En días pasados se encontró el cuerpo sin vida del niño Fernando Martí, de 14 años de edad, a quien sus captores torturaron, vejaron y asesinaron, pese a que su familia pagó el rescate. La sociedad mexicana reaccionó con justa indignación, la cual tuvo eco en los medios, sobre todo porque la familia Martí pertenece al grupo de empresarios más acaudalados del país.
Es tan grande la desconfianza en los cuerpos policiales, que las familias que son víctima de secuestros no sólo no dan parte a las autoridades, sino que contratan negociadores privados, una profesión que se ha convertido en un jugoso negocio.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, prometió depurar a los cuerpos policiales y volvió a lanzar una iniciativa para que se imponga prisión perpetua para crímenes como secuestro, asesinato de menores o discapacitados, sobre todo si los culpables son funcionarios públicos.
Paquete de medidas en Ciudad de México
Por su parte, el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, dio una respuesta rápida a la situación y anunció un paquete de veinte medidas, entre las que se destacan la desaparición de la policía judicial del Distrito Federal y la creación de la Policía Investigadora del Distrito Federal, la cual será fiscalizada por un Consejo Ciudadano compuesto por trescientas mil personas. Aún no se ha precisado la forma en que se coordinará y elegirá tan enorme cantidad de personal.
Ebrard también dio a conocer la formación de las Fuerzas Anti-secuestro, las cuales estarán a cargo directo del Procurador de Justicia, quien atenderá personalmente las quejas y denuncias por teléfono, en el número 30-94-89-83. Además, se destinará un fondo de cien millones de pesos (10 millones de dólares) para recompensas a quien de información fidedigna que lleve a la captura de los malhechores.
Corrupción e impunidad, combinación fatal
Los dos grandes flagelos que quedan sin resolver son la corrupción y la impunidad. Pese a que México cuenta con los órganos e infraestructura jurídica para impartir justicia, los delincuentes que tienen recursos para sobornar a policías, jueces, ministerios públicos y directores de prisiones, nunca son capturados, escapan fácilmente o ni siquiera pisan la cárcel. Los delitos más graves se cometen bajo el amparo policial, y, según datos oficiales, en uno de cada tres secuestros hay implicación de policías y funcionarios públicos.
Los policías corruptos proporcionan al crimen organizado la información necesaria para el plagio. Muchos empresarios son extorsionados por funcionarios públicos que les exigen al lo menos 20 dólares al mes "como pago de protección".
Cabe entonces preguntarse cómo limpiar los cuerpos policiales, cómo asegurarse de que los delincuentes reciban su castigo y de que no sean puestos en libertad por una red de complicidades y protección mutua. Así mismo, se debe estudiar la forma para evitar que los policías despedidos o desmovilizados se dediquen de tiempo completo al crimen organizado. Por último, aún no se sabe cuál es el futuro de los temidos cuatro mil judiciales que perderán su trabajo en los próximos días.
Algunos grupos presionan nuevamente para que México adopte la pena de muerte y que la Policías no tenga impedimentos legales para aplicar torturas (algo que, todas formas, se hace).
Ni la pena de muerte, ni la prisión perpetua ni la tortura reducirían los índices de criminalidad. Mientras se pueda comprar la libertad, no importa qué tan duros sean los castigos. La pena de muerte es irreversible y, en un país con tanta corrupción como México, pagarían justos por pecadores. En cambio, es imprescindible acabar con la impunidad y la corrupción, para que, quien cometa una delito, purgue su pena.
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Etiqueta: Ciudad de México, corrupción, impunidad, México, policía, secuestro
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