El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, decreta por segunda vez, en los cinco meses que lleva en el poder, el estado de excepción. Ahora lo ha hecho para un poblado que se opone a la instalación de una cementera.
Al menos 15 personas han sido detenidas durante las primeras horas del estado de excepción decretado por el presidente Colom en el municipio de población indígena San Juan Sacatepéquez.
El Ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, el presidente Álvaro Colom y el Ministro de la Defensa, Marco Tulio García, luego del mensaje del mandatario en donde anunció el Estado de Prevención para San Juan Sacatepéquez. Foto: Gobierno de Guatemala.
Según la Policía Nacional Civil de Guatemala, al parecer los detenidos incitaron a la comunidad de Las Trojes a tomar como rehenes, el pasado sábado, a cuatro empleados de una planta de cemento que está en construcción.
Uno de los rehenes, identificado como Francisco Tepeu, murió en circunstancias aún no esclarecidas y los otros tres fueron liberados por sus captores.
El presidente Colom decidió decretar el "estado de prevención" equivalente al estado de excepción, por espacio de 15 días, tras la muerte de Tepeu, y con el fin de devolver la tranquilidad a la población.
Desde 2007 unas 10 comunidades indígenas de esa región se oponen a la construcción de la planta y ya se han enfrentado en más de una oportunidad a las fuerzas de seguridad, por considerar que contaminará los afluentes y se quedarán sin agua.
Blanco dijo que la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Procuraduría de Derechos Humanos están acompañando los operativos que realizan las fuerzas de seguridad en el municipio de San Juan Sacatepéquez para verificar que no se produzcan abusos de autoridad.
Esta es la segunda vez que Colom recurre a esta medida, después de que el pasado 7 de mayo decretara el estado de excepción para poner fin a una huelga de tres días de chóferes del transporte pesado, cuyas pérdidas superaron los 1.000 millones de dólares.
La nueva medida ha dividido a sectores sociales, debido a que algunos la consideran represiva y que limita las garantías constitucionales, mientras que otros la apoyan al considerar que el conflicto tiene más de un año sin ser resuelto.
"Este es un conflicto social que ha sido mal manejado y no es con el estado de excepción, que vulnera las garantías constitucionales, como se debe resolver. Antes hay que agotar otras vías, como el diálogo", dijo la analista de la Fundación Mirna Mack, Carmen Aída Ibarra.
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