Para México, el mensaje de Louise Arbour, Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es claro: las autoridades y los jueces civiles deben vigilar las acciones del Ejército en la lucha contra el narcotráfico para garantizar la seguridad de la población.
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Debido al rápido avance del narcotráfico en México, el gobierno del presidente Felipe Calderón no tuvo más opción que la de librar una guerra contra el crimen organizado, enviando fuerzas combinadas del Ejército y agentes federales a combatirlo en varios estados del país. Sin embargo, ante el pleno del Senado de México, Louise Arbour aseguró que "si el Ejército lleva a cabo funciones civiles, debe estar bajo vigilancia civil, bajo alguna autoridad civil".
Más tarde, el presidente Felipe Calderón saldría al paso de las críticas, diciendo que "la participación del Ejército y la Marina es una labor subsidiaria que, en la medida en que avance la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica". El presidente mexicano dijo además que "garantizar la seguridad pública es una función esencial del Estado".
Lo que declara Arbour es que los militares deben tener responsabilidades ante los sistemas de justicia civiles cuando desarrollan actividades destinadas a la policía. La encargada de la defensa de los Derechos Humanos recomendó al Gobierno mexicano extremar precauciones al mantener al Ejército en labores de la policía y para ofrecer seguridad a la sociedad mexicana. Arbour explicó que los militares tienen un entrenamiento especial y prácticas que no son adecuadas para áreas urbanas "donde los civiles se comportan de manera errática" y no actúan de acuerdo con los criterios de un operativo militar.
En opinión de *Jorge Lomónaco, embajador de México en los Países Bajos, "ante el avance del narcotráfico no hubo más opción que utilizar el Ejército para imponerse a los poderosos cárteles de la droga". Varios organismos de derechos humanos han pedido el regreso del Ejército a sus cuarteles después de que ocurrieran incidentes en los que soldados en labores antinarcóticos acabaron con la vida de algunos civiles.
"Hay muchas razones por las cuales creo que debemos tener mucho cuidado en tener a esta fuerza tan enorme en este cumplimiento", insistió la funcionaria de Naciones Unidas. El año pasado murieron de manera violenta unas 2.700 personas en México, la mayoría de las cuales son atribuidas a acciones del crimen organizado.
Por otra parte, Arbour comentó que a partir de este año la ONU hará un diagnóstico sobre el cumplimiento de la protección de los derechos humanos y adelantó que México sería revisado en el segundo semestre de 2009.
*Jorge Lomónaco, embajador de México en los Países Bajos
Etiqueta: DD.HH., droga, Felipe Calderón, México, narcotráfico
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