En mayo del pasado año, el Senado estadounidense aprobó una partida de 350 millones de dólares para México en el marco de la Iniciativa Mérida, un plan que contempla la aportación de 1.600 millones en tres años para la lucha antidrogas en México, Centroamérica y dos países del Caribe. Sin embargo, una parte de este desembolso está condicionada al respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Inaceptable, dicen las autoridades mexicanas.
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| Último encuentro entre los presidentes de México y de EE.UU. en Nueva Orleans en el que nuevamente hablaron de impulsar la Iniciativa Mérida. | ||||
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Su indignación se debe a que el paquete de ayuda económica proveniente de Estados Unidos para combatir al crimen organizado en territorio mexicano, titulado Plan Mérida, esté condicionado al respeto de los derechos humanos. Según él, de alguna manera, esa condición vulnera la soberanía mexicana.
Si creemos lo que asegura el funcionario, esas condiciones no agregan nada a la realidad puesto que , según Mouriño, la plena vigencia del Estado de derecho y los derechos humanos, así como "la presencia en el debate público de las organizaciones de la sociedad civil y el desarrollo de sistemas efectivos de control de los servidores públicos que participan en esta lucha, son todos objetivos del Gobierno de México".
Las declaraciones de Mouriño se vieron reforzadas por las de la canciller mexicana Patricia Espinosa quien reafirmó el martes la postura de su gobierno al señalar que las condiciones del Plan Mérida son difíciles de aceptar y que su país espera que la iniciativa se apruebe en un marco de respeto a la igualdad de las dos naciones.
En otras palabras, fijar los ojos sobre los eventuales abusos a los derechos humanos por parte de los militares que actúan en operativos contra el narcotráfico, perturbaría el desarrollo del Plan Mérida.
Pero hay más. Las dos cámaras del Congreso estadounidense difieren sobre el monto para la ayuda a México y América Central, cuya propuesta original es de 1.550 millones de dólares en tres años.
Ambos órganos legislativos lo condicionaron a un "seguimiento sobre los esfuerzos de México" para evitar violaciones a los derechos humanos. En ese marco, México le reclama a Estados Unidos que cumpla con su parte de responsabilidad en el combate al narcotráfico ya que el vecino del norte es el principal mercado de consumo mundial.
México enfrenta un recrudecimiento de la cruenta lucha entre cárteles de la droga por el dominio de la zona norte de México, a pesar de que el gobierno federal implementó en diciembre de 2006 una estrategia para combatir al crimen organizado con el despliegue de 36.000 militares en diversos estados del país.
Una escalada de violencia inédita se registra en las últimas semanas en la frontera con Estados Unidos, atribuida a las disputas entre los cárteles de la droga por el dominio del trasiego hacia el sueño americano. En lo que va del año se han registrado en México alrededor de 1.500 ejecuciones y la mayor parte del sofisticado armamento que portan los sicarios en México, incluso mucho más moderno que el usado por las fuerzas de seguridad, proviene de Estados Unidos, según aseguran autoridades mexicanas.
* Pim Metal, investigadora del Transnational Institute, TNI, de Ámsterdam.
Etiqueta: antidrogas, Espinosa, Estados Unidos, Iniciativa Mérida, Mouriño, narcotráfico, Plan México
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