Pese a las discrepancias entre Chile y Bolivia, los Gobiernos de los países del sur de Sudamérica debatieron lunes y martes sobre posibilidades para compartir sus recursos energéticos y evitar la contaminación de los hidráulicos.
El presidente rotativo del MERCOSUR, el mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, fue terminante este martes ante especialistas del continente, al opinar que, sin Bolivia, no habrá integración energética y que este país debe participar como miembro del anillo energético.
Pese a la negativa de movimientos políticos y sociales bolivianos a suministrar gas a Chile si su país no recibe a cambio una salida territorial soberana al Océano Pacífico, Vázquez recalcó que "no hay integración energética regional sin Bolivia", a la vez que "Bolivia necesita de nosotros".
Con la presencia del saliente presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, quien prometió el financiamiento de los estudios de factibilidad del gasoducto, se fijó una reunión técnica urgente para el 13 de septiembre, a celebrarse en Asunción, y una de ministros, el 5 de
octubre en Montevideo.
Chile propuso traer el gas que Argentina no dispone y Bolivia se niega a suministrar, mediante un gasoducto de 1.200 kilómetros, desde el pozo peruano de Camisea, con reservas de 14 mil millones de metros cúbicos, que podrían duplicarse a 30 mil millones para el 2008.
En la sede del MERCOSUR se firmó un documento sobre complementación energética regional, para que Perú, país comprometido en buena parte con EEUU y México, también envíe gas desde su sureña Tacna hasta la chilena Tocopilla, por un ducto que costaría 2.500 millones de dólares en 2 años.
150 delegados de petroleras y gasíferas, técnicos del BID y de los siete países debatirán, hasta este miércoles 24 en Montevideo, la incapacidad argentina para cumplir sus contratos de suministro a Uruguay y Chile, y sobre el reconocimiento de las decisiones de Bolivia "como nación soberana", según lo expresa Vázquez.
Sin embargo, las discusiones en ambos márgenes del Río de la Plata cumplen lo que hace seis meses adelantaba Radio Nederland, al predecir que la coincidencia de Gobiernos populares o de izquierda en el Cono Sur no garantizaría la ausencia de conflictos económicos y limítrofes.
En una gira pre-electoral por la provincia costera de Entre Ríos, se entregaron al presidente argentino, Néstor Kirchner, 35.000 firmas de habitantes de la zona para exigir la detención de las obras de dos plantas de celulosa en la frontera de Uruguay, sobre el río del mismo nombre, por empresas de España y Finlandia. El Gobierno uruguayo se niega a atender la demanda, aludió a informes que descartan perjuicios ecológicos y se comprometió a utilizar tecnología europea moderna para estas instalaciones. Además, constituyó una comisión técnica binacional que hará el seguimiento de los efectos en el curso fluvial y el ecosistema.
Por su parte, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, quien también es candidato en las próximas elecciones legislativas, comunicó este martes que su Gobierno declaró "asunto nacional" la construcción de las papeleras uruguayas. Así mismo, opinó que el país vecino debería detener la construcción hasta tener informes ambientales.
Según el titular de Exteriores "la cuestión de la construcción de las plantas y sus consecuencias negativas es un asunto nacional y, por tanto, concierne a toda la República Argentina". Bielsa insistió ante el Gobierno uruguayo para que "discontinúe la construcción de las plantas".
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