La Corte Internacional de Justicia ha determinado que de momento, Estados Unidos no puede ejecutar las sentencias de muerte pronunciadas contra cinco ciudadanos mexicanos. La Corte, situada en La Haya, ya había determinado en 2004 que durante el procedimiento se habían cometido errores, por lo que el proceso contra los mexicanos debía volver a realizarse.
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| La ficha del condenado José Ernesto Medellín. |
Relaciones Consulares
Si alguien es arrestado en el extranjero, tiene derecho a contactar a su embajada o consulado. Así lo establece la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares. La policía norteamericana ha violado reiteradamente este acuerdo. Como consecuencia, los países de aquellos procesados en Estados Unidos, se enteran de la situación en una fase muy tardía, incluso cuando se trata de la pena de muerte.
En 2003, México recurrió al máximo tribunal internacional con sede en La Haya. La razón fue la condena a muerte de 51 ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, sin que se les diera la oportunidad de contactarse con la embajada mexicana. México sostiene que estos procesos podrían haber tenido un final muy diferente si los acusados hubiesen podido contactarse con la embajada en una fase más temprana. En tal caso, se habría recurrido a mejores abogados, y quizás se podría haber evitado la pena máxima. Durante el proceso, los abogados de los 51 acusados jamás se refirieron a esta violación de la Convención de Ginebra.
Poder jurídico
A pesar de las objeciones de la Corte Internacional, el juzgado en Texas planea suministrarle una inyección letal al mexicano José Ernesto Medellín el 5 de agosto. Medellín fue condenado a muerte en 1993 por la violación y asesinato de una adolescente norteamericana.
El ex presidente de Amnistía Internacional, Bart Stapert, es abogado de varias personas condenadas a muerte en Estados Unidos e Indonesia. Stapert opina que el pronunciamiento de la Corte Internacional no podrá detener la ejecución de los mexicanos.
Lo esencial de este problema es el verdadero poder jurídico que la Corte Internacional tiene, explica Stapert. ¿Hasta qué punto una sentencia de la Corte puede imponerse en un país como Estados Unidos? La respuesta es muy simple: tal sentencia no puede imponerse.
La Corte Internacional ya había dictado en el 2004 que los procesos contra los mexicanos debían volverse a realizar, ya que se había vulnerado el derecho a contactar a la embajada mexicana. También el presidente estadounidense, George Bush, quería que se reabrieran las causas, pero el tribunal en Texas se ha negado a hacerlo. Los diferentes estados norteamericanos gozan de una amplia autonomía en el área del derecho penal. No se les puede obligar a seguir órdenes del presidente norteamericano o de la Corte Internacional.
La Corte Suprema de EE.UU. ha dado la razón a Texas, al juzgar en marzo pasado que un fallo de la Corte Internacional no tiene ninguna influencia sobre los Estados norteamericanos. Sólo el Congreso norteamericano podría introducir cambios a través de una reforma de ley.
Pedido de urgencia
Para evitar de todas formas que José Ernesto Medellín sea ejecutado el mes próximo, México ha solicitado con urgencia a la Corte Internacional que prohíba la ejecución. México quiere que primero se aclare la cuestión de si el caso de Medellín debe volver a hacerse. La Corte Internacional opina que Estados Unidos debe esperar a que se pronuncie un fallo al respecto, antes que se proceda a ejecutar al acusado.
No es de esperar que el tribunal texano se preocupe esta vez por el pronunciamiento de la Corte Internacional. A fin de cuentas, la Corte Suprema norteamericana ya ha declarado que el tribunal en Texas no está sometido a las sentencias en La Haya. Así queda nuevamente claro que el poder jurídico de la Corte Internacional es en extremo limitado. Además, deja manifiesta la actitud ambivalente de Estados Unidos respecto al derecho internacional.
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Etiqueta: CIJ, Corte Internacional, José Ernesto Medellín, pena de muerte, Texas
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