El XVIII aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México se vio empañado por una solicitud de grupos defensores de los derechos humanos ante el Senado de la República, de llevar a juicio político al ombudsman y director de la CNDH José Luis Soberanes.
La enemistad entre las ONG´s y el doctor Soberanes ya es añeja. Se acusa a la CNDH de ser defensora del gobierno y no de los ciudadanos, de hacerse de la vista gorda ante los atropellos del Ejército y de no cumplir cabalmente su tarea a pesar de que cuenta con el presupuesto más alto del mundo para derechos humanos con casi 900 millones de pesos al año, (90 millones de dólares), mayor incluso que el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desafortunadamente casi el 70% de esta partida va a gastos administrativos y personales.
José Luis Soberanes
La gota que derramó el vaso
La gota que colmó el vaso fue la solicitud del doctor Soberanes para el relevo y salida del país de Amerigo Incalcaterra, quien fuera representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El miércoles pasado, el diplomático de la ONU dejó su puesto y este país.
Incalcaterra señaló al Gobierno mexicano sus omisiones y fallos en materia de derechos humanos; criticó el uso del Ejército para labores policiales y consideró "valioso" el informe de Human Rights Watch, que señala puntualmente los fallos de la CNDH.
El primero de junio, una gigantesca red de grupos defensores de los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Red por los Derechos de la Infancia y Fundar, por mencionar algunos, defendieron el trabajo de Amerigo Incalcaterra y pidieron al Senado de la República que se someta a José Luis Soberanes a juicio político. También pidieron la sustitución del ombudsman, "porque no está cumpliendo con sus obligaciones", afirmaron en conferencia de prensa.
¿Una mentira para la venganza?
Los activistas desmintieron la versión de Soberanes de que Incalcaterra pretendía hacer uso discrecional de un millón de dólares que entregaría el Gobierno de Estados Unidos a la oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU en México como parte de los fondos de la Iniciativa Mérida ( un plan binacional para el combate al narcotráfico) Las ONG´s por el contrario, aseguraron que el director de la CNDH es quien no rinde cuentas de los recursos que recibe.
Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Keneth Roth, demandó al presidente Felipe Calderón y a su gobierno que aclaren públicamente cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la salida del Amerigo Incalcaterra de México. La carta también afirma que "cualquier intervención del gobierno mexicano en las labores propias de la Oficina en México de la Alta Comisionada representaría un alarmante retroceso de la política exterior que ha venido desarrollando México desde 2000".
Amnistía Internacional también condenó la salida de Incalcaterra.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos" manifestó que la salida de Incalcaterra confirma la "falta de compromiso" del gobierno de Calderón con el respeto a los derechos humanos. También sentenció: "No es sino una demostración más de que sólo ha utilizado el discurso de los derechos humanos de una forma retórica para evitar la critica internacional".
Etiqueta: Amerigo Incalcaterra, CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, corrupción, defensores, Felipe Calderón, José Luis Soberanes, México, procesar, Senado de la República