El reciente cambio de Gobierno en Honduras pareciera favorecer el ambiente para buscar una solución al grave problema social de las pandillas juveniles o Maras. Miembros de la Mara Salvatrucha y de la Mara 18, detenidos en la penitenciaría nacional, han anunciado su deseo de diálogo con el recién instalado gobierno de Manuel Zelaya.
El comisionado de la Comisión Nacional de Derechos humanos de Honduras, Ramón Custodio López, ha expresado su optimismo sobre este anuncio y se ha manifestado dispuesto a participar en las conversaciones.
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En el gobierno de Ricardo Maduro se aprobó la llamada Ley Antimaras, una reforma del Código Penal que impone castigos más severos para los jóvenes que cometan crímenes. Bajo esta ley fueron encarcelados por lo menos unos 2.000 jóvenes.
Antes de entregar el poder, Maduro aseguró que en su gobierno se logró reducir en un 60% los delitos. Para Custodio López esto no significa que la violencia haya disminuido. Por el contrario, la violencia se ha trasladado también a las cárceles.
Custodio López se mostró también sumamente positivo sobre el papel que puede desempeñar el actual ministro de Seguridad Álvaro Romero. Junto con el presidente Zelaya, Romero constituye una pieza clave para la pronta puesta en marcha del diálogo.
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