México ha decidido nuevamente llevar a Estados Unidos a la Corte Internacional de La Haya para frenar la ejecución de cinco mexicanos condenados a muerte en el estado de Texas. Las diferencias están servidas.
 |
||||
|
||||
Las declaraciones de Lomónaco se inscriben en el contexto del nuevo contencioso jurídico que enfrenta a México con Estados Unidos, interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia y que se refiere a una decisión de esa instancia judicial en el 2004. En esa ocasión la Corte ordenó revisar el caso de 51 mexicanos condenados a muerte en su vecino del norte.
Lombardo explica: "hemos presentado dos solicitudes. Una de interpretación sobre el sentido y el alcance del fallo de 2004 (...) Hay una segunda solicitud, que por sí sola no puede presentarse, en la que le pedimos a la Corte que considere la emisión de medidas provisionales para que la Corte decida si debe ordenar a Estados Unidos tomar todas las medidas necesarias para impedir que se ejecute a cinco mexicanos sentenciados a pena de muerte en el Estado de Texas".
En su decisión de marzo de 2004, la CIJ ordenó a Estados Unidos que "revisara las condenas y penas dictadas" contra 51 mexicanos. Los jueces estimaron que sus derechos habían sido violados pues no fueron informados en tiempo y forma sobre sus derechos a reclamar asistencia consular a su país.
Valiéndose de sus prerrogativas en materia de aplicación de tratados internacionales, el presidente estadounidense, George W. Bush, ordenó a los jueces de los Estados involucrados que determinen caso por caso si se impone un nuevo juicio para cada uno de los 51 condenados mexicanos.
Algunos Estados aceptaron la decisión presidencial, pero los jueces de Texas se negaron a examinar el recurso al estimar que una decisión de la CIJ no es vinculante para ellos y que la separación de poderes les impide recibir órdenes del Poder Ejecutivo.
A fines de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos, a la cual sometió su caso un condenado a muerte mexicano del Estado de Texas, había dictaminado que los Estados norteamericanos no están obligados a aplicar las decisiones de la CIJ.
Entre los 51 condenados a la pena capital involucrados en el procedimiento ante la CIJ figura José Medellín, de 33 años, condenado a muerte por la violación y asesinato de dos adolescentes en 1993 en Texas, quien pidió a la Justicia texana que lo enjuiciara nuevamente por errores de forma en el anterior proceso.
Su ejecución está prevista para el 5 de agosto próximo, recordó México en su demanda ante la CIJ.
Lomónaco: "Hasta que la Corte no falle sobre el fondo de la primera solicitud, es indispensable que se apliquen medidas provisionales para impedir que se perjudiquen los derechos de aquellos que pudieran verse afectados mientras que la Corte no falle sobre esto".
México exige que el "Gobierno de Estados Unidos adopte todas las medidas necesarias para que José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos, no sean ejecutados mientras se espera el resultado del procedimiento entablado este día".
Etiqueta: Corte Internacional de Justicia, ejecuciones, Estados Unidos, La Haya, mexicanos, México, presos, Texas