Entre 25 y 50 años de cárcel serán las condenas que recibirán quienes cometan feminicidios en Guatemala. La recién aprobada ley es la primera que reconoce con ese término acciones violentas que conducen a la muerte de mujeres. La normativa ha sido recibida con optimismo por los diversos sectores políticos y sociales guatemaltecos.
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La activista por los derechos de las mujeres considera que la ley será una herramienta importante para el movimiento de mujeres en su lucha contra la violencia, pero sobretodo será útil para los operadores de justicia que, hasta el momento, no logran reducir, en general, las cifras de impunidad de los delitos y, en particular, las de los asesinatos de mujeres. Según diversas fuentes, el promedio de muerte violenta de mujeres al año en Guatemala oscila entre 500 y 600, de los cuales, más del 90 por ciento quedaría impune.
Victoria a medias
A pesar del júbilo y los aplausos tras la aprobación de esta norma, algunos sectores consideran que este avance legal no significa el remedio para una real erradicación de la violencia contra las mujeres. "Si bien ésta es una victoria para todos en el sentido de que se reconoce por la vía legislativa que existe un fenómeno criminal que afecta específicamente a las mujeres, también hay que admitir que se descuidaron varios aspectos", sostiene Carmen Aída Ibarra de la Fundación Myrna Mack.
Para la defensora de los derechos humanos la aprobación de esta ley en el Congreso podría ser vista como "un acto populista", pues tiene lugar en el medio de una crisis de seguridad que vive el país. A pesar del prometedor nuevo Gobierno de Álvaro Colom, Guatemala lidia aún con la falta de institucionalidad y con la presencia del crimen organizado en diversos sectores. La toma de decisiones en este contexto no puede darse de forma apresurada.
"Hizo falta discutir el problema de fondo, no quedarse en activismos ni populismos. No se ha discutido a fondo cuáles son los problemas de la investigación criminal y de la persecución penal, ni cuáles son las tremendas falencias del organismo judicial".
Para Ibarra, en la medida en que no se traten las falencias de las instituciones encargadas de llevar la ley a la práctica, la cadena de errores continuará, y los asesinatos, no sólo de las mujeres sino también de hombres guatemaltecos, permanecerán impunes.
Ibarra rescata, sin embargo, "el comportamiento genuino de algunas diputadas, y por supuesto, la lucha genuina de las organizaciones de mujeres". Con o sin populismos, lo cierto es que, por primera vez en muchos años, en Guatemala las legisladoras de diversas tendencias dejan de lado sus ideologías y deciden en consenso reconocer esta grave problemática.
Etiqueta: feminicidio, Guatemala, mujer