La Fiscalía de Guatemala lo acusó de delitos de peculado, abuso de autoridad y sustracción de unos 15,8 millones de dólares de las arcas del Ejército en 2001. El martes pasado, día de su llegada al país, un juzgado decidió otorgarle a Alfonso Portillo libertad bajo fianza. "Creo que no cometí el delito del que se me acusa" dijo, con una sonrisa, el ex presidente.
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Desde que asumió la presidencia el 14 de enero de 2000, Alfonso Portillo polarizó al país. Sin embargo, una gran parte de los guatemaltecos aún alberga la esperanza de que se le siga un proceso que culmine en una condena por los crímenes y los delitos cometidos. Después de la decisión del juez de ponerle en libertad bajo fianza, la observación general es que se le está tratando de una manera demasiado condescendiente. Durante el gobierno de Portillo, que se extendió del 2000 al 2004, la corrupción llegó a niveles extraordinarios pocas veces visto en Guatemala. Él mismo lo reconoció.
En abril del 2004 un artículo publicado en Prensa Libre, uno de los principales periódicos de Guatemala, estimaba que políticos y funcionarios malversaron fondos por 500 millones de dólares durante su gestión. La Cámara de Industria guatemalteca, calculaba en ese momento una malversación que superaba los mil millones de dólares. El periódico mencionado nombra a varios integrantes de su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que en su paso por el gobierno, cambiaron su suerte económica de un modo sorprendente.
Organizaciones que se dedican a denunciar el fenómeno en el país, aseguraron más tarde que "no hay un funcionario de la época que tenga las manos limpias." Ante hechos tan evidentes, la justicia se vio obligada a actuar y detuvo a varios funcionarios del gobierno de Portillo, pero sólo algunos de ellos están aún en la cárcel. "Es una persecución política" se quejó repetidamente el ex mandatario.
El delito de peculado que se le atribuye tiene el beneficio de poder ser sustituido por medio de una fianza, pero "debió ser mayor, y por ello se presentará un recurso de apelación" dice Claudia Bracamonte, jefa del Área Penal de la Procuraduría General de la Nación. A criterio de la PGN, la fianza que debió fijar el juez Julio Xetumul tendría que ser igual al monto defraudado al Estado, es decir, 120 millones de quetzales, unos 15,8 millones de dólares. Dicho juez fijó la suma en 132.000 dólares.
"Es indignante que solamente le pongan una fianza de la cual el paga sólo un 10 por ciento y que efectivamente no haya ninguna medida de coerción para garantizar que él se presente a la justicia." protesta Ruth del Valle, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala. Según una parte de la ciudadanía, después de la fuga del ex presidente, poco se hizo en Guatemala para recuperar el dinero que se llevó.
Trampa para la justicia
La fiscalía tiene ahora tres meses para presentar las pruebas y convencer a un juez para abrir juicio contra el ex mandatario. Ese reglamento puede convertirse en una trampa para la justicia y en la mejor oportunidad para el acusado de quedar impune. En el pasado reciente, casi todas las querellas contra funcionarios públicos quedaron sin efecto por la imposibilidad de recabar pruebas.
Esto se debe a que las instancias correspondientes no están obligadas a colaborar o a dar información sobre los casos que se quieren investigar. La aprobación por el Congreso de Guatemala de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública el pasado 23 de septiembre podría haber brindado esta magnífica oportunidad a la justicia, sin embargo los congresistas acordaron el plazo de 180 días para que la ley entre en vigencia. Y para entonces ya habrá fenecido el plazo que tiene la fiscalía para presentar las pruebas contra el ex prófugo Portillo.
A esto se suma que Guatemala es el único país de América Latina en cuya ley penal no está tipificado el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios, que consiste en "el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él". Otra carta de la que puede hacer uso el ex mandatario.
Pero en el supuesto caso de se llegue a realizar un juicio contra él, cuán independiente es en este momento la justicia en Guatemala? Las organizaciones de derechos humanos apuestan desde hace años a la "purificación'' del aparato judicial y a convertirlo en un ente que no sólo tenga independencia sino también eficacia y eficiencia. Poco han conseguido.
"La justicia en Guatemala llega bastante tarde a las víctimas de cualquier delito. Aún no se logrado subsanar los efectos de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos durante el conflicto armado interno y ni siquiera se ha podido enfrentar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo posterior a la firma de la paz y en la actualidad", dice Ruth del Valle en entrevista con Radio Nederland. ''Por lo tanto es difícil hablar de independencia judicial.''
Show político
La influencia de Portillo sobre algunos sectores políticos y de la sociedad quedó en evidencia con las movilizaciones que hubo el día de su llegada a Guatemala después de haber sido extraditado de México. Hubo grupos de personas que se movilizaron a demostrarle su apoyo portando pancartas, y eso no se hace en forma improvisada. La mayor preocupación en algunos sectores es pues que la presencia del ex presidente vaya a polarizar nuevamente a la sociedad, que durante la última campaña electoral ya sufrió una fuerte división.
En ese sentido, un eventual juicio puede llegar a convertirse en un show político en el cual el ex presidente y su partido, el FRG, pueden sacar buena ganancia partidista.
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