Una solución salomónica; así podría definirse el fallo que ha emitido el Tribunal Arbitral del Mercosur sobre la demanda de Uruguay a Argentina por permitir que sus ambientalistas coartaran el acceso a puentes internacionales comunes de diciembre 2005 a abril de 2006, en rechazo a la posible polución del río limítrofe por plantas de celulosa del lado oriental.
El Tribunal presidido por el español Luis Martín Mingarro y un árbitro por cada país interesado, 'tiró de las orejas' al Gobierno argentino por "ausencia de las debidas diligencias" para impedir que ecologistas argentinos impidieran que veraneantes cruzaran puentes hacia Uruguay, lo que este gobierno estimó en más de 400 millones de dólares perdidos.
Pero la sentencia de los tres árbitros, aunque dice que este tipo de piquete "no es compatible con los tratados internacionales y fundacionales del Mercosur", ni fija sanciones para el caso que se repitan del lado argentino -en caso que continúe la erección- ni se expide a favor del cálculo uruguayo de pérdidas, lo que deja en pie sólo uno de los tres reclamos del país dominante.
Mientras se espera que no haya apelación, el canciller argentino Jorge Taiana dijo esta madrugada de jueves que, del fallo "no resulta condena alguna a la Argentina" y "destaca la buena fe en la actuación del Gobierno de Néstor Kirchner, en cambio su homólogo de Uruguay, Reinaldo Gargano, cree lo contrario.
La sentencia, según el canciller, "tiene un poder de naturaleza moral y política muy grande en la relación entre ambos países. No se mide en obligar policialmente pero es un fallo que dice que estuvo mal hecho. Y si estuvo mal hecho antes, si se reitera estará mal hecho después y lo que va a hacer es empeorar la relación creada entre los dos países".
Gargano opina que "el juicio que emitió el Tribunal es categórico. Dice que se violó lo dispuesto en el Tratado de Asunción (fundacional del Mercado Común del Sur) en su artículo primero y, aunque yo no soy triunfalista, no hay dos interpretaciones al respecto"
El constitucionalista argentino Roberto Gargarella, citado en la respuesta argentina, dijo que su Cancillería -Palacio San Martín- manipuló el argumento que los cortes de ruta deben ser tenidos como parte de la libertad de expresión, lo que consideró como trivializar "el argumento de la libertad de expresión".
El canciller Reinaldo Gargano dejó en manos del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, el promover que unas 12 empresas hagan juicio al Estado argentino por los perjuicios en el transporte de carga y pasajeros, o por retraso de obras debido al impedimento de paso por habitantes de Gualeguaychú, opuestos a la construcción de dos plantas de pasta de celulosa, por temor a que contaminen.
Este fallo entre ambos países es el segundo en dos meses, luego que la Corte Internacional de La Haya votó 14 a 1 contra la solicitud argentina de detener las obras que la finlandesa Botnia y la española Ence realizan en Fray Bentos, del lado oriental del río Uruguay. Y ahora es la sueco-finesa Estora-Enzo la que anuncia que hará una tercera pastera en el río Negro, afluente del río Uruguay.
El Tribunal parte de la suposición que habrá buena fe de la Administración Kirchner y se evitarán nuevos bloqueos fronterizos por lo que no adoptó "determinaciones sobre conductas futuras", a pesar de la amenaza de activistas argentinos y que se reconoce que desde Casa Rosada no se tomaron "debidas diligencias" para evitar piquetes con efecto perjudicial en el vecino.
Los árbitros por unanimidad establecen que Argentina "debió haber adoptado (medidas) para prevenir, ordenar o, en su caso corregir los cortes de las rutas que unen" a los dos estados, para "garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios de sus respectivos países".
Y entre dos hermanos que viven sus rencillas con espíritu futbolístico, los diarios argentinos salieron a titular este jueves un "empate" en la sede del Mercosur en Montevideo, tras lo que los uruguayos habían llamado "goleada" registrada en Holanda, cuando Argentina pidió el paro preventivo de obras, aunque Uruguay carga aún con el riesgo de parar si se comprueba polución.
De aquí en adelante, el Gobierno en Buenos Aires debe preparar su demanda de fondo ante La Haya con plazo hasta enero de 2007, mientras que sus vecinos más pequeños contarán con seis meses más para contestar si cumplieron su obligación de consulta que imponía el Tratado del Río Uruguay antes de empezar alguna de las dos fábricas de celulosa que se construyen en el río común.
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