internacional y los derechos humanos".
"La dignidad humana es la gran base de todas las religiones de este mundo, el cómo somos como seres humanos y cómo hacemos para vivir bien en este mundo. Yo diría que está bien que la Corte Suprema tenga una conciencia de querer apoyar esa dignidad, lo que yo me pregunto es si se sienten libres de presiones en general, de presiones políticas, esa es otra pregunta que yo no puedo responder", concluye.
Entrevistada *Marianne Mollmann, directora de Advocacy Internacional en la dirección de derechos de las mujeres en Human Rights Watch.
Etiqueta: aborto, derechos humanos, HRW, Nicaragua